Redacción Canal Abierto | Pocas semanas atrás, un informe del Banco Central confirmó lo que fue hasta entonces un secreto a voces: durante los cuatro años de gestión macrista, la fuga de capitales se triplicó y se concentró. En números, esto esquivale a decir que a lo largo de ese período salieron del país US$ 86.200 millones de dólares, y que esa salida fue realizada mayoritariamente por apenas cien agentes.

Desglosado, hablamos de que este reducido grupo realizó compras netas de activos externos por US$ 24.679 millones, y que sólo los 10 principales fugaron US$ 7.945 millones. Y que entre el 1% de las empresas (852) y el 1% de las personas (66.639) que compraron divisas concentran el 67% de la fuga de los últimos cuatro años.

Pese a lo colosal del hallazgo, la entidad oficial no hizo públicos los nombres de los fugadores. Sin embargo, la semana pasada estos trascendieron en algunos medios de prensa y la lista incluye a las principales fortunas de la Argentina, apellidos patricios, y amigos directos del ex presidente Mauricio Macri.

“Se endeudaron US$ 100.000 millones y se fugaron US$ 86.200 millones, se endeudaron para fugar –resume Horacio Rovelli, economista especializado en temas fiscales y monetarios en diálogo con Canal Abierto–. Suponemos que hay más de un PBI afuera, más de 400 mil millones de dólares”.

La circulación de los nombres generó indignación por parte de muchos, y la remake del remanido discurso neoliberal por parte de otros. Este último se resume en la máxima que asegura que “cada uno con su dinero hace lo que quiere” y que, en definitiva, sacarlo al exterior es legal. ¿Es tan así?

 

¿Es delito fugar?

El tamaño de la fuga fue tan grande que este martes la Comisión Bicameral del Congreso Nacional de Seguimiento y Control de la Deuda Externa fue convocada para analizar la relación del endeudamiento histórico durante la gestión de Mauricio Macri con la fuga de capitales. Por votación, sus integrantes decidieron darle curso a la investigación, pese a que los ocho legisladores de Juntos por el Cambio que la integran se opusieron, y solicitar al Banco Central las listas detalladas de las personas jurídicas y físicas que compraron divisas en el período 2015-2019.

“Hay dos carriles, el judicial y el social, económico y político. En el carril judicial lo que queremos investigar es qué nivel de connivencia existió entre los funcionarios y los fugadores. Durante el último gobierno se modificaron normativas, se eliminaron todas las regulaciones que existían sobre la compra y venta de divisas y la movilidad de capitales, y eso habilitó una seria de operaciones que pasaron a ser legales. Quienes hicieron las operaciones de fuga de capitales, en su mayor medida las hicieron respetando las normas, pero justamente esas normas fueron modificadas por el gobierno de entonces. En todo caso, la responsabilidad delictiva existe si existió una connivencia entre las dos partes: el funcionario que eliminó la regulación y el fugador que aprovechó esa eliminación para fugar”, explica Itai Hagman, diputado del Frente de Todos e integrante de la Comisión, consultado por este medio.

En efecto, desde que en los años 70 la última dictadura modificó la Ley de Entidades Financieras, entre otras, le dio el marco legal que la fuga de capitales necesitaba. “Y que ningún gobierno cambió, ni siquiera el de Néstor Kirchner, porque era un gobierno de una extrema debilidad”, sostiene Rovelli.

Aunque la Ley permaneció vigente y sin modificaciones, el cepo cambiario y otras normativas impuestas en la década kirchnerista limitaron la fuga. Pero el macrismo fue levantando, de a poco, una por una. 

“Fugar es legal porque Macri creó el marco legal para que lo sea. Podían comprar los dólares que querían porque los dólares eran de ellos. Esa es una concepción que viene de la dictadura militar”, explica, por su parte, Claudio Lozano, director del Banco Nación.

 

Los impuestos que no se pagaron

La explicación para el levantamiento de las trabas a la libre circulación de capitales, que posibilitó la fuga, tiene sus raíces en una concepción de la economía que el macrismo blandió como un estandarte.

“Tener abierta la puerta de entrada y de salida de capitales se debe a la idea peregrina de que así van a entrar dólares para invertir acá. Es una mentira –afirma Rovelli–. Por otro lado, esos capitales sólo pagan el Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, y ahora el Impuesto País, que creó este gobierno. Es fundamental que la Comisión Bicameral se aboque a ver con AFIP cuánto pagó cada uno de impuestos. Seguramente vamos a ver que no se pagó lo que corresponde a US$ 86.200 millones”. 

La cuestión de los impuestos no es menor. Lozano coincide en que hay que evaluar si el capital fugado fue declarado en su totalidad, pero también la necesidad de imponer un tributo a estos capitales “ya que su comportamiento de fuga asociado a la acumulación financiera previa actuó como contrapartida del ciclo de sobreendeudamiento que hoy obtura el desarrollo futuro de la Argentina”. “Si complementamos el Impuesto a las grandes fortunas con la lista de quienes fugaron divisas en la etapa Macri podríamos recaudar $ 136.782 millones más”, afirma.

 

Fuga y endeudamiento

Desde la Comisión, sostienen que la intención es avanzar en la investigación sobre los grandes fugadores, no sobre los pequeños ahorristas que compraron dólares. “El límite que se puso son aquellos actores que han comprado más de US$ 300 mil al año, estamos hablando de alrededor del 1% de los grandes fugadores. Oficialmente no tenemos ninguna lista y queremos la información oficial para poder trabajar con eso”, detalla Hagman.

La lista de beneficiarios, como se prevé, no será extensa. Y, para Rovelli, no debería dejar afuera a quienes se encuentran en el corazón de la operación. “El pirata de ahora no tiene un parche en el ojo, una pata de palo y un garfio en la mano derecha: son los bancos. Hay diez bancos que son los principales culpables de la fuga: Bilbao Vizcaya Argentaria, Santander Río, Galicia, Macro, HSBC, ICBC, Citibank, Patagonia, Supervielle y BNP Paribas”, sostiene el economista.

Por su parte, la otra tarea de los diputados será indagar en la relación de esta salida de capitales con el endeudamiento que operó en el país en el mismo período y sin el cual no hubiera sido posible financiarse la fuga. “En el caso de los empréstitos, el que más llama la atención es el contraído con el FMI porque se llevó adelante cuando la fuga ya estaba en marcha y en su momento más intenso. Cuando el gobierno de Mauricio Macri hace el acuerdo con el FMI, inmediatamente el Banco Central deja de vender dólares. La corrida siguió y el peso se devaluó de la manera que ya sabemos”, analiza Hagman.

Y finaliza: “Cuando hablamos de fuga de capitales no estamos hablando de algo que inventó el macrismo, existe en la Argentina desde hace 40 años, lo que sí estamos planteando es que en los últimos cuatro años hubo una correlación entre el endeudamiento y la fuga, y que hubo políticas para alentar la fuga de capitales. Este problema no es del pasado sino del presente: si la Argentina hoy tuviera esos US$ 86.200 millones y pudiera disponer de ellos para enfrentar los pagos de deuda y para volcarlos en la economía interna, la situación del país sería otra”.

 

Ilustración: Marcelo Spotti

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