Redacción Canal Abierto | A más de un mes del amparo judicial que lo obliga a garantizar la provisión de agua potable a los barrios populares, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace caso omiso a dicha resolución.

La medida fue presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA-A Capital, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y el Frente Territorial Salvador Herrera. El fallo en cuestión, que reconocía la carencia de este derecho, indicaba que el gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta debía presentar un plan de contingencia ante posibles emergencias sanitarias previamente acordado con la comunidad dentro de los 5 días hábiles. Ya pasaron 45. 

Además de no haber cumplido con lo dispuesto por el poder judicial, el gobierno de la Ciudad amplió esta semana el contrato de concesión con la empresa Ashira S.A., proveedora de camiones cisternas. Desde el expediente judicial, los demandantes habían planteado que cualquier modificación a ese contrato se hiciera de manera consensuada y colectiva.

De manera unilateral, el gobierno porteño decidió ampliar ese contrato en un monto de $16.000.000. Desde las organizaciones demandantes plantean que “es un despropósito para un servicio que no satisface las necesidades a las que debería responder”.

En diálogo con Canal Abierto, la integrante del IPyPP y de la Cátedra de ingeniería Comunitaria, María Eva Koustovitis, dijo: “la sentencia está incumplida desde hace más de una mes. Estamos justo acreditando el cumplimiento de la sentencia. Venimos todas las semanas documentando el incumplimiento y entregándole al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un informe detallado de barrios y sectores que se encuentran sin agua. Ahora la idea es judicialmente hacer una presentación de incumplimiento de la cautelar. Estamos con una sentencia incumplida por parte del gobierno por más de 30 días y más teniendo en cuenta el contexto”.

A pesar de que haya una apelación en curso, el gobierno debería cumplir con lo dispuesto por el juez hasta que la Cámara se expida de manera contraria. Sin embargo nada de esto ocurre.

Hay dos órdenes judiciales de dos causas distintas de garantizar agua potable en los barrios populares. La primera que presentamos tenía que ver con un resultado más estructural, garantizar la estructura sanitaria formalizada en los barrios populares. Esa cautelar dictada por el juez Oteghy se encuentra apelada, la tienen que resolver los jueces de cámara. En esa causa el gobierno ni siquiera acompañó con algún documento que acredite la elaboración de un plan de contingencia. Tampoco nos hemos enterado que haya convocado a las comunidades de los barrios populares para discutir ese plan de emergencia y contingencia tal como lo había establecido la Justicia”, explicó a este portal Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

“En la otra causa judicial de agua potable el gobierno también apeló esa decisión. El estado en trámite de esa causa judicial está todavía en situación de traslado, es decir que la apelación no subió a la Cámara y ahí los jueces verán si revocan o sostienen esas medidas cautelares, que son normas muy básicas, repiten lo que dicen la Constitución y la ley de la Ciudad, que es garantizar agua potable a todos sus habitantes”, agregó.

En tanto se soluciona la cuestión de fondo, y las apelaciones presentadas por el gobierno porteño recorren los laberintos judiciales. ¿Qué está ocurriendo en los barrios populares? ¿Cómo se abastecen de agua sus habitantes?

En algunos casos entregan agua envasada pero la verdad es que las entregas que se están haciendo son puntuales, súper insuficientes. El gobierno sigue con el dispositivo de camiones cisterna que es el mecanismo pre pandemia. El gobierno de la Ciudad tiene concesionado mediante camiones cisterna la asistencia de agua potable en los barrios populares. Lo que sucede es que ese dispositivo es en principio insuficiente y completamente ineficiente porque las demoras pueden ser de días. Nosotros hacemos seguimiento de este dispositivo y desde que comenzamos un reclamo para un determinado hogar  hasta que recibe la asistencia pueden pasar más de cuatro días. Y en este contexto estar cuatro días sin agua es estar condenado a contagiarse COVID”, planteó Koutsovitis.

Y añadió: “Por lo tanto lo que estamos planteando en la acción judicial es que el mecanismo de cisternas debe complementarse con un conjunto de otros dispositivos, entre ellos la entrega de agua envasada, porque el agua de los camiones no es agua potable segura. La realidad es que, hasta ahora, ellos continúan con este medio precario que no está dando respuesta. Les presentamos una propuesta técnica completamente detallada de como repensar el dispositivo, colocando grandes tanques en las periferias de los barrios utilizando mega cisternas para abastecer estos tanques y cisternas pequeñas para hacer la distribución interna; hemos planteado la necesidad de un tanque en cada hogar, porque vos podés tener un cisterna pero si en los hogares no hay donde almacenar el agua de manera segura el cisterna no sirve de nada”.

Uno de los planteos hechos por la defensa del gobierno de la Ciudad es que no hay insuficiencia de agua amparándose en el hecho de que muchas veces los camiones cisternas que envían para suministrar a la comunidad del preciado recurso, se retiran casi llenos.

En este sentido, Koutsovitis replicó: “Eso es verdad, pero eso ocurre porque ellos van con mega cisternas que estacionan en algún punto de la periferia de los barrios y se retiran porque no pueden circular en las vías públicas de los barrios populares y las familias no pueden recorrer decenas de cuadras con baldes para poder abastecerse. Menos en contexto de aislamiento social obligatorio. Esto más allá que cuando el cisterna llega a un barrio, la comunidad desconocen qué momento y lugar lo hace. Por eso decimos que es un dispositivo completamente fracasado”.

Lo que estamos planteando es modificar ese dispositivo, jerarquizarlo al más alto nivel. El acceso al agua, y más en este contexto, debe tener centralidad y además debe estar jerarquizado a nivel de Jefatura de Gabinete”, remarcó la ingeniera.

La realidad es que hasta ahora nada de esto sucede y el gobierno porteño sigue con estos sin dar cumplimiento a la sentencia de proveer 150 litros de agua diarios por habitante. Para que eso pueda materializarse en cada hogar debe haber un tanque.

“Si no, imaginemos la cantidad de viajes que debería hacer cada integrante de la familia con baldes, para poder garantizar el uso diario que permite lavarte las manos 10 veces, higienizarte durante 10 minutos y manipular alimentos. La verdad es que en ese sentido el fallo es claro y preciso en relación a lo que se entiende por proveer agua potable. Lo interesante es que plantea el acceso al agua potable en igualdad de condiciones. Porque el gobierno porteño entiende que acceder al agua es que un día llega un cisterna y te llena de agua un balde. La Justicia entiende que el derecho al agua es un derecho que debe darse en igualdad de condiciones y para garantizar la totalidad de su uso”, concluyó Koutsovitis.

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