Redacción Canal Abierto | La farmacéutica Pfizer es el laboratorio líder a nivel mundial. La empresa estadounidense es la responsable del desarrollo e introducción en el mercado del Viagra, nombre comercial de la droga Sildenafil, el conocido fármaco contra la disfunción eréctil. Gracias a esto obtuvo desde el ‘98 ganancias miles de veces millonarias cada año, pero en 2013 perdió la licencia del medicamento que a partir del 2020 se fabrica como genérico.

En nuestro país, en 2012, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 27 de Buenos Aires la condenó por sobornos y la acusó de financiar “un oscuro sistema de coimas a los médicos en el marco de la cadena de comercialización de los medicamentos”. Algunos datos para el comienzo de una historia sobre una industria poco humanitaria.

En estos días, en el marco de la pandemia, la farmacéutica junto al laboratorio BioNTech anunciaron que el país llevará adelante una de las fases de prueba con personas de una vacuna contra el COVID-19. El gerente general de la compañía a nivel local, Nicolás Vaquer, se reunió el 10 de julio pasado con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos para informarle el hecho. También los acompañó Fernando Polack, médico pediatra, infectólogo y quien está al frente de la Fundación Infant que dirigirá el protocolo de pruebas en el país. La noticia fue muy bien recibida pero es necesario saber si el entusiasmo es merecido y cuál es la letra chica en este convenio.

 

Un “oscuro sistema de coimas”

En 2006, la filial local de Pfizer inició un juicio a dos de sus directivos, Jorge Capalbo y Oscar Víctor Patrone, acusándolos de conducta “fraudulenta” por desviar 24.423 pesos mediante la presentación de facturas apócrifas, destinados al pago de sobornos a médicos.

Pero el juicio se le volvió en su contra ya que se determinó y responsabilizó a la empresa de forzar a sus empleados a pagar coimas y distribuir costosos regalos entre los médicos para que receten sus productos.

Durante el proceso, con sentencia de febrero de 2012, fueron citados a declarar siete médicos y pese a que varios declararon no recordar los hechos, finalmente, frente a la evidencia debieron admitir que habían recibido de Pfizer –a través de Capalbo y Patrone– regalos, pago de honorarios por congresos inexistentes o pasajes de avión que en muchos casos jamás utilizaron y que convirtieron en dinero.

En el trámite judicial, a cargo del juez de Instrucción Alberto Baños, quedó establecido que:

  • Lo realizado por estos directivos “no constituyó un hecho independiente” protagonizado por los acusados, sino que por el contrario “todo forma parte de una única unidad de conducta delictiva que encuadra prima facie en el tipo penal”.
  • Que los empleados “colaboraron y/o participaron de algún modo en la confección de los balances falsos de la empresa, que no reflejan obviamente la situación económica real del laboratorio”,  falsedad que amerita que “se investigue una hipótesis delictual” en la que quedaron salpicados los médicos que recibieron las coimas, las autoridades del laboratorio y una empresa de viajes que funcionaba como tapadera del delito.
  • En la sentencia de más de sesenta páginas, la secretaria del juzgado María Noé Rodríguez describe: que durante la investigación “he tomado conocimiento con absoluto asombro de todo un oscuro sistema de coimas y sobornos”.
  • En otro apartado detalla: “Ejemplifiquemos: el laboratorio identifica a los denominados ‘médicos-negocios’ es decir aquellos con mayor potencial prescriptivo y envía a un agente de propaganda médica a captar su voluntad mediante el ofrecimiento de diversos beneficios económicos como puede ser la entrega de un determinado electrodoméstico o un cheque o dinero en efectivo, de tal manera de asegurarse que aquél recete sus productos”.

Lo que no dicen los funcionarios judiciales, ni les cabe en este caso, es que este es un modus operandi de la industria porno-farmacéutica.

Mientras tanto, en Estados Unidos, en agosto de ese año, la farmacéutica acordó con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia pagar más de 60 millones de dólares para evitar que se emprendan procesos criminales en su contra por sobornar a médicos e instituciones sanitarias en varios países. Una ganga si se considera que por las ventas de uno sólo de sus productos, el Viagra, obtuvo ese año 2.051 millones de dólares.

 

Primeros los niños: cobayos de Nigeria

En 2007, el gobierno del estado de Kano, Nigeria, inició una denuncia contra Pfizer, acusándola de utilizar a 200 niños como cobayas humanas para probar drogas que hasta el momento sólo se habían utilizado en cerdos. Como resultado del experimento denunció que murieron 18 niños.

Los hechos se remontan a 1996, cuando en el marco de una epidemia de meningitis, cólera y sarampión Pfizer intervino sumándose a un programa de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y seleccionó a 200 niños para un tratamiento experimental basado en dos fármacos, Trovan, que se suministró a 99 menores, y Ceftriaxone, a otros 101. Según la acusación del Estado, los medicamentos causaron la muerte de 18 pacientes y generaron secuelas irreversibles –malformaciones, ceguera, parálisis o daños cerebrales– a otros 182.

En su defensa, el laboratorio alegó que el gobierno nigeriano estaba plenamente informado del tratamiento y que éste se realizó respetando lo que establecía la legislación del país. “La información científica disponible en el momento de los hechos indicaba que el fármaco ofrecía un elevado potencial como tratamiento salvavidas”, sostuvo en su descargo.

 

La vacuna del COVID-19

Gilead, otro gigante farmacéutico, produce el remdesivir, el primer medicamento autorizado para tratar a personas con COVID-19. Según la Fundación GEP la empresa le puso un precio casi 400 veces superior al de su costo de producción (de un dólar) y ya le vendió a Estados Unidos todo su stock de los próximos tres meses, mientras negocia una reserva de dosis con la Unión Europea. A su vez, autorizó a cinco empresas asiáticas a producir versiones genéricas, que tendrán un precio muy inferior, pero les impide comercializarlas en América del Sur.

Frente a esto, desde la Fundación GEP señalan que hay recursos legales en el país para garantizar el acceso. “Lo más importante es que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) rechace las solicitudes de patentes que Gilead pretende obtener sobre esta droga en Argentina, que no cumplen con los requisitos legales para obtener ese título de propiedad”, explica Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la institución, quien señala que ya han presentado dos oposiciones a patentes solicitadas sobre el remdesivir.

La selección de Argentina por parte de Pfizer no es casual. Aquí hay equipos técnicos capacitados y fiables para llevar adelante el ensayo, y hay instituciones públicas y privadas con capacidad instalada y personal idóneo.

En ninguna declaración, por el momento, la empresa se compromete a que de tener éxito con el desarrollo se priorizará a la Argentina para el suministro de la vacuna.

El propio Polack, entrevistado por Página|12, señala: “Tradicionalmente, los países que tienen el privilegio de participar en testeos de esta naturaleza abren la puerta a recibir remesas de vacunas con prioridad y ese es el deseo de todos los que participamos en ensayos”. O sea, por el momento sólo se trata de confiar en las “buenas intenciones” de un laboratorio que habría utilizado niños como cobayos. De todas formas, el Ministerio de Salud de la Nación está en tratativas con las firmas, pero estos son los bueyes con los que ara Ginés.

El estudio comenzará en Argentina a principios de agosto y está sujeto a la aprobación regulatoria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En total, en el mundo se están desarrollando 149 vacunas para tratar el SARS-CoV-2. Según Pfizer y su socio alemán BioNTech, de ser exitosos los ensayos, para fines de 2020 podrían llegar a fabricar 100 millones de dosis y 1200 en 2021.

De estos desarrollos sólo 23 potenciales vacunas se encuentran en etapa clínica, según informa la OMS, entre ellas la consignada en esta nota.

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