Redacción Canal Abierto | En una jornada no exenta de conflictos, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una modificación de la normativa que regula el trabajo de los repartidores a través de aplicaciones. La movilización que buscaba oponerse a la reforma culminó cuando un sector de la Asociación Sindical de Motociclistas mensajeros y servicios irrumpió a los golpes.

El proyecto de ley fue presentado desde el oficialismo porteño, Juntos por el Cambio -fuerza que cuenta con los votos propios necesarios para sacar las leyes-, por lo que la oposición no pudo hacer nada para impedirlo. En la puerta se encontraban trabajadores agremiados en Asimm y nucleados en la Asociación de Trabajadores del Reparto (ATR), en su mayoría prestando servicios para aplicaciones como Glovo, Pedidos Ya y Rappi.

Sus objeciones a la nueva normativa pasan por varios puntos. El primero es que establece un registro habilitante para el que se exigen una serie de requisitos que no todos los trabajadores están hoy en condiciones de cumplir, lo que les imposibilitaría seguir trabajando.

También se objeta la introducción de la obligatoriedad de tener domicilio en la ciudad para poder trabajar en ese distrito.

«Todos los compañeros que nos tomamos el tren con la bici para ir a laburar a Buenos Aires no lo vamos a poder hacer. Ahí hay muchísimos compañeros que nos vamos a quedar sin esas fuentes de sustento que implica trabajar en Capital, donde hay más movimiento, explicó a Canal Abierto Lucas, trabajador de Rappi.

Además, la letra de la ley plantea una figura especial, tal como la tienen los choferes de transporte público. Esto hace que las multas por faltas de tránsito sean más altas y severas que para cualquier otra persona.

Por último, lo que podría entenderse como un error de redacción, es central a la hora de definir el funcionamiento a futuro: la ley marca que las empresas deberán facilitar a los trabajadores la ropa de trabajo y los cascos establecidos según el vehículo utilizado. «Eso en principio está bien, pero el problema es que no le coloca esa obligación a la patronal, sino que es cada trabajador el que tiene que obtener su indumentaria y las empresas las tienen que facilitar. Eso ya pasa hoy en día, pero el término facilitamiento implica que nosotros nos la tenemos que pagar«, planteó Lucas.

La movilización terminó de manera violenta cuando afiliados a la Assim agerdieron a los de ATR. Golpes y una estampida le pusieron el sello a la que los trabajadores de aplicaciones recordarán como una jornada nefasta.

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