Redacción Canal Abierto | Con la secuencia amplificada por los medios de un jubilado que disparó sobre uno de los hombres que pretendieron entrar a robar a su casa en Quilmes y lo mató, la inseguridad volvió a las tapas de los diarios, a las pantallas y a las principales preocupaciones de los argentinos.
El análisis abordó muchas aristas: si Jorge Adolfo Ríos, de 71 años, es un “jubilado justiciero” que se defendió; si, en cambio, actuó con saña y remató al joven ladrón en el suelo cuando ya estaba indefenso; si el reflote de la inseguridad como principal problema social responde a intereses políticos; y cuál es el posicionamiento real sobre el tema de un gobierno que tiene en Sabina Frederic y Sergio Berni dos funcionarios con discursos antagónicos.
Entretanto, la discusión sobre el monopolio de la fuerza en manos del Estado y lo que ocurre cuando la población civil se arma pasó inadvertida a la conversación social.
Según los últimos datos disponibles de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) –que vino a reemplazar al viejo RENAR (Registro Nacional de Armas)-, hay 1.618.877 armas registradas en el país. Ellas están en manos de 1.016.843 personas, es decir que la mitad de quienes están armados tienen más de un arma de fuego. Además se estima que hay otras 1.600.000 armas ilegales. Es decir que hay más de 3 millones de armas en manos de civiles.
El mito de que las armas nos mantienen seguros
“Pensé mil cosas, de mil maneras…yo no soy un delincuente. No quise en ningún momento que esta gente sufriera (por la familia de Franco Moreyra, el ladrón asesinado), mis condolencias totales, pero era mi vida. Fue tan rápido todo”, aseguró Ríos, herrero jubilado, en declaraciones a la prensa. Y agregó: “Yo no nací para matar a nadie”.
La situación de confusión y culpa que relata Ríos no es una rareza: las armas en manos civiles a menudo generan más problemas que soluciones. “Es un mito que, en caso de robo, un arma sirva para defenderse. Al contrario, aumenta las chances de que la víctima termine herida o muerta, él o su propia familia. Esto lo indican las estadísticas y es bastante lógico: rara vez la persona está entrenada y capacitada para reaccionar con la frialdad necesaria para poder usar el arma en forma correcta”, sostuvo Julián Alfie, coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) e investigador sobre el desarme en la sociedad civil, a Diario Uno.
En efecto, según las estadísticas disponibles, por día mueren entre siete y ocho personas a causa de disparos de armas de fuego, y uno de cada cuatro femicidios son cometidos con ellas. De las armas registradas, el 99% está en poder de hombres y sólo el 1% en manos de mujeres.
“El arma de fuego no sirve para estar más seguro, por el contrario, potencia los riesgos. Además hay un gran peligro de accidentes y de que el arma sea como la peor solución para la resolución de conflictos intrafamiliares o entre vecinos, o en casos de violencia de género”, agregó Alfie.
Más armas, más asesinatos
Según las estimaciones del estudio internacional Mortalidad Global por Armas de Fuego, la tasa de homicidios por armas de fuego en la Argentina es de 3,3 por cada 100.000 habitantes, y la tasa de suicidios con armas de fuego es de 2,7 cada 100.000 habitantes. Y se encuentra entre los 17 países donde estas tasas superan dos veces la media mundial.
El mismo estudio establece que existe una relación entre el acceso a armas de fuego y las muertes por lesiones causadas por armas de fuego. Es decir: las tasas de muerte por lesiones por arma de fuego son mayores cuando el acceso a armas de fuego es más sencillo.
A modo de ejemplo, en Estados Unidos, donde el índice de acceso a armas de fuego es 100; los homicidios cometidos de esta manera son 10,6 cada 100.000 habitantes.
En la Argentina está vigente el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones, cuyo objetivo es “reducir el circulante de armas en la sociedad mediante la entrega anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico” según explica la página oficial.
Pero, según Alfie, en la práctica el Estado abandonó el proyecto de desarme durante la gestión de Patricia Bullrich: “Antes el Estado hacía encuestas sobre en cuántos hogares había armas, pero ha dejado de hacerlo. Se habría producido un descenso marcado hace unos diez años, con el programa nacional de entrega de armas de fuego. Pero el plan se desfinanció muchísimo en los últimos años, pese a que fue una de las políticas públicas más exitosas y fue reconocida por la ONU”.
