Redacción Canal Abierto | Las consecuencias por la quema de pastizales en las islas del Delta santafesino llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un fallo emitido por el máximo tribunal intimó a las autoridades de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y de los municipios de Victoria y Rosario a la conformación urgente de un Comité de Emergencia que atienda el desastre ambiental que se viene suscitando hace dos semanas.

El fallo de la Corte indica que este comité deberá presentar en el plazo de 15 días un informe de la situación y de las acciones realizadas para atender la catástrofe.

La sentencia también hace referencia al Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (PIECAS) en el Delta del Paraná, firmado en 2008 por las tres provincias junto al Estado nacional. Este plan debía atender a la cuestión ambiental de la zona. El propio fallo remarca que vistas las circunstancias, no lograron el objetivo propuesto.

Consultado por Canal Abierto, el integrante de la ONG Naturaleza de Derechos Eduardo Rossi manifestó que “queremos que los gobernantes dejen de echarse la culpa unos a otros, se junten y cumplan el programa que pactaron en 2008”.

Rossi planteó que más allá de las instancias para paliar la coyuntura, la solución de fondo deberá ser abordada a partir de una legislación que aborde la problemática de los humedales y de los arrendamientos. En ese sentido, recordó que “en 2014 el ex diputado (Rubén) Giustiniani presentó una ley muy buena, pero que fue manoseada. Primero se le dio media sanción y en el Senado el ex senador De Angeli hizo todo para que se caiga. Ahora hay seis proyectos de humedales que espero que se unifiquen y salga urgente una Ley Nacional de Humedales para su protección”.

Y explicó que “los humedales son la fuente de control de todo: inundación, sequía, aire, aguas, la reproducción de los peces. En la última quema han matado muchas especies que estaban en extinción y prácticamente las han hecho desaparecer. Hay un gran delito atrás que no vemos”.

Y contó que “el Secretario de Ambiente de la Nación (Juan) Cabandié vino hace un mes y medio y trajo hasta fines de julio aviones hidrantes para apagar los fuegos, pero no hizo ninguna publicación en el Boletín Oficial con respecto a esto. El deslindó la responsabilidad en la Legislatura y en la Justicia”.

El especialista también puso la lupa sobre otro de los grandes aspectos que devienen en estos problemas que es el alquiler de las tierras. Al respecto, reclamó que “se anule la ley de arrendamientos que es una ley creada por Busti con la que repartió la mayoría de las tierras entrerrianas a gente cercana a él, inclusive hay diputados y jueces atrás de la repartija de esas tierras”.

“Hoy vemos que gran parte de las tierras las tiene el actual intendente de Victoria o el empresario Baggio de Gualeguaychú –advierte Rossi–. Es gente conocida y hay muchos que ni siquiera producen y lo han subarrendado a gente que ha edificado, quemado o inclusive ha hecho soja transgénica. O sea, metieron agricultura industrial con agrotóxicos, que es algo que no estaba permitido. Y todo a la vista de los gobernantes que desde 2008 no se reúnen. Hablan entre ellos por los medios, hacen una especie de circo y no se reúnen para una definición puntual para una ley de humedales ni para derogar esa ley de arrendamiento y hacer una nueva distribución de tierras como corresponde”, concluye el ambientalista.

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