Redacción Canal Abierto | El vocal de Cámara Virgilio Galanti resolvió esta semana admitir la demanda del Foro Ecologista de Paraná y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos contra el gobierno de Entre Ríos.

De esta manera, la justicia hizo lugar al planteó de inconstitucionalidad de los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2239/19, mediante el cual la administración de Gustavo Bordet buscaba modificar las distancias mínimas permitidas para la aplicación con agrotóxicos en proximidades de las escuelas rurales.

Con el decreto en cuestión, el ejecutivo pretendía llevar las mismas de los 1.000 metros a 100 metros en aplicaciones terrestres, y de los 3.000 a los 500 metros en las aéreas.

En este último pronunciamiento, el magistrado asegura que los informes científicos aportados a la causa “dan cuenta de los riesgos de salud del colectivo involucrado de mantenerse esta norma”, en referencia al segundo decreto de Bordet.

Durante el proceso, las organizaciones ambientales presentaron la opinión de cinco especialistas, todos ellos académicos de universidades nacionales y provinciales que realizan investigaciones vinculadas al tema. Mientras, por otra parte, el Ejecutivo provincial tan sólo llevó a dos especialistas.

“Nosotros solo referenciamos investigaciones y estudios con validaciones internacionales, lo que volvió muy sólida nuestra postura contra el decreto. Desde el gobierno sólo presentan peritos que representan a la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que nuclea a los empresarios que proveen insumos para la fumigación”, cuenta Maria Fernández Benetti, abogada de vecinos y ambientalistas.

“Hay una mancomunión entre Estado y el lobby empresarial que olvida proteger a los chicos de las escuelas”, lanza la letrada, y agrega: “algo importante que también se está poniendo en discusión es el deficiente sistema de registro de agrotóxicos que tenemos en el país”

La reciente resolución judicial está vinculada a las sentencias por  el Expediente Nº 10.711 (a la que denomina causa madre) del 1° de octubre de 2018, ratificada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el 29 de octubre del año pasado, de acuerdo al Expediente Nº 9624, también confirmada el 14 de mayo del mismo año por la máxima instancia provincial.

 

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