Redacción Canal Abierto | Desde que se firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 que declara a la telefonía celular, el servicio de internet y la televisión paga servicios públicos esenciales, la mayoría de los medios hegemónicos salieron con los tapones de punta contra el Gobierno.

En la mayoría de los casos partes interesadas -o afectadas- respecto de la iniciativa presidencial, los portales de noticias, radios o canales de televisión no hicieron más que hablar de “un atropello”“innecesario e injustificado”, “un cambio en las reglas de juego” o como un “gran retroceso para todo el ecosistema de las comunicaciones».

Lo cierto es que la pandemia volvió aún mas evidente la relevancia social de los servicios de conectividad y telefonía móvil para el acceso a educación, entretenimiento e información. Así como también las desigualdades en el acceso y las condiciones de conectividad. Lo mismo sucedió con la rentabilidad de un rubro que supo aumentar sus tarifas por encima del nivel general de inflación durante los últimos tres años: según cifras del INDEC, las empresas de comunicación aumentaron un 326,3% entre mayo de 2016 y diciembre de 2019, mientras que la inflación del mismo periodo ascendió a un 231,4% por ciento.

Para entender los alcances y límites del decreto y las disputas políticas, judiciales y mediáticas que se vienen, Canal Abierto dialogó con el becario del Conicet, magister en industrias culturales y especialista en telecomunicaciones Agustín Espada.

¿Por qué el acceso a internet hoy es considerado un derecho humano y condición necesaria para una economía moderna?

– En los últimos 10 años internet se ha transformado en un servicio que garantiza el cumplimiento de otros derechos, y en cuarentena esto quedó aún más de manifiesto en materia educativa, consumo cultural o incluso en el ámbito laboral.

Por otra parte, si hace 50 años nuestro país declaraba como servicio público la telefonía fija, ¿cómo hoy  no vamos a entender de la misma manera a la telefonía móvil e internet? Si lo pensas desde esa perspectiva, es difícil no pensar hoy en internet como un servicio público esencial y estratégico para el desarrollo económico.

Por todo esto es que me parece muy sensata la iniciativa política y el decreto del Presidente. Como crítica, creo que es tal la relevancia de la cuestión que vuelve necesaria la construcción de consensos y no romper redes. Es un momento clave para pensar el sector y el mercado de telecomunicaciones, y esto implica sentarse con Clarín, Claro, Telecom y otros gigantes, pero también con centenares de empresas pymes y cooperativas que garantizan el acceso a estos servicios en lugares como Córdoba, Santa FE, Mendoza o La Pampa, y que son actores sociales y económicos muy relevantes en esas localidades.

¿Qué implica el DNU 690?

– El decreto es una declaración de principios más que una regulación del mercado, con una definición o consecuencia concreta y a corto plazo que es la suspensión de los próximos aumentos tarifarios. Después cuesta encontrar implicancias a mediano y largo plazo.

En tanto declaración de principios, el Gobierno ahora debería tener que diseñar un programa de políticas públicas para volver efectivamente públicos y al alcance de todos el acceso a la telefonía móvil e internet. Pero no se trata sólo de ampliar y mejorar el acceso. Porque uno de los problemas que tenemos es que si bien hay varias empresas, el mercado hoy está cartelizado: todas tienen maso menos el mismo precio y brindan un servicio igual de defectuoso.

¿Crees que el Estado puede lograr algún grado de injerencia en el rubro?

– No va a ser fácil por varios motivos. En primer lugar, porque son actores económicos muy importantes: por ejemplo, el Grupo Clarín es el segundo conglomerado de empresas que mayor facturación tuvo en el país en 2018 y 2019, detrás de Techint. Es un actor económico muy relevante que -a diferencia de Claro o Telefónica (las otras dos mega empresas del sector)- tiene en su poder los fierros, es decir, micrófonos, radios, diarios y noticieros desde donde marca agenda. Va a ser una pelea simbólica y política muy grande.

Por otro lado, hay una cuestión a atender que es la debilidad del decreto como herramienta formal. Creo que no es el elemento indicado para regular en materia de derecho al acceso a la comunicación, algo que seguramente va a llevar a una judicialización en instancias locales e incluso en tribunales internacionales como el CIADI o la OCDE.

Como en su momento sucedió con la Ley de Medios…

– Si, o como pasó hace semanas con la intervención de Vicentin. Un juzgado chiquito en una ciudad del interior pone un amparo y frena un decreto presidencial.

Hablábamos del poder mediático de Clarín y su poder de fuego, ¿hay una cartelización o monopolio del tendido de fibra óptica?

– No. Pero en términos de una definición económica, el sector telecomunicaciones funciona con lo que llamamos grandes costos hundidos. Esto quiere decir que para entrar, necesitas invertir una importante cantidad de dinero que termina siendo una barrera.

De todos modos, desde la ley Argentina Digital, nuestro país avanzó en el fomento a la competencia desde el compartimiento de la infraestructura. Es decir, ¿para qué obligar a prestadoras a que tiendan una red de fibra óptica por el mismo lugar donde ya había una si el que la tiene la puede alquilar o rentar?

Una iniciativa del Gobierno de Cristina Fernández fue tender miles de kilómetros de fibra óptica por la red troncal llamada REFEFO (Red Federal de Fibra Óptica), una suerte de esqueleto central para la conectividad. Pero hay que decir que esto también lo fue desarrollando el macrismo, y es una de las cuestiones a destacar de su gestión.

¿Entonces sí están dadas las condiciones para que puedan surgir nuevas prestadoras?

– Sobre todo en aquellos lugares donde al mercado no le interesa llegar porque no son rentables. Justamente, este es el sentido de la REFEFO.

En una nota tuya publicada recientemente planteabas a Uruguay y Estados Unidos como dos modelos distintos pero interesantes a la hora de pensar qué sistema de telecomunicaciones necesita la Argentina…

– El uruguayo es un modelo muy virtuoso de Estado prestando servicios públicos. Mientras en Argentina tenemos las muy malas experiencias de ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) y después las privatizadas de Telecom y Telefónica, la estatal ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones) -que en su momento fue monopólica en telefonía fija- hoy es un actor de los más importantes en telefonía móvil y prestación de internet banda ancha en hogares. Por ejemplo, si bien el precio de ANTEL es un poco más caro que el de Argentina, la calidad de conexión es mucho mas alta.

Por otra parte, si bien Estados Unidos es la meca del capitalismo y los grandes holdings económicos, tiene como principio la idea del acceso a internet como derecho humano. En este caso la prestación del servicio es netamente privada, pero con una fuerte presencia del Estado en la promoción y el resguardo de la competencia.

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