Canal Abierto Radio | Como cada año, la CPM presenta el informe anual Sistema de la crueldad XIV donde se analizan las políticas de encierro y el accionar de las fuerzas de seguridad. “Es lo que hemos denominado la era de las masacres, la era de los récords” afirmó Roberto Cipriano García, abogado y secretario del organismo.

El 2019 “por la particularidad de la finalización de la gestión también abarca algunos elementos que toman los cuatro años de la gestión de Cambiemos” explicó Cipriano, “en política criminal han sido de un retroceso muy importante en perspectiva de derechos humanos. Los casos de tortura crecieron exponencialmente, como las muertes bajo cuidado del Estado, y el informe da cuenta de ese panorama tan crítico que dejó la gestión anterior” subrayó.

Estos informes son un diagnóstico de las políticas de seguridad y del despliegue policial en los territorios, y de lo que sucede en las distintas instituciones de encierro tanto penitenciarias, de seguridad, como de niñez y salud mental.

Cipriano destacó masacres como la de San Miguel del Monte, que demostraron “todo el encubrimiento corporativo de la fuerza, de las propias autoridades policiales, y algunas vinculaciones de las autoridades políticas”. Pero además, las maniobras de inteligencia ilegal y espionaje a familiares de las víctimas de la Masacre.

En cuanto a los sistemas de encierro, Cipriano explicó que “hubo un deterioro muy grande”, y destacó particularmente el hacinamiento en cárceles, donde “la gestión anterior terminó con 51.000 detenidos de los cuales 48.000 estaban en 21.000 plazas penitenciarias, un límite de superpoblación de casi 120%”. En comisarías la cifra de superpoblación asciende al 217%.

Las instituciones juveniles también llegaron sobrepoblación récord del 23 %, mientras “los sistemas de promoción y protección de derechos y de responsabilidad penal juvenil se deterioraron de manera crítica, sin financiamiento ni políticas dirigidas a fortalecerlos” expresa el comunicado. Y en los centros de salud mental “las personas internadas tienen escasas posibilidades de insertarse en procesos sustentables de externación”, agrega.

“Lo más grave, y que pinta de cuerpo entero a la gestión, es que son los que más reclamaron por los derechos republicanos de gobierno, y fueron la gestión que más atentó contra esos principios. Primero por la falta total de respeto a las instituciones judiciales, a la división de poderes. El gobierno desobedecía 33 órdenes judiciales que fijaban cupos en unidades carcelarias, y 103 órdenes que mandaban a prohibir el alojamiento en Comisarías. Todos los días el Estado Provincial violaba más de 130 sentencias judiciales. Y segundo, porque negaba todo el acceso a la información pública, realmente no entregaban información”, denuncia Cipriano.

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