Por Federico Chechele | Si en Argentina viven 45 millones de hombres y mujeres y los afectados serán sólo 12.141 personas, el porcentaje se cae por su propio peso. Si somos un poco más generosos, y multiplicamos a estos 12 mil por cuatro como núcleo familiar tipo, nos da un universo de 48.564 personas que se verían alcanzadas: el 0,1% de la población. Sólo se puede oponer el poder mediático y empresarial, que no es poco.
El impuesto a las grandes fortunas se presentó este viernes bajo el nombre “Aporte Solidario Extraordinario”. Este proyecto de ley especifica que sólo están incluidos quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos con una alícuota del 2%. La mitad de esas 12.141 personas tienen entre 200 a 400 millones de pesos. La mayor tasa alcanza a menos de 300 personas. Por los bienes que tienen en el exterior, las alícuotas son un 50% mayor. Y se estima recaudar aproximadamente $300.000 millones.
Que se empiece a debatir este impuesto no sólo es necesario, también es justo para equiparar algo del esfuerzo realizado durante muchos años por el sector más vulnerable de la sociedad que, sistemáticamente viene pagando todos los ajustes y es el que más sufre la inflación. Además, recordemos que a comienzo de la cuarentena la UIA (a quienes les alcanzaría este impuesto) junto con la CGT resolvieron en una semana quitarles el 25% del salario a los trabajadores que por la pandemia no tenían que presentarse en su trabajo. La clase trabajadora ya hizo su aporte, y desmedido.
El tratamiento de este proyecto será batallado en el Congreso y a través de los medios de comunicación. El Senado no sería un escollo por la mayoría con que cuenta el bloque del Frente de Todos, aunque es diferente la situación en la Cámara Baja donde será necesario que los sectores aliados al gobierno entiendan la urgencia de recaudar fondos para paliar la crisis económica. Allí entrará en juego el tridente Casa Rosada-gobernadores-diputados para que las obras que se prometen con este impuesto se repartan de manera equitativa en las provincias.
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Los que no están de acuerdo
Ya se sabe que el bloque de Juntos por el Cambio intentará impedir su aprobación, varios de sus legisladores ya mostraron reparos al proyecto. ¿La excusa? Habrá que escuchar esgrimir sus evasivas desde su banca.
Lo paradójico de quienes hasta hace poco fueron gobierno y que dejaron al país con todos los números en rojo es que ellos mismos y a través del propio Mauricio Macri se encargaron de pasar la gorra entre el sector empresarial para financiar su campaña: Un impuesto a las grandes fortunas sin ley, a oscuras, sin regulación y con destino incierto.
Algunos, como fue el caso de la empresa Vicentin, lo blanquearon como aportante de campaña, otros forman parte de una lista de Excel, pero de lo que estamos seguros es que todos fueron compensados.
Ante este escenario que nadie desconoce, hay que agregar que durante los cuatro años de gestión de Macri se dejaron de cobrar impuestos a personas y a empresas de mayores patrimonios por el equivalente acumulado de 7 puntos del PBI.
Inmediatamente después de la presentación de este proyecto, el diario Clarín salió a defender los intereses corporativos al señalar que el gobierno analiza realizar cambios tributarios que incluyen “aumentar la presión impositiva sobre la clase media, los profesionales y las empresas que intenten invertir”. Esto se llama apretar. Más allá de lo que resulte esta noticia, el quirófano mediático pisó el acelerador, como ya lo hizo con Vicentin, la reforma judicial y el decreto de regulación estatal para las telecomunicaciones.
¿Qué le falta a la ley?
Suena a poco que este “Aporte Solidario Extraordinario” sea por única vez, más teniendo en cuenta el costo político que tendrá el gobierno durante el tratamiento de la ley.
Todos los sectores que conforman el Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción se manifestaron a favor de este impuesto, pero sosteniendo que debería ser progresivo y permanente.
Es más, la CTA Autónoma desarrolló una campaña cuestionando los sistemas tributarios del país por ser los “más desiguales y regresivos del mundo”. Y propuso que el impuesto a las grandes fortunas alcance a las 114 mil personas que poseen patrimonios superiores al millón de dólares.
En este marco, referentes del Manifiesto se reunieron de manera virtual con parte del bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos. Allí se discutieron los alcances del proyecto. Algunos legisladores coincidieron en que no alcanza con que sea por única vez, otros creen que si no es de esa manera difícilmente se convierta en ley, pero la mayoría coincidió en que, una vez promulgado, más adelante se puede volver a imponer como herramienta de recaudación.
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A la espera
El campo popular atraviesa la cuarentena sin la posibilidad de manifestarse – con la prudencia que no ejercitan quienes se movilizan con reclamos extravagantes y fuera de época – para poder incidir en las cuestiones de coyuntura política o económica ante la excelsa dinámica de este país. Las movilizaciones para demandar lo urgente o apuntalar al gobierno para que avance con iniciativas que favorezcan a los sectores más desprotegidos siguen en pausa.
A pesar de ello, el gobierno tiene que leer que cuenta con el apoyo suficiente para que se convierta en ley el proyecto para gravar a las grandes fortunas. Todos dimensionan la magnitud de la disputa, pero nadie quiere retroceder más.
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