Redacción Canal Abierto | El viernes 28 de agosto dos adolescentes presos en una cárcel para jóvenes menores de edad, el Centro de Recepción de Menores Pablo Nogués, en el distrito bonaerense de Malvinas Argentinas, intentaron suicidarse. Lucas, de 17 años, falleció como consecuencia de esa situación.

¿Por qué dos pibes de menos de 18 años intentan suicidarse? Ana Laura López, socióloga, integrante del Grupo de Estudio sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPYDH), ensaya una explicación:

“Las instituciones de encierro para jóvenes son, en varios aspectos, peores que las cárceles de adultos. El encierro en los adolescentes tiene como principal objetivo la desactivación. En el marco de la pandemia, un joven en un instituto de menores se pasa más de 20 horas por día encerrado en una celda solo, aislado. Sin vestimenta propia; se les otorgan unos uniformes rotos, sucios, de talles distintos a los de su cuerpo. No se les permite tener zapatillas; están en ojotas y medias en invierno y verano. No hay calefacción. En el caso de Lucas, en el instituto estaban con las cloacas tapadas conviviendo con el olor a mierda todo el día. Viven en celdas peladas, no se les permite tener ningún objeto. Estas son las condiciones materiales en que se expresa el ideario socio-educativo”, describe Ana, que también es miembro del Registro Nacional de Casos de Tortura.

El Centro aloja alrededor de 56 jóvenes bajo prisión preventiva y/o condenados por jueces del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia.

La muerte de Lucas ocurre pocos días después de una protesta de los internos que denunciaban contagios masivos de coronavirus, poco personal –también debido  a los contagios, incluyendo el fallecimiento de un trabajador–, regímenes de aislamiento extremo, nula actividad socio-educativa, graves condiciones de detención, falta de elementos de higiene y exigencias de mayor comunicación con las familias.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había advertido esta situación y presentado en marzo un habeas corpus debido a la falta de respuestas y de cumplimiento de sentencias judiciales por parte del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

La de Lucas es una muerte anunciada y se ha producido bajo la tutela del Estado provincial. Ni el reclamo de los jóvenes, ni la advertencia de la CPM, ni las presentaciones de los defensores oficiales del fuero Penal Juvenil fueron escuchados. La de Lucas es una muerte que podría haberse evitado. La CPM requirió en la Justicia que se investigue la responsabilidad institucional por su muerte.

“Hace ya varios años que se ha documentado sobradamente en investigaciones sociales y en informes de organismos de derechos humanos sobre la gravedad de las condiciones institucionales en las que se despliega el castigo penal juvenil, eufemísticamente presentado como medidas “socioeducativas” de “responsabilización” para un “proyecto de vida”. Lejos de esos discursos de violencia pedagógica, la vida cotidiana en las cárceles para adolescentes basa su programa en el aislamiento y el arrasamiento subjetivo, con técnicas de incapacitación y subordinación material y simbólica”, señalan desde el GESPYDH y el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ).

 

Responsabilidad Penal Juvenil: ¡hacete responsable y pagá por ello!

La muerte de Lucas bajo la tutela del Estado debería escandalizar a la sociedad, debería sacudir, pero parece ser simplemente el destino obvio trazado para un sector de la población considerado excedente. El Estado es el encargado de tramitar esta limpieza social gestionando la pretendida reinserción de estos sujetos que deben hacerse responsables de los delitos cometidos.

“La renovación de los discursos punitivos –producida a partir de 1990 con la Convención sobre los Derechos del Niño– no significa ni una mayor humanización ni un mayor mundo de derechos y garantías para estos jóvenes. Que se castigue en nombre de sus derechos no significa que el castigo sea más benévolo”, explica Ana Laura.

“La responsabilización es una categoría semántica y política propia, distintiva, del neoliberalismo. El neoliberalismo, como matriz societal y de dominación política, económica y cultural, apela fuertemente a la responsabilidad de los sujetos”.

“Esta idea de un sujeto cada vez más descolectivizado -esta individuación negativa, diría Castel-, y un sujeto que debe hacerse responsable y hacerse cargo de la situación en el juego del mercado, que es el juego social”, agrega.

“Esta idea de responsabilización también aparece en las renovadas maneras de llamar al poder de castigar a los adolescentes. Los jóvenes están en un sistema de Responsabilizad Penal Juvenil porque ellos deben hacerse responsables subjetivamente de aquello que los llevó al delito y de aquello necesario para salir adelante y dejar atrás esa vida de delito y hacer un proyecto de vida en el marco de la ley. Todos sabemos que eso, para un joven pobre, es vivir en una miseria precarizante”, sintentiza la socióloga. El correlato de la meritocracia.

 

Un sistema orientado a quebrar al sujeto

“Cuando uno entra a estos lugares lo que encuentra son dispositivos tendientes a producir sufrimiento, sobre todo sufrimiento subjetivo”, sostiene López, discípula de Alcira Daroqui, directora del GESPYDH.

“Lucas muere en el marco de una enorme desesperación producida por la clausura, por el cese de la conexión con el exterior: no podían recibir visitas, podían hablar por teléfono una vez por semana, cinco minutos.

“La economía de la jaula –cómo vos administrás el encierro– sólo puede llevar a la desesperación y a tomar decisiones extremas. Es un castigo que se basa, en nombre de la seguridad y del orden interno de la cárcel, en cercenar cualquier elemento subjetivo, subjetivante, cualquier alivio que pueda haber en ese adolescente. Lo que le pasó a Lucas es la consecuencia de un sistema que está orientado a quebrar esos sujetos pero los quiebra en nombre de su educación.”

“Producir muerte es parte de esa regulación que tiene el sistema penal sobre determinadas poblaciones abandonadas por el sistema de integración social”, concluye Ana Laura.

 

Convivir con la gorra (y sobrevivir para contarlo)

El problema principal que tienen los jóvenes en materia de violaciones a sus derechos humanos en su cotidianeidad es la policía. “La tasa de policiamiento de la Argentina es de las más altas del mundo, tenemos más policías por habitante que en países punitivistas como Estados Unidos, Israel o Brasil”, señala López. “Esto sucede porque en los últimos 20 años, la idea de que más policía iba a solucionar las cosas fue la ola sobre la que surfeó toda la clase política de los distintos gobiernos, que se han dedicado a ampliar las mallas del policiamiento urbano. Con lo cual, el verdadero y principal regulador del sistema penal sobre los jóvenes no es la cárcel sino la policía”.

El resultado de esta omnipresencia policial alrededor de los barrios empobrecidos es que los pibes vivan en un hostigamiento continuo. La estigmatización de los adolescentes pobres y su construcción como enemigo social termina favoreciendo una dinámica de violencia policial que se traduce en abusos y crímenes de los agentes estatales.

“Del 85 al 90% de las causas por violencia policial, algunas con resultados altamente lesivos como la muerte, terminan archivadas. Esto no es una falla, es la condición de posibilidad para que la policía siga perpetrando rutinariamente actos de violencia. Entonces, no es un grupito de policías locos, sino una clase política que articula de una manera muy compleja con la policía que se expande y un sistema de justicia penal que no investiga ni sanciona a esos cuerpos policiales que cometen delitos contra la vida”.

“Si hubiese una policía sin cierta idea de impunidad sobre sus prácticas es mucho más difícil que se chupen a un pibe y lo tiren a un pantano un mes después”, concluye Ana Laura en relación al asesinato de Facundo Castro.

 

*Nota: el título de este artículo fue tomado del comunicado conjunto del GESPYDH y el OAJ a raíz de los suicidios en el Centro para Menores de Pablo Nogués.

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