Redacción Canal Abierto | Bajo el título de “Aporte Solidario Extraordinario”, hace poco mas de una semana el Congreso inició al debate en torno al mejor conocido como impuesto a las grandes fortunas. El proyecto de ley especifica que sólo se verían afectadas unas 12.141 personas con una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos, con alícuotas escalonadas que van desde el 2 al 3,%.

De aprobarse, el gravamen recaudaría –por única vez- unos 300 mil millones de pesos. Ni más ni menos, el equivalente al 10% del total de gastos primarios ejecutados por el Estado nacional en los primeros seis meses del año.

Salvo para la ortodoxia ultraliberal del establishment económico y un pequeño sector de la oposición, el esfuerzo fiscal en cuestión no significaría mas que un pequeño parche para un sistema tributario por demás regresivo. Sin embargo, y lejos de cualquier asomo filántropo, buena parte del gran empresariado y corporaciones -incluidas, las mediáticas- son la punta de lanza de una resistencia contra lo que entienden es una “medida confiscatoria”.

Para entender qué sectores de la sociedad sufren una mayor presión impositiva y cuáles deberían ser los ejes de una futura reforma, Canal Abierto dialogó con la analista fiscal y economista del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) Samantha Horwitz. En esta entrevista, su mirada sobre las alternativas a corto plazo y los desafíos estructurales.

A nueve meses de la asunción de Alberto Fernández, ¿es posible hacer un análisis de su política fiscal? 

– En principio, podemos observar dos períodos diferenciados y definidos por la aparición del Covid 19. La política inicial del Gobierno apuntó a una prudencia fiscal: entre enero y febrero observamos un avance hacia la reducción del gasto que a partir del mes de marzo tomó un giro con el aumento de prestaciones sociales en función de la crisis social y sanitaria.

Es por esto que en lo que va de 2020 vemos un déficit compuesto mayormente por gastos corrientes, mientras que en años anteriores predominaban los intereses de la deuda. Es decir que pese al fuerte desembolso que implicaron políticas públicas como el IFE o el ATP, el déficit del primer semestre se encuentra muy en línea con lo visto años anteriores”.

No obstante, cabe destacar que esta proporción de déficit sobre el PBI viene a colación de un producto que no crece: el freno provocado por la pandemia congeló tanto oferta como demanda, congelando la producción y provocando una fuerte caída del PBI. Esto se debe a que el sistema impositivo argentina es totalmente dependiente de la actividad. Es decir, a impuestos indirectos e ingresos tributarios como el IVA y los derechos de exportación.

¿Cuán cierta es la idea de que en Argentina hay una fuerte presión impositiva?

– Según los últimos datos del Banco Mundial, la presión tributaria general de Argentina se encuentra en línea con los estándares mundiales: mientras que en nuestro país es del 11% sobre el PBI, Alemania alcanza el 11,5% y Estados Unidos el 11,7%. La cuestión de fondo no es si se cobran o no muchos impuestos, sino su distribución. Es decir, a quién se cobra mas.

Siempre tomando la misma métrica analizada por el Banco Mundial, si observamos cuánto corresponde a impuestos directos (renta, ganancias o patrimonio) del total recaudado, en Alemania es del 18%, en Estados Unidos del 50%, Brasil del 23% o Chile del 37%. Mientras que en Argentina ese cota es de tan solo el 13%.

A todo esto, en Argentina uno de esos impuestos directos -ganancias- tiene una fuerte proporción del gravamen sobre los salarios …

Exactamente, afectando sobre todo a la clase media y no a los estratos de mayor poder adquisitivo.

¿Es posible pensar en un modelo impositivo no supeditado a la actividad?

– El sistema tributario argentino es regresivo y no grava a las grandes fortunas, sino a las personas de menores ingresos y a la clase media. Otros países, en cambio, tienen mayor preponderancia a la recaudación fiscal sobre los sectores más acomodados. Para estos últimas naciones, a diferencia de Argentina, quizás no vaya a ser tan terrible el impacto tributario de la actual recesión de actividad económica a nivel local y global.

El impuesto a las grandes fortunas no pareciera solucionar la cuestión de fondo, esa regresividad del sistema tributario…  

– En términos acumulados, a junio de 2020 se computaron ingresos totales por 2,13 billones de pesos y gastos primarios por 3,02 billones. Frente a una inflación del período de 42,8% interanual, esto implica que, los primeros presentaron una caída real del -15,6%, mientras que los segundos reflejaron un crecimiento real del +21,7%. En definitiva, el resultado primario de este primer semestre fue un rojo de aproximadamente 900 mil millones de pesos.

En caso de aprobarse, el impuesto a la riqueza puede llegar a ser una asistencia interesante en medio de la urgencia. De todos modos, según las cifras que venimos planteando, estamos hablando de un aporte extraordinario de unos 300 mil millones de pesos que no resuelven la situación crítica del sistema fiscal o la economía argentina.

En conclusión, puede ayudar a paliar la crisis, pero nada tiene que ver con la necesidad de avanzar hacia una mayor justicia impositiva. A mediano y largo plazo no hay otra salida que no sea que paguen mas los que más tienen.

¿Qué cambios puntuales e inmediatos se podrían aplicar para avanzar en esa dirección?

– El cambio estructural que desde el Instituto (IPyPP) creemos que necesita la Argentina implicaría un proceso largo, con un cambio en la matriz productiva: por ejemplo, si bien todos pagamos el IVA cuando compramos en el supermercado, se trata de un impuesto que se abona en distintas etapas de la cadena de producción. Y es en esas instancias intermediarias y previas a la góndola donde se produce una gran evasión o elusión impositiva. Aún cuando estemos hablando de un impuesto tan regresivo como el IVA, el Estado debería empezar por poner la lupa ahí y pensar cómo hacer más eficiente su cobro.

Por otra parte, un incremento en las alícuotas de ganancias a partir de un determinado escalafón. Hoy un estrato alto paga casi lo mismo que un trabajador de clase media, situación que no sólo genera perjuicio en la recaudación sino una desvirtuación del sistema.

Viendo la resistencia mediática y corporativa al impuesto a la riqueza, parece difícil una reforma de fondo…

– No hay que olvidar que pasaron seis meses de iniciada la cuarentena para que la gestión haya podido llevar al Congreso un impuesto extraordinario y de emergencia. A mi modo de ver, eso revela que hay prioridades económicas que no están claras en cuanto a gestión de la crisis. Tampoco ignoro la resistencia y dificultad política para impulsar el proyecto, pero también es cierto que la recesión venía de antes de la pandemia.

Obviamente, primero tiene que ser sancionada; después, es difícil pensar en tiempos de aplicación. Pero en principio, y por lo que se desprende del articulado, el objetivo planteado en el proyecto es el de atender a las urgencias de la pandemia. Hoy, en el punto en que estamos, creo que es un poco tarde.

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