Redacción Canal Abierto | Como toda iniciativa política que se atreva a intentar incomodar a los poderes reales enquistados en las bondades de la democracia, la reforma del sistema de Justicia impulsada por el presidente Alberto Fernández generó la reacción sincronizada del aparato mediático-judicial-opositor.

Argumentos tan chispeantes como grotescos – “se busca la impunidad de Cristina” y “no está bien gastar tanto en algo que no le modifica la vida a la gente”, entre ellos–  ocupan, desde hace un par de semanas, lugares considerables en columnas de análisis político y hasta en programas televisivos de pasatiempos. Sin embargo, también se han hecho escuchar potentes cuestionamientos de referentes judiciales e instituciones de los más valorados en la materia, tanto en Argentina como en la región.

Una de esas voces es la del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que emitió un comunicado donde dice que “reformar el sistema federal inquisitivo es una de las grandes deudas de la democracia”, pero que el proyecto viene a profundizar “viejas estructuras coloniales y a desoír muchos de los reclamos históricos”. Organismos como el CELS y ACIJ también plantearon objeciones, a la espera de que los puntos cuestionados se modifiquen en la Cámara baja.

“El primer aspecto positivo a rescatar es que la reforma es imprescindible y urgente”, valora el fiscal Guillermo Nicora, integrante de la Junta Directiva Nacional del INECIP y docente universitario en Argentina y otros países de la región, en diálogo con Canal Abierto. Pero alerta: “el problema que tiene este proyecto es que, en realidad, diciendo que quieren conjurar los fantasmas de Comodoro Py, lo único que hacen es multiplicarlos”.

 

Duplicar los juzgados

Y es que el proyecto planea unir dos Comodoro Py con el fuero Penal Económico, lo que implica duplicar el número de juzgados. “Además con jueces subrogantes, que es una cosa espantosa”, sostiene Nicora.

Puesto a aclarar, el especialista define a las subrogancias como “señoras y señores que quedan a merced del Poder Ejecutivo o el Consejo de la Magistratura, que es más o menos lo mismo, a la hora de quedarse o no quedarse en el cargo y de ser o no ser postulados para asumir como jueces titulares. Son jueces tremendamente dependientes y manipulables, inseguros para la República”.

Nicora explica que la organización judicial se está transformando en “lo que llamamos colegios de jueces, o pool de jueces”. “El sistema implicaría una cantidad de magistrados que conforman un solo tribunal y a cada audiencia va el juez al que le toque ir según el cronograma. No se queda ningún juez con ninguna causa, sino que son jueces de cada audiencia para resolver las cuestiones que las partes le presentan, no son jueces del caso”, agrega el especialista.

 

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“Que un juez se controle a sí mismo es una total inseguridad jurídica”

El Código Acusatorio fue sancionado en 2015 pero nunca se puso en funcionamiento. El mismo  entrega a los fiscales la dirección de la investigación y limita la tarea de los jueces a resolver los pedidos de las partes, al contrario de lo que sucede actualmente, donde los jueces conducen la investigación y los fiscales producen las pruebas a pedido del magistrado de instrucción. El proyecto de reforma propone un plazo de dos años para su entrada en vigencia.

“El sistema acusatorio está vigente en todo el país salvo algunas excepciones como Misiones y Tierra del Fuego. En Latinoamérica, las dos únicas jurisdicciones que siguen teniendo este modelo del siglo XIX son el sistema Federal argentino y Haití, con todo el respeto que merece Haití -señala Nicora-. La gran clave negativa de este proyecto es que tiene que ponerse en marcha urgentemente el código vigente. Lo postergó Macri durante cuatro años, Cristina Kirchner ya lo había postergado, y ahora lo quieren tirar dos años más para adelante”.

El código ya empezó a regir en Salta y Jujuy, pero recién cuando se ponga en vigencia en el fuero Federal porteño las investigaciones de las causas nuevas quedarán en manos de los fiscales.

“Tener un juez, como Bonadio o cualquier otro, que dirige la investigación y se controla a sí mismo es una total inseguridad jurídica, y es lo que sucede hoy –agrega el fiscal-. Con el nuevo código, son los fiscales los que le van a tener que rendir cuentas a la sociedad de porqué hay impunidad, y son los jueces los que tienen que controlar que cuando un fiscal quiera hacer una causa como la de Los Cuadernos, el juez le diga que eso es una vergüenza”.

 

Juicios por jurados, ¿buena o mala noticia?

“Toda la experiencia juradista que tenemos desde 2005 con el jurado cordobés, el neuquino, el de Buenos Aires, y el de Mendoza demuestran que es mentira que los argentinos no estamos preparados. Es fantástico y está dando unos resultados extraordinarios en legitimidad, la gente se queda tranquila de que no hay enjuagues de poder detrás de la decisión de doce ciudadanos”, sostiene Nicora, quien integra la Asociación Argentina de Juicio por Jurados.

El juicio por jurados completaría el sistema según el proyecto enviado por la Casa Rosada al Congreso. “Es bueno el anuncio pero hay que hacerlo realidad, una vez que le entregamos a los ciudadanos el poder de decidir si hay que castigar o no a las personas en los delitos más graves, a partir de ahí se terminan las especulaciones de los jueces manipuladores, porque los jueces ya no deciden quién es culpable y quién es inocente, y tampoco a dónde allanan o a quién detienen”, afirma el letrado.

 

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La Ciudad y los servicios

El texto diseñado bajo la tutela de la comisión de expertos encabezada por Carlos Beraldi y León Arslanian ordena que se unifiquen los fueros Criminal-Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos porteños. La unificación recibiría la denominación de fuero Penal Federal, tendría asiento en la Capital Federal, y se le entregaría a la Ciudad su propio sistema.

“En el fuero Federal se van a quedar los casos que estaban, para que no haya temor de que esto sea para garantizar alguna impunidad. El mismo gobierno ha dicho que no tiene ningún interés en cambiar de mano los juicios que están en proceso”, aclara Nicora.

“Aunque a todos nos parezca fantástico que por fin se cumpla con la Constitución y se entregue a la Ciudad su Poder Judicial, algo que no se ha hecho en estos años por una resistencia corporativa de los jueces llamados ´nacionales´ que no quieren pasar a ser jueces de la Ciudad, hay que transformar la letra de la media sanción que viene del Senado”, completa en relación a los puntos cuestionables del proyecto.

Sucede que antes de las elecciones de 2015 ya se estaba trabajando en la capacitación de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy son fiscales de la Nación. Pero, durante el macrismo, no prosperó. “Retrocedimos cuatro años porque a nadie le interesa dejar de tener ese negocio fantástico que es Comodoro Py y esa alianza fantástica entre los jueces y los servicios de inteligencia para manipular la Justicia”, añade Nicora.

Es que para el fiscal la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es “un tumor con metástasis que no puede ser auxiliar de las causas penales”.

“Este gobierno empezó súper bien cuando decidió intervenir la AFI, pero ahora esto va para atrás. Es imprescindible generar cuerpos de investigación que dependan del Ministerio Público, porque el Ministerio tiene que rendir cuentas ante la Legislatura y todos los ciudadanos lo pueden controlar”, amplía.

 

La Justicia y la gente  

Otros de los argumentos televisivos rimbombantes fue el del despilfarro de recursos en cuestiones que no resuelven la vida de la gente –el sistema de Justicia, en este caso-, quitando atención a cuestiones importantes, como el combate a la pandemia.

“Habría que preguntarle a la mamá de Facundo Astudillo si un sistema de Justicia no le cambia la vida a la gente –lanza Nicora-. Todo el tiempo estamos en riesgo de perder la libertad, la vida o nuestros bienes con un sistema judicial malo como el que tenemos. Un sistema judicial que se demora 15 años en dictar sentencia en casos graves como suelen ser los delitos económicos, lavado de dinero, corrupción de funcionarios, etc. La inseguridad tiene mucho que ver con la sensación generalizada de impunidad, y esto tiene que ver con que la televisión esta todo el día insistiendo en que la Justicia no sirve para nada”.

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