Canal Abierto Radio | El cuerpo de Alejandra Nahir Álvarez, de 17 años y madre de una bebé de seis meses, fue hallado en un descampado en la ruta nacional 66, a 10 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Había desaparecido el viernes por la noche cuando fue a buscar a sus hermanos a la plaza del barrio Alto Comedero.

Mariana Vargas, abogada de la Multisectoral de Mujeres que representa a la familia, sostuvo: “Es una situación desbordante en la provincia, con esta escalada que lejos de aplacarse sigue subiendo y la verdad es que, además de la angustia y el dolor que significan estas noticias y obviamente estar al lado de las familias, a mí me preocupa el futuro”.

En la Comisaria 33 de Alto Comedero, el padre de Alejandra quiso radicar la denuncia, incluso insistió por horas, pero no se la quisieron tomar sino hasta unas horas antes del hallazgo del cuerpo. Por este crimen hay dos detenidos, pero la cifra que alarma es que en menos de 30 días ya hubo cinco femicidios.

Las organizaciones feministas denuncian “ausencia del Estado, omisión y desidia”, porque “lejos de cuestionar y de sancionarse se apañan”, desde el no tomar denuncias o no sancionar a quienes no toman esa denuncia por incumplimiento del deber de funcionarios públicos. “Esto está anticipando que las muertes no van a parar, y lo digo con todo el dolor pero con la ilusión de que no sea así, pero la verdad es que la vemos oscura”, expresó la abogada.

 

Ley de Emergencia de Género para Jujuy

La ola de femicidios puso en agenda una propuesta de las colectivas de mujeres, diversidades, organizaciones sociales y sindicales, que expusieron el pasado jueves y viernes ante la Comisión de Igualdad de Género nueve puntos centrales para una ley que declare el estado de emergencia por violencia de género en Jujuy. Desde la Multisectorial de Mujeres, como una de las coordinadoras detrás del proyecto, resaltaron que “todas las organizaciones han aportado mucho” para acordar las nueve medidas “que es lo mínimo en relación a lo que hay que hacer”.

Entre los puntos más importantes, Vargas destacó “que haya centros de atención a la víctima de violencia”, y que se mejoren los sueldos del personal. En el caso de las abogadas y abogados, por ejemplo, “no les alcanza el sueldo” pero además no pueden realizar otras tareas: “con el nivel de trabajo que tienen ya no pueden atender sus estudios, y por lo tanto esto está en crisis”. A su vez, piden que se incremente el personal en esos espacios.

“Lo hablamos con las compañeras de las organizaciones, necesitamos que sea en el territorio y no en el centro, que tengas que tomar una hora de colectivo en el peor momento para poder llegar. No que (la denuncia) sea en un centro que espera que vengan, que lo llamen, sino que el Estado vaya cuando tenga noticia por otro lado, cuando hay violencia aunque esa mujer no esté planteando salir de esa situación”, enumeró.

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