Redacción Canal Abierto | Los primeros días de octubre de 2019, el gobierno de Lenin Moreno obtuvo un préstamo del FMI atado a un “paquetazo” de ajuste del gasto y recortes de subsidios y políticas públicas que, entre otras consecuencias, provocaron un fuerte alza del combustible.

La reacción popular fue inmediata con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) a la cabeza. Luego de conmover las capitales departamentales con movilizaciones y más de 300 cortes de rutas en todo el país, el movimiento indígena inició la marcha a Quito. El ejecutivo ecuatoriano dispuso el estado de sitio y trasladó la sede del gobierno a Guayaquil.

La represión a la inmensa movilización popular fue cruenta. Moreno –y el Ejecutivo en pleno– abandonó la capital a los manifestantes y soltó a las fuerzas represivas a que actuaran a su antojo.

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Una denuncia con perspectiva histórica

Transcurrido un año de estos hechos, este 12 de octubre de 2020, la CONAIE presentó una demanda contra el presidente Lenin Moreno y otros funcionarios por la comisión de crímenes de lesa humanidad en la represión a las manifestaciones que provocaron al menos 12 muertos.

“Este gobierno no representa a la mayoría del pueblo ecuatoriano, sólo obedece a los intereses del Fondo Monetario Internacional y está saqueando las riquezas del pueblo ecuatoriano. Aquí estamos los perseguidos, los encarcelados, los familiares de los que perdimos en octubre de 2019”, sostuvo Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, en una conferencia de prensa que brindaron los representantes indígenas y miembros de la Asociación Víctimas del Paro Inocencio Tucumbi en el parque El Arbolito, de Quito, epicentro de las movilizaciones y los enfrentamientos del año anterior. “Esto no puede quedar así, tienen que responder y si tienen que ir a la cárcel, que vayan. El pueblo lucha por sus derechos. Tenemos derecho a la resistencia. En octubre se levantó el pueblo ecuatoriano”.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado contra el Estado y contra el presidente de Ecuador; la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el contralor general del Estado, Pablo Celi, y el comandante general de la Policía, Hernán Carrillo. “Demandamos a las principales autoridades por un delito de lesa humanidad, que se encuentra tipificado en el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal”, explicó a Canal Abierto, Lenin Sarzosa (@Lenin_Sarzosa), abogado integrante del equipo jurídico de la Confederación.

Según la denuncia, como resultado de la represión se produjeron en esos días once muertes, más de 1340 heridos graves y 1.192 detenciones. “Entre los heridos denunciamos 62 de gravedad, con pérdida de globos oculares, pérdida de extremidades, lesiones permanentes”, describe el abogado.

Imágenes de las víctimas de la represión estatal.

“En esos días el gobierno hizo abandono de la capital, liberando la zona para la represión en manos de la policía y el ejército e impidiendo que hubiera algún tipo de control público sobre los hechos acontecidos. Este es un punto fundamental de la denuncia, el gobierno no establece mecanismos de diálogo, ordena la represión, hasta que el último día vuelve Moreno y se construye una salida con la participación de la CONAIE”, argumenta Sarzosa.

“Hubo un ataque a la población civil, hubo ejecuciones extrajudiciales. Hubo actos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Y luego la persecución a dirigentes indígenas que aún persiste con encarcelamiento y apertura de causas por terrorismo, por resistencia a la autoridad, etc.”.

El viejo cuento del enemigo interno

Hace poco más de dos décadas, el movimiento indígena fue uno de los actores principales para dar fin al período de gobiernos de neto corte neoliberal. Las marchas sobre Quito se sucedieron en oleadas. Quien recorriera Ecuador en esos días podía encontrar postales inimaginables para un argentino: militares e indígenas abrazados, un ejército atento a las necesidades del pueblo y que, en gran parte de las zonas más alejadas, era la única cara del Estado que conocían las comunidades originarias. Otra postal: el Serpaj ecuatoriano encabezando una solicitada exigiendo la libertad de los coroneles detenidos por haber acompañado la revuelta popular.

“Esa vinculación del ejército con las comunidades se reforzó en tiempos de la guerra del Cenepa”, el conflicto bélico que enfrentó a Perú y Ecuador y se extendió entre enero y febrero de 1995 en la región amazónica. “Incluso uno de los batallones heroicos del conflicto era un cuerpo formado por soldados de la comunidad shuar” (los temibles comandos de la Brigada Arutam), narra Sarzosa.

“Pero esta solidaridad, también de clase porque la mayoría del ejército está formada por hijos del pueblo, se ha ido rompiendo. En la represión de octubre el ejército participó en los crímenes. Y desde ese momento hasta hoy, no cede la intención de instalar a los líderes indígenas como terroristas, como el enemigo interno necesario para mantener una guerra interior y exigir equipamiento y presupuesto”, concluye el letrado.

El Gobierno asegura que no hubo violaciones a los derechos humanos y que sólo se emplearon medios antidisturbios legítimos ajustados a derecho. A su vez, Jaime Vargas, advirtió que si el Estado no investiga, “si no responden”, acudirán a “instancias internacionales”. “Queremos un baño de verdad, reclamamos memoria histórica”, sostuvo el dirigente indígena.

 

Testimonio de Jorge Simbaña, víctima de la represión

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