Canal Abierto Radio | La Defensoría del Público presentó el pasado viernes Nodio, un nuevo observatorio dedicado al estudio cualitativo y cuantitativo de violencias simbólicas y noticias maliciosas ya emitidas. “No operamos sobre casos puntuales, no es que denuncian algo y nosotros opinamos” subrayó el docente e investigador en comunicación, Pascual Calicchio, secretario General del organismo.

El objetivo del observatorio es tener herramientas para entender cómo funcionan estas formas de circulación de las noticias” que desinforman, o que atacan personas o colectivos, ya que “tienen determinadas lógicas de funcionamiento, y la idea es aportar a entender como funciona eso”, agregó.

El nuevo organismo está en la etapa inicial, estableciendo alianzas con universidades, organizaciones, sindicatos, asociaciones de periodistas y empresas como Facebook y otras plataformas, para establecer cómo va a ser ese funcionamiento y las metodologías de trabajo. En un contexto de proliferación de discursos de odio, xenófobos, misóginos, y fake news, el observatorio realizará análisis cualitativos y cuantitativos para desarrollar informes sobre estos temas, disponibles para periodistas, para la academia y para el conjunto con la sociedad civil. Sin embargo, antes de poder explicar de qué se trata, las autoridades de Nodio y de la Defensoría tuvieron que salir a aclarar que no será un órgano censor, ni mucho menos de control o supervisión de la prensa. 

“No se crea ningún organismo ni estructura nueva, no implica mayor gasto. Trabajadores de la Defensoría van a monitorear cuando entiendan que haya una campaña vinculada a noticias falsas, y van a producir un informe público y abierto” explicó Calicchio.

La Defensoría del Público se creó con la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la misma que al llegar el gobierno de Mauricio Macri fue mutilada en los artículos antimonopólicos que promovían una desconcentración de medios de comunicación. Aún así, quedó vigente el organismo bajo la órbita del Congreso Nacional para defender la libertad de expresión además de recibir y canalizar reclamos y consultas de las audiencias. Ni la Defensoría ni ninguno de sus observatorios tiene capacidad sancionatoria.

“Creemos que las noticias falsas atentan contra la libertad de expresión, porque lo que nosotros vemos a partir de las denuncias es que muchas veces la reacción en las redes sociales hace que la gente se inhiba y no quiera opinar para no ser atacado”, amplió el funcionario.

En ese sentido, existen inciciativas privadas contra las fake news, como Chequeado (del grupo Clarin) y Reverso, (de un conjunto de 60 medios y empresas) que “sí van a notas puntuales y trabajan sobre cosas puntuales y de forma inmediata. No sería exactamente el trabajo de Nodio” explicó el docente.

“Hay una concepción de que el Estado es el que puede censurar y las empresas no. Creo que es un debate interesante. Quién debería establecer cuándo remover un contenido es la Justicia, pero en general hay un resquemor porque se trata del Estado. Existen corrientes de pensamiento que entienden que el Estado tienen que ser garante del derecho a la comunicación”, concluyó Calicchio

 

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