Redacción Canal Abierto | Un mes atrás, en una entrevista exclusiva con Canal Abierto, la defensora del Pueblo de Bolivia Nadia Cruz adelantaba detalles de su último informe sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos tras el golpe de Estado de 2019

Bajo el título “Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, Octubre-Diciembre 2019”, el exhaustivo documento de 313 páginas denuncia masacres, torturas, detenciones arbitrarias y otros ataques perpetrados por la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público contra la ciudadanía.

En las últimas horas, y luego de la contundente victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las recientes elecciones presidenciales, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) decidió avanzar en el pedido de un proceso judicial contra Jeanine Áñez y una veintena de sus funcionarios.

La medida fue adoptada tras aprobar el informe final de la comisión que investigó las represiones ocurridas en noviembre pasado en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), y que resultaron en el asesinato de al menos 37 civiles y cientos de heridos de bala.

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El parlamento boliviano acusa a la presidenta de facto de los delitos de genocidio, sedición, homicidio, asesinato en el grado de tentativa, lesiones graves, asociación ilícita y desaparición forzada de personas.

“El Movimiento Al Socialismo me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones; sólo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia”, indicó Áñez en su cuenta de Twitter, apuntando contra la agrupación política del exmandatario Evo Morales y del recientemente electo, Luis Arce.

“Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara”, añadió.

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