Redacción Canal Abierto | ¿Hay posibilidades de estimular las economías locales cuando las compras públicas se abren al capital extranjero? ¿Puede sobrevivir la integración industrial entre Argentina y Brasil con la desregulación del sector automotriz? ¿Vale la pena cambiar empleo industrial por mayores cuotas de exportación de productos primarios?¿Puede evitarse la devastación ambiental con protocolos ambientales voluntaristas? Estos y otros interrogantes son los que plantean las 200 organizaciones que exigen no firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En una solicitada publicada el pasado domingo, las organizaciones reclamaron que se abandone el tratado y señalaron que no existieron estudios de impacto ni diálogo que con los sectores que se verán afectados. Asimismo, advirtieron que con este acuerdo se forzará la apertura del sector industrial en los países del bloque en un plazo de 15 años, favoreciendo así la importación de productos como automóviles, maquinarias, textiles y calzados. Tan solo en Argentina esto podría implicar la pérdida de 180.000 puestos de trabajo.

 Menos capacidades estatales

Quienes se oponen a las negociaciones entre el Mercosur y la UE advierten que los países del sur perderán capacidad para estimular sus economías nacionales desde el sector público. «El capítulo sobre compras públicas obligará a las PyMEs locales a competir con trasnacionales europeas para aspirar a ser proveedoras del Estado, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Eso elimina cualquier posibilidad de programas del tipo ‘compre nacional’ para estimular la producción local», aseguró Luciana Ghiotto, coordinadora de la Platadorma América Latina Mejor Sin TLC y autora -junto a Javier Echaide- del libro: «El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Estudio Integral de sus cláusulas y efectos».

Echaide, por su parte, señaló que los impuestos a la exportación -como las llamadas «retenciones» que aplica la Argentina a la soja y otros commodities- podrían ser denunciados en los términos del tratado: «el artículo octavo sobre tasas, impuestos y derechos de exportación establece que luego de tres años de la entrada en vigor del acuerdo no podrán aplicarse tales impuestos, porque son considerados ‘practicas distorsivas del comercio’. De ese modo los países del Mercosur se verían privados de un instrumento fundamental de política económica para equilibrar las consecuencias de la estructura productiva desequilibrada».

Destrucción ambiental y aumento de brechas de género

Otro de los temas que provoca fuerte rechazo es el impulso que el acuerdo otorgará al modelo agropecuario basado en la producción de transgénicos y el uso intensivo de agrotóxicos, así como también a la ganadería bovina, porcina y la producción aviar. La ampliación de cuotas de exportación «favorecerá la expansión de la frontera agropecuaria sobre los ecosistemas naturales y los territorios de pueblos originarios» y «desplazará la agricultura familiar y campesina»,  señala la solicitada. Asimismo destaca que reimpulsar el acuerdo, estancando por el rechazo de la opinión pública internacional al manejo de los incendios en el Amazonas, mediante la firma de protocolos ambientales es una trampa. El documento explica que todas las alusiones a temas ambientales, como el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático, carecen de sanciones o instumentos para que sean ley exigible, mientras que con las cláusulas comerciales ocurre lo contrario.

Desde la economía feminista también indican que el impacto sobre los mercados laborales tendrá como principales perjudicadas a las mujeres. Diversos estudios estiman que las importaciones de textiles desde la Unión Europea podría aumentar un 400%, lo que tendría un severo impacto en sobre las mujeres, que ocupan el 94% del empleo en ese sector en Brasil y el 80% en Argentina. Esto redundaría en mayores brechas salariales y desigualdades por cuestiones de género.

¿Cancillería versus producción?

Uno de los grandes problemas de este tipo de negociaciones comerciales es que se realizan en secreto, ajenas al escrutinio público y de los representantes parlamentarios de los países. Sucede que las discusiones quedan en manos de técnicos de las cancillerías y de los ministerios de relaciones exteriores, y llegan luego a los parlamentos a libro cerrado, para decir sí o no. Ese proceso un muy permeable a los lobbies corporativos y a veces, incluso, es conducido por ellos.

En Argentina, luego el intento fallido de Mauricio Macri de lograr su firma en 2019, el acuerdo quedó en stand by. Esto tuvo más que ver con las reacciones de gobiernos y parlamentos europeos, que manifestaron su rechazo, que con un desinterés local. Actualmente las tratativas se reactivaron con la negociación de un protocolo ambiental anexo que prentende mitigar los impactos en esa materia. Desde Argentina, el Canciller Felipe Solá aseguró a comienzos de diciembre que el acuerdo debía enviarse al parlamento para «forzar la modernización de la economía».  Por su parte, el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló en varias oportunidades la falta de transparencia durante las negociaciones e insiste en una discusión más profunda con los distintos sectores de la producción.

Para ver solicitada completa contra el acuerdo Mercosur-UE y enviar adhesiones 

 

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