Redacción Canal Abierto | “¿De qué viven mis hermanos desde la muerte de mi padre? De la herencia de mi padre, de las sociedades, de las rentas de bienes, de la venta de la hacienda, de retiros en negro de las SA, de la venta en negro de miles de cabeza de ganado, etc.? ¿Por qué soy la única que me he visto en complicaciones económicas desde el día uno? Respuesta fácil. Porque me excluyeron de todo tipo de administración y contacto con los bienes del sucesorio”.

El fragmento es parte de la argumentación de Dolores Etchevehere en la medida cautelar que presentó ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Entre Ríos. Allí se tramita el juicio sucesorio de los bienes de su familia donde ella reclama igualdad de condiciones respecto de sus hermanos varones -Sebastián, Juan Diego y el ex presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agroindustria macrista Luis Miguel Etchevehere- y sugiere haber sido víctima de discriminación en el reparto por su condición de mujer.

Su situación no tiene tanto de particular ni su argumentación resulta descabellada. En la Argentina, sólo el 16,2% de las tierras cultivables está en manos de mujeres. A nivel mundial, el país ocupa el puesto 54 entre los 104 países relevados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en los que las mujeres tienen menos acceso a las tierras cultivables. El país más desigual del mundo en la distribución de la tierra es Arabia Saudita, donde las mujeres poseen sólo el 0,8% del territorio. El promedio mundial apenas sobrepasa el 18%.

En la región, Argentina ocupa el noveno puesto, luego de Guatemala (7,8%), Belize (8,1%), Puerto Rico (8,9%), República Dominicana (10,2%), El Salvador (11,5%), Brasil (12,7%), Trinidad y Tobago (14,7%), y México (15,7%). El país más equitativo de la región en lo que a distribución de tierras por género se refiere es Perú, con un 30,8% de las tierras cultivables en manos femeninas.

 

El acceso y control de la tierra, la puerta a otros derechos

El caso Etchevehere saltó a la tapa de los diarios cuando la heredera decidió asociarse al Proyecto Artigas, un equipo de campesinos, productores rurales e integrantes de organizaciones socioambientales, a quienes donó una porción de la Estancia Casa Nueva perteneciente a la familia, en Paraná, Entre Ríos.

Según Dolores y el comunicado del equipo –que recibiría el 40% de la herencia para llevar adelante un modelo de producción agraria sostenible, libre de agrotóxicos y explotación- las tierras se encontraban “indebidamente ocupadas por los hermanos varones de la familia que, haciendo uso ilegal de la misma, despojaron a su propia hermana”.

Su presentación ante el tribunal presidido por Martín Furman -que sugiere un orden desigual entre los géneros al interior de su familia- fue respaldada por un dictamen de la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) que se elaboró luego de escuchar su testimonio. “Dolores, al decidir posicionarse como sujeto político, ha desafiado el orden y las relaciones de poder en las cuales se sustentaban los vínculos familiares. Frente a las mujeres que no obedecen y se rebelan, el patriarcado opera también justificando las respuestas violentas que pueden aparecer para restablecer las jerarquías preestablecidas y los roles que se perciben como alterados”, argumenta la UFEM. Y afirma que la “violencia psicológica y económica operan como estrategias de disciplinamiento”.

El planteo coincide con el de la organización global Oxfam, que en su informe titulado Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina de noviembre de 2016 detalla: “Para las mujeres, el acceso y control de la tierra facilita el respeto a otros derechos, pues contribuye a cambiar las relaciones de poder en los ámbitos personal, social y político. Una mujer con tierra propia –y que además decide sobre ésta– adquiere mayor autonomía económica, puede acceder a otros activos financieros como el crédito, se reconoce su trabajo como productora, aumenta su participación en espacios de organización y decisión política y también es menos vulnerable a la violencia de género”.

Haciendo lugar a la presentación y sus argumentos, una semana más tarde (a fines de diciembre último) Furman reconoció a Dolores Etchevehere como víctima de violencia de género económica y dictó medidas cautelares para que pudiera utilizar uno de los inmuebles en sucesión  y para que sus hermanos y su madre la indemnizaran por su “uso exclusivo del acervo hereditario”. Pero la presión de los varones de la familia pudo más, una hora más tarde el juez revocó su propia medida y Dolores fue echada del domicilio cuyo derecho a ocupar le acababa de reconocer.

 

La verdadera independencia es económica

Según la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, las agricultoras son responsables de producir más del 50% de los alimentos del mundo, número que escala el 80% en el Caribe y en el África Subsahariana. Sin embargo, cerca del 60% de las personas subalimentadas en el mundo son mujeres y niñas.

Un informe de la FAO de 2011 afirma que las mujeres representan, en promedio, el 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo. Sin embargo, en las áreas rurales, tienen un menor acceso a los recursos productivos y menos oportunidades que los hombres. El organismo estima que, si se cerrara la brecha de género en la agricultura, “la producción agrícola total en los países en desarrollo podría aumentar en un 2,5% a 4%, lo que a su vez permitiría reducir el número de personas hambrientas en el mundo entre un 12% y un 17%”.

Mientras tanto en la Argentina, y tras el femicidio por parte de su pareja de la agricultora Lucía Correa Arenas (25) en agosto, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) acaba de crear el primer refugio para mujeres rurales víctimas de la violencia de género.

Está ubicado en el corredor hortícola del Gran La Plata y apunta no sólo a darles alojamiento a ellas y sus hijos, sino un lugar donde realizar emprendimientos productivos para su subsistencia. “Los contratos de alquiler y todos los arreglos en relación a las quintas son hechos entre el dueño de la tierra, al que todavía se lo llama ‘el patrón’, y el varón de la familia de quinteros. Esto deja a las mujeres muy desprotegidas; y como sabemos, sin independencia económica no hay independencia verdadera. Por eso al refugio había que pensarlo con una salida económica”, sostuvo Rosalía Pellegrini, responsable de la Secretaría de Género de la UTT en declaraciones a Página/12.

Fuera de estas iniciativas particulares, no hay en curso políticas públicas del Estado para equilibrar la brecha de género en el acceso y control de la tierra.

 

Foto: Juan Alaimes

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