Redacción Canal Abierto | Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revela que pese a ser un área de gran producción de frutas, verduras, pescado y carne a escala global, Latinoamérica es la región que más sufrió el incremento en los precios de los alimentos de los últimos años.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina y el Caribe exportan anualmente productos por valor de 160.000 millones de dólares. De lo comercializado, el 87% tiene como destino el resto del mundo y solo el 13% abastece a los propios países del subcontinente.
En este sentido, el estudio arroja un dato tan alarmante como paradójico: la tasa de inflación de los alimentos promedio para la región alcanzó 43,9% en septiembre de 2022, casi el doble de la media global y muy por encima del 30% registrado en Asia y el 15% de Europa.
Son varias las razones que explican el fenómeno, desde el efecto arrastre post pandemia hasta la depreciación de las monedas a nivel global y el incremento en los combustibles y los fertilizantes producto de la guerra en Ucrania. Sin embargo, lo que queda claro es que el impacto de cada una de las variables no fue parejo, agudizando desigualdades preexistentes.
“Las penas son de nosotros, las vaquitas…”
La Cepal, FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) señalaron que entre 2019 y 2021 creció en 13,2 millones la cifra de personas con hambre en América Latina y el Caribe. Así, según los organismos, la cifra total en la región asciende a 56,5 millones de seres humanos.
“La escalada más reciente de los precios internacionales de los alimentos empezó a mediados de 2020, impulsada principalmente por el comportamiento de los precios de los aceites vegetales y los cereales. Se esperaba que la presión inflacionaria inducida por la pandemia fuera transitoria. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha ocasionado más rupturas en cadenas productivas clave, como las de la energía y los fertilizantes”, indica el informe de FAO.
Entre otras cosas, los organismos internacionales recomiendan la implementación de políticas diametralmente opuestas al fomento del agronegocio extractivista que desde hace décadas predomina en nuestro país. Por ejemplo, una oferta de créditos blandos orientados a la agricultura familiar, “por su capacidad para aumentar la oferta local de alimentos y su potencial para reducir la pobreza extrema”.
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En este sentido, la organización que depende de la ONU pone como ejemplo el Programa ProHuerta. Impulsado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), su objetivo es fomentar la producción en pequeña escala, dirigida a sectores urbanos o periurbanos vulnerables.
A su vez, los especialistas plantean la necesidad de garantizar que los pequeños productores accedan al uso de fertilizantes y biofertilizantes, insumos cuyos precios se dispararon producto de la guerra en el este europeo.
A su vez, el informe de la FAO insta a los gobiernos a mantener o incrementar el control de precios y las ayudas sociales mediante una equitativa transferencia de ingresos: “Al ampliar la cobertura o aumentar los montos otorgados por los programas sociales en respuesta a la actual alza de precios, se debe dar prioridad a quienes son menos capaces de absorber el aumento del costo de los alimentos y de otros artículos de primera necesidad».
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