Redacción Canal Abierto | La noticia trajo cierta calma a los inquilinos del país. O al menos les sacó la soga del cuello. Finalizando la jornada del viernes, desde el Gobierno Nacional se oficializó un rumor que había corrido durante toda la semana: el decreto 766/20 fue prorrogado.

Su contenido era, a su vez, una prórroga del 320/20 firmado y publicado en el Boletín Oficial a poco de declarada la pandemia en nuestro país y las medidas de confinamiento dispuestas para amortizar la propagación del virus. Sus efectos prohibían el desalojo por contrato vencido de alquileres, así como el congelamiento de los precios de locación a la fecha.

Atentos a que la fecha límite se acercaba, el jueves pasado organizaciones de inquilinos se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y a la Casa de Gobierno presentando un petitorio en el que se pedía una medida como la adoptada en pos del trabajo hacia la solución de fondo en la problemática de la vivienda.

Es una medida necesaria y urgente que debía tomar el gobierno. Dos meses es un tiempo que da un aire suficiente para que las familias no sean desalojadas y para que el gobierno pueda implementar un plan de control y cumplimiento de la ley de alquileres y reglamente los artículos que faltan de la ley, por ejemplo el registro de los contratos en la AFIP”, señaló en un comunicado el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz.

 

También planteó que “se necesita un plan de desendeudamiento y que el Ministerio de Hábitat lleve adelante un plan integral de defensa del derecho del acceso a la vivienda. No sólo la construcción, sino también garantizar que alquilar una vivienda en la Argentina no sea una odisea. Y además empezar a discutir una política de control de precios de los alquileres”.

 

Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda y de la campaña #ProhibidoDesalojar con la que movilizaron el jueves, señaló a Canal Abierto que si bien la medida es necesaria, es insuficiente: “No vemos que en este plazo vaya a cambiar la situación económica en el sentido de que los trabajos se siguen perdiendo, las deudas se siguen acumulando. Por eso nosotres en la demanda del jueves pedimos que la extensión del decreto sea hasta el 31 de diciembre, entendiendo que el decreto es un parche y no una solución de fondo. Ese es un tiempo prudencial para que la prohibición real de todos los desalojos nos dé un marco de tiempo para que el gobierno nacional junto a los gobiernos provinciales y las organizaciones sociales podamos pensar salidas de fondo -agregó-. Nosotres creemos que debería ser el dictado de una ley de Emergencia habitacional con algunos puntos básicos en términos de acceso a la tierra y la vivienda”.

El cuarto artículo del decreto original establecía que los montos a abonar por parte de los inquilinos se mantenían según los vigentes al momento de la sanción, en marzo de 2020. Sin embargo, dos artículos después, se aclara que la diferencia entre ese monto y los que fueran sucediendo, se cumulan como deuda, a abonar en un rango de entre 3 y 6 cuotas una vez regularizada la situación con intereses acordes a los del Banco Nación.

Al respecto, Krein reclamó que la deuda que se va acumulando por los alquileres que no se pueden pagar no compute ningún tipo de interés y expresó su preocupación porque “cuando venza el DNU los inquilinos van a tener que pagar el mes ordinario, que va a ser con los aumentos que se produzcan ni bien se liberen los precios, más la deuda acumulada con un interés del 2%”.

 

“Así como decíamos que la deuda no debería computar ningún tipo de interés, también planteamos que ese congelamiento no debe ser abordado por les inquilines. En caso que ese alquiler sea la única manera de subsistencia de quien está alquilando, ese congelamiento lo tiene que pagar el Estado en forma de subsidio. En el caso que sea gente con más de una propiedad en alquiler, empresas inmobiliarias o fondos de inversores, que el congelamiento lo absorban los ricos y no los pobres”, concluyó.

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