Redacción Canal Abierto | El inminente fin de las concesiones de los puertos argentinos y, con ellos, de los permisos de uso incontrolado del Río Paraná y afluentes desató una acalorada disputa al interior del Gobierno sobre el Decreto 949/20.
En él se delegó en el Ministerio de Transporte las facultades de volver a concesionar a privados- sin mediación alguna del Congreso o intervención popular- la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, dragado y mantenimiento de la “vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná-Océano Atlántico”.
La importancia de este curso de agua no es menor. Al año, por la hidrovía Paraguay-Paraná, principal vía de comunicación fluvial de la producción cerealera nacional con el mundo, transitan 4.600 embarcaciones que trasladan el 75% de las exportaciones del país. Actualmente están a cargo de la empresa Hidrovía S.A., gracias a una concesión otorgada por Carlos Menem en 1995 por un plazo inicial de 10 años que fue prorrogado en diversas oportunidades. Ésta caduca el próximo 30 de abril de 2021. Con el decreto que habilita una nueva concesión, se perdería la oportunidad histórica de recuperar el control estatal sobre ese curso de agua.
Aguas liberadas
Rápidamente, se alzaron las voces en rechazo. Desde el espacio multidisciplinario Manifiesto Argentino publicaron un documento que expresa “el imperioso y urgente restablecimiento de la Soberanía Nacional sobre todos nuestros ríos, costas marinas e islas del Atlántico Sur”.
“En vista de que no tendría ningún costo para el Estado Argentino recuperar los puertos concesionados, que deberían pasar al sector público, el Manifiesto Argentino se pronuncia en favor de que el Gobierno y el Frente de Todos definan los modos más urgentes y adecuados para controlar todas las exportaciones e importaciones argentinas, y en particular y en especial las conectadas con el Océano Atlántico y el mundo –afirma-. Las que partir de ahora deberán ser sometidas a estrictos controles, y no ser nunca más aguas liberadas para circulaciones descontroladas y contrabando”.
Asimismo, el Manifiesto destacó que “después del desdichado período claudicante del gobierno anterior, es imperativo reafirmar la soberanía y nuestros derechos sobre todos los ríos interiores, espejos de agua, Mar Argentino, Islas Malvinas usurpadas y las demás islas del Atlántico Sur reivindicadas por décadas, así como la porción de la Antártida que hemos ocupado y atendido consistentemente desde hace más de un siglo”.
“Todo eso está en peligro en estos días” y que, de no derogarse el decreto con urgencia, “ello implicará la inadmisible renuncia de hecho de la República Argentina a su histórica soberanía sobre el río Paraná y el Mar Argentino”. El comunicado está firmado, entre otros, por intelectuales como Mempo Giardinelli, Horacio González, Fortunato Mallimaci, Tununa Mercado, María Teresa Andruetto, Graciela Bialet, y Noé Jitrik; dirigentes sindicales como Hugo Godoy (ATE) y Ricardo Peidró (CTA Autónoma); políticos como Víctor De Gennaro (Unidad Popular), Carlos del Frade (diputado Santa Fe), Delfor Pocho Brizuela (secretario de Derechos Humanos de La Rioja), Claudio Lozano (director del Banco Nación) y Pedro Peretti (exdirector de la Federación Agraria Argentina); periodistas como María Seoane, Néstor Piccone, Telma Luzzani o Alejandro Apo; y personalidades de la cultura como Lidia Borda, Luis Borda , Carmen Guarini o Cristina Banegas.
Pedido de informes
En la misma línea, el senador nacional Jorge Taiana (Frente de Todos) advirtió que el decreto concesiona una estratégica vía fluvial “sin los adecuados controles que defiendan el interés nacional”. Y pidió este lunes que se invite al ministro de Transporte, Mario Meoni, a informar sobre esta concesión y solicitó al Congreso la conformación de una comisión bicameral de seguimiento.
Además, solicitó precisiones sobre la construcción del Canal Magdalena. El mismo es una obra ya incluida en el Presupuesto 2021 que tendría salida directa al mar y evitaría, por ejemplo, que para navegar de cualquier puerto patagónico a cualquier otro sobre el Paraná se deba pasar por puerto extranjero (Montevideo), con los consiguientes pagos de cánones y demoras.