Redacción Canal Abierto | “Era la 1.30 de la tarde. Estábamos en Constitución con Mariana, mi esposa, y como yo entraba a trabajar a las 2, nos quedamos charlando y fumando. Estábamos en la parte del domo porque se había largado a llover y toda la gente estaba adentro. No éramos las únicas, había muchos fumando. En eso un tipo de Metrovías, después de mirarnos un rato largo y de hablar con el policía Jonathan Rojo, se acercó a Mariana y le dijo que apagara el cigarrillo. Sólo se acercó a ella, aunque estaban todos fumando y no había carteles que lo prohibieran. Le dijimos que lo terminábamos y nos íbamos, entonces se acercó el mismo policía y le dijo: ‘Pibe, apagá el cigarrillo’ mientras la empujaba en el pecho”. Así relata Rocío Girat la tarde del lunes 2 de octubre de 2017.

Acto seguido, Jonatan Maximiliano Rojo -oficial de la Policía de la Ciudad- tiró al piso a Mariana y le pisó el cuello. Estuvo esposada durante tres horas y media en la estación frente a toda la gente. A Rocío, su esposa, le negaron información sobre el lugar donde iban a llevarla y la trataban de “amiga”, incluso luego de que ella presentara el acta de matrimonio que llevaba consigo. Durante ese tiempo llegó el SAME y no la atendió, aunque visiblemente tenía la cara lastimada por el golpe. Recién a las 19 pudieron saber el nombre del efectivo que la detuvo, quien se había negado a identificarse. El cargo por el que fue detenida, resistencia a la autoridad, dista mucho de lo que requiere una contravención por fumar en un lugar prohibido.

Al carácter homofóbico de la actuación policial, a lo largo del proceso judicial se sumaron otras postales sintomáticas de una Justicia que vulnera derechos y libertades de la comunidad, en particular las del colectivo LGBTIQ. “Hoy vemos todo como una provocación, pero el colmo es que en varias fojas del expediente se habla del imputado, o incluso que durante la última audiencia, la fiscal llamara Mariano a Mariana”, aseguraba por entonces Rocío en diálogo con Canal Abierto.

Finalmente, el 28 de junio de 2017 -casualmente, Día Internacional del Orgullo LGBTQ- la Justicia condenó con un año de prisión en suspenso a Mariana Gómez y una garantía de caución de más de 50.000 pesos. “No tenemos ese dinero. Somos trabajadoras, y al igual que cualquiera en este país se nos hace difícil llegar a fin de mes”, explicaba la jóven.

En cuanto a la imputación por lesiones, es tal el grado de sinrazón de la acusación que hasta la policía mujer que actuó -supuesta víctima de Mariana- declaró que la acusada no había tenido intención de lastimarla. Según testificó, Mariana se “agarró de lo que pudo (su pelo)” en el momento en que Rojo la violentaba para arrojarla al suelo”. La fiscal y la jueza no sólo eligieron no dar peso suficiente al testimonio, sino que argumentaron como aún “más grave” esa supuesta agresión a la oficial porque, explicó fiscal Diana Goral, las mujeres sufren más tener una “alopecia visible” que los hombres.

En su declaración, el oficial Rojo expuso que trató de contener y consolar a Rocío, y tildó de violenta a Mariana, en un intento por caracterizar a Girat como una persona débil e impedida para defenderse por sus propios medios.

Hoy Mariana Gómez fue la protagonista de la última audiencia virtual antes de que la Cámara Nacional de Casación Penal resuelva si hace lugar o no a su pedido de absolución. En la misma expusieron la defensa de la joven violenta y el Inadi, la Defensoría General de la Ciudad y la Federación LGBT+, en calidad de amicus curiae (“amigos del tribunal”).

 

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“Esperamos que la absolución termine por exponer la discriminación que vivimos en la estación Constitución”, afirmó Rocío a Canal Abierto, y reclamó: “Es tiempo de terminar con esta tortura judicial”.

Una historia de injusticias

Mariana Gómez y Rocío Girat se conocieron en 2014, en los estudios de Telefé, cuando fueron a dar testimonio sobre los abusos sexuales que habían sufrido cuando eran menores de parte de familiares, y a reclamar prisión efectiva para quienes habían sido sus violadores.

Marcelo Girat, un oficial de la Armada, violó y golpeó sistemáticamente a Rocío, su hija, durante toda su adolescencia. Si bien su denuncia terminó con la condena a 14 años de prisión para su progenitor, éste logró el beneficio de la prisión domicilia al poco tiempo.

En el caso de Mariana, su violador también goza de arresto domiciliario porque en la cárcel carecen de los insumos para tratar su diabetes. “Que el Estado gaste dinero en esta causa contra nosotras es vergonzoso y doloroso, sobre todo cuando podría destinarlo para, por ejemplo, tratar a gente que sufre enfermedades en la cárcel y no dejarlos en libertad”, señala Rocío.

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