Redacción Canal Abierto | Hoy se desarrolló una nueva jornada de audiencias en el caso que investiga lo ocurrido en la madrugada del 1º de enero cuando Juan Ignacio Buzali, el marido de la Funcionaria municipal platense y diputada provincial bonaerense por Juntos por el Cambio Carolina Píparo atropelló a dos jóvenes motociclistas, arrastró la moto tres cuadras y escapó.

Buzali se encuentra detenido desde el 8 de enero con prisión preventiva confirmada. La audiencia del día de hoy atendía a su pedido de cumplir la preventiva en modalidad domiciliaria, pero la representación legal de Luis Lavalle, uno de los jóvenes embestidos aportó pruebas que podrían obstaculizar ese privilegio.

En una conferencia de prensa dada junto a Lavalle y Nadia Videla, amiga del agredido que viajaba en otra moto al momento del ataque, el abogado Martín de Vargas contó que aportaría contratos de alquiler de la quinta de Grand Bell en la que fue detenido Buzali y donde junto a Píparo declararon vivir, a pesar de probarse que tenían asiento domiciliario en la ciudad de Buenos Aires.

“Ella vive en un departamento de Juana Manso en Puerto Madero que lo compran por 200.000dolares y lo declaran como vivienda única cuando ya tenían otras dos viviendas a nombres de ellos que compraron en 2012 y 2013. Sus hijos estaban matriculado en un colegio de San Telmo y ahora los matricularon en La Plata. El eje de su vida estaba en Puerto Madero, con lo cual nos damos cuenta que está mintiendo el domicilio. Eso es fundamental para el tema del arraigo. Estamos tratando de demostrar que esta persona no tiene arraigo para un arresto domiciliario. Si le dan la domiciliaria será con documentación falsa”, reveló De Vargas.

“Por último la operación para evadir impuestos de sellos, la declaran par 200.000 dólares que es el límite en la capital, cuando el metro cuadrado de propiedad que ellos tienen en Puerto Madero vale entre 6.000 y 6.5000 dólares. Así que estamos hablando que tiene una propiedad que vale 600.000 dólares. Además sumado al tema de que está alquilando por 60.000 pesos en el Grand Bell cuando eso es lo que sale una casa en el centro”, agregó.

El domicilio del matrimonio de Píparo y Buzali fue un enigma desde el comienzo de la causa. A los domicilios de Grand Bell y Puerto Madero, se agregó el de la casa en la que vive el padre de Buzali y frente a la que sufrieron el asalto la madrugada de año nuevo. Tampoco estaba claro el plazo de alquiler en el country, que en distintas ocasiones fue declarado por dos o seis meses. Y ante la requisitoria de documentación, De Vargas señaló que no tiene garantía, plazo ni certificación ante escribano y irregularidades a la ley de alquileres.

Y planteó que “si fuera una persona pobre que vive en una casilla en Villa Catela y que no tiene trabajo fijo, queda preso. No queremos que haya una justicia para rico y otra para pobres. Queremos que estos señores que están mintiendo desde el principio en contra de las leyes de ética pública”.

Todo verso es político

La cuestión de domicilio no afecta solamente a la situación procesal de Buzali, sino que alcanza a la posibilidad de reelección de Píparo. El artículo 85 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como obligación para los legisladores residir en alguno de los 135 distritos bonaerenses. Su mandato vence este año y debería renovarlo. Además, es una de las caras más importantes de Juntos por el Cambio en la capital bonaerense, representando al ala más dura referenciada con la presidenta del PRO y ex ministra de seguridad Patricia Bullrich. No son pocos los que la ven como posible sucesora del actual intendente Julio Garro, quien a comienzos de su segundo mandato la incorporó a su gabinete como Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género.

Desde el primer momento, caída la coartada de la defensa propia frente a la amenaza de que quienes los perseguían eran asaltantes armados, la estrategia de defensa fue la de la politización del  caso. Con el cambio de Fernando Burlando y Fabián Améndola por Marcelo Peña, recordado por las defensas de genocidas como Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich y por su candidatura al palacio municipal por el Frente NOS de Gómez Centurión, hubo una estrategia más agresiva que volvió a incorporar la duda sobre las víctimas y una campaña en torno a los defensores que incluyó intervenciones de influencers en redes sociales.

Consutlado al respecto por Canal Abierto, De Vargas sostuvo que “tengo que destacar que Burlando es un excelente profesional que se ha comportado con ética. Hay una difusión de una campaña por parte de la defensa atacando a mi persona, atacando a los chicos, atacando a los jueces, atacando a los fiscales. Hay tres jueces que decidieron que esto fue una tentativa doble de homicidio. Yo creo que se va a afirmar de vuelta lo que la cámara viene sosteniendo y que la defensa intenta cambiar: acá existió un delito, lo cometieron ellos, se están tratando de posicionar en víctimas y Píparo se convirtió en vocera de Buzali”.

Están tratando de ensuciar a la jueza, a quien yo recusé porque su hijo es funcionario del gobierno municipal de Cambiemos. Ellos están diciendo que es una jueza de la justicia K cuando todos sabemos que Juan Manuel Martínez Garmendia es funcionario de la Municipalidad de La Plata de Julio Garro. Están haciendo una campaña difamatoria queriendo mostrar que hay una justicia politizada que lo quiere meter preso y lo están instalando en los medios de comunicación”, concluyó el letrado.

 

 

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