Redacción Canal Abierto | Juan Ignacio Buzali accedió al beneficio de prisión domiciliaria. Así, el marido de la diputada provincial bonaerense y funcionaria de la Municipalidad de La Plata Carolina Píparo podrá cumplir la preventiva dictada en la causa que investiga el atropello de dos jóvenes durante la madrugada de año nuevo en el cómodo chalet que el matrimonio alquiló en el exclusivo country platense Grand Bell.

La medida fue ordenada por la titular del Juzgado de Garantías Nº5 de La Plata Marcela Garmendia y confirmada ayer por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías. En función del cumplimiento de la pena, Buzali deberá usar tobillera electrónica.

El marido de la referente del PRO en la capital bonaerense está acusado de haber atropellado a Luis Lavalle y Iván Coronel, dos jóvenes que viajaban en moto en la madrugada del 1º de enero de este año buscando las tradicionales quemas de muñecos con que los platenses reciben cada nuevo año.

Desde la querella que representa a Luis Lavalle, el abogado Martín De Vargas adelantó que la medida será apelada ante el Tribunal de Casación.  “Hay una cosa muy rara y es que el Juzgado de Garantías ya lo mandó a la casa cuando la resolución de Cámara no está firme. No pasó el tiempo procesal para que adquiera firmeza. Primero hay una anomalía procesal de por qué esta persona está en la casa sin resolución firme. Va a haber si al juez de garantía le cabe algún tipo sanción en el Consejo de la Magistratura”, señaló ante la consulta de Canal Abierto.

También interpretó que la acción no se condice con las reglamentaciones vigentes ya que “en los considerandos, la Sala no tienen en cuenta los derechos de la víctima contemplados en la ley de víctimas. En virtud de todo lo que dice el código procesal de que no se puede procesar un arresto domiciliario si no está firme. Acá no pasa por que tiene que haber dos resoluciones iguales. No estamos hablando de una prisión preventiva que la denegaron y se la ratificaron en cámara. Esto es una prisión domiciliaria y el código dice otra cosa”.

Otro aspecto que señalo el letrado es el que se presentó como principal argumento en contra de este beneficio y es el dudoso arraigo del acusado. En las distintas instancias declaratorias se presentaron diferentes domicilios: el de Grand Bell, Puerto Madero y el del padre de Buzali. Además, tampoco está claro el plazo del alquiler en el country.

“Hay un contrato de alquiler que según su propias declaraciones es trucho. Primero lo habían alquilado por enero y febrero, pero después era desde septiembre y aparece una extensión firmada en febrero, después de los hechos”,  advirtió el abogado, quien adelantó que se está preparando una denuncia por enriquecimiento ilícito contra la funcionaria. Según el letrado el costo de estos alquileres y propiedades no se condicen con los ingresos declarados por el matrimonio.

“Lo que cuestionamos es que el contrato de alquiler mediante el cual le dan el arresto domiciliario es trucho. Y al ser apócrifo existirían peligros procesales”, agregó.

Y concluyó: “vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. No puede ser que haya una justicia para pobres y otra para ricos. Hoy vemos que la sala resolvió esto, porque mientras en un mes le resolvieron el recurso anterior y en pocos días le resolvieron este recurso. Yo tengo clientes que están desde noviembre o diciembre del año pasado esperando una resolución de esta cámara. Acá vemos que hay una diferencia de trato por parte de la justicia”.

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