Por Gladys Stagno | El comunicado con el que la Mesa de Enlace anticipó el lockout que lleva adelante hasta el 28 de mayo habla del “disgusto de los productores” y de su rechazo a un cierre de exportaciones que sin duda perjudicará a toda la Argentina”.

La estrategia discursiva de tomar sus intereses por los de todo el país –o disfrazar la extorsión de consecuencia inevitable- no es nueva en el sector agroexportador.

En un artículo titulado “Apuntes para el estudio de las fracciones del capital durante el tercer gobierno peronista (1973-1976)”, publicado en diciembre último en la revista Realidad Económica, la socióloga, economista e investigadora del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), Cecilia Vitto, se remonta a la historia de los primeros lockout patronales, que ocurrieron como respuesta al proyecto económico de José Ber Gelbard, ministro de Economía durante la última presidencia de Juan Domingo Perón.

“El intento de Gelbard se dio en un momento donde había más capacidad estatal y más control del sector, con las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, y así y todo generó un conflicto que todos sabemos cómo terminó. Pero la reacción de las entidades fue muy similar. Sobre todo se puede ver de 1974 hasta 1976, con la conformación de la APEGE, que con la Mesa de Enlace tiene un paralelismo interesante; en 2008, con las retenciones móviles; y ahora”, sostiene Vitto en diálogo con Canal Abierto.

 

La ofensiva final

La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) se conformó en agosto de 1975 como la instancia en la cual, según la investigadora, “las clases dominantes pasaron a la ofensiva final” y se volvieron protagonistas de actividades de desestabilización que propiciaron la llegada de la dictadura militar de 1976.

Con ciertas similitudes a la actual Mesa de Enlace, la organización nucleaba a la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Cámara de la Construcción (CAMARCO), y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), entre otras múltiples entidades.

“Uno de los proyectos más importantes del plan de Gelbard fue el anteproyecto de la Ley Agraria, que era muy interesante porque consideraba la tierra como un bien social, para el bienestar de la sociedad, y preveía la producción agrícola comunitaria en los casos de antecedentes de cooperativas y demás. Las entidades terminaron difundiendo que esa modalidad iba a ser obligatoria y, como todo, cuando se empieza a difundir de cierta forma muy poca gente se toma el trabajo de leer con detalle la ley”, recuerda la economista.

Y agrega: “Otra de las cuestiones que generó mucho malestar es que la ley preveía unidades mínimas de producción para que la tierra fuera más rentable. Lo que implicaba eso era una expropiación y posterior redistribución para que cada minifundista tuviera una unidad de explotación adecuada. El Estado adquiría la propiedad y luego la distribuía. Esto también se tergiversó y se hacía entender que los productores se iban a quedar sin la tierra”.

Decididos a ir contra el plan de Gelbard –que se proponía fomentar el desarrollo nacional a partir de una planificación integral de la economía y para eso establecía distintas regulaciones al sector agroexportador–, desde la APEGE los productores rurales comenzaron las hostilidades mediante la suspensión del envío de ganado a los mercados. “Esta ofensiva incluyó varios lockout patronales, que resultaron los primeros en la historia del país”, detalla Vitto en su texto.  Más tarde, el 16 de febrero de 1976, la APEGE organizó un paro general empresario contra el gobierno de Isabel Perón que fue promocionado como una defensa de los “intereses generales”.

 

En el medio, estamos todos

En un intento por recuperar el control sobre el mercado de exportaciones de carnes, granos y lácteos, la Resolución 60/2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que fue publicada el 19 de abril dispuso la obligación de inscribir las operaciones para posibilitar su seguimiento. La medida fue tomada luego de varios meses en los que se detectaron múltiples casos de subfacturación de exportaciones y de otras maniobras para eludir la liquidación de divisas por parte del sector.

Un mes después, el jueves 20 de mayo la cartera que conduce Luis Basterra publicó la Resolución 75/2021 que suspende la exportación de carnes por 30 días, luego de un aumento sostenido de los precios en las carnicerías argentinas que llegó al 60 por ciento en un año.

La respuesta de la Mesa de Enlace –que integran la SRA, Coninagro, la CRA y la Federación Agraria (FAA) y que no fue acompañada por todo el sector- fue el anuncio de un lockout desde el 20 hasta el 28 de mayo, con la advertencia de que podría haber “medidas más fuertes”.

“La medida apunta a contener el precio interno, a poner un freno y sentarlos a la mesa de negociación para reestructurar el sector. Pero en declaraciones que fui encontrando aparecen cosas como ‘la ciudadanía está harta’, como si reestructurar a una fracción o a un sector, que el Estado considera que es para el bienestar de la mayoría de la población, fuera en contra de la ciudadanía –analiza Vitto–. Hay un tema de cómo construir hegemonía que es lo que les garantiza que el discurso sea exitoso. Vos querés controlar y hacer un plan de desarrollo, que te explota porque te lo hacen explotar, pero la linealidad discursiva es que la consecuencia va a ser una explosión de precios. Y no es la consecuencia. La consecuencia es que va a haber actores sociales y políticos que van a responder con determinadas medidas que van a tener como consecuencia eso. Durante el macrismo hubo una liberación absoluta del sector y no hubo crecimiento. No aumentó ni la cantidad de toneladas de granos ni la cantidad de cabezas, lo que aumentaron fueron los precios. Y, por ende, las ganancias. Hay que tomarse el trabajo de ir deconstruyendo ese discurso que se da como natural”.

¿Hay posibilidad de construir una Argentina pujante sin control del sector agroexportador?

–No, y es parte de la tragedia nuestra. Ese sector tiene tanto poder económico que no le gusta nada que lo regulen. Lo que se necesita, a mi entender, es un gran apoyo social para poder regularlo y que acaten. Es la gran debilidad del Estado frente al capital. El Estado tiene que velar por el interés de toda la sociedad, y si tiene mayor poder estructural el que dispone de los medios económicos es un problema para el Estado. Esa es la lucha histórica en la cual, en el medio, estamos todos los argentinos.

 

Ilustración: Marcelo Spotti

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