Redacción Canal Abierto | “Casi el 5 % de las niñas argentinas menores de 18 años están casadas o en situación de convivencia con hombres en su mayoría entre 10 y 15 años mayores que ellas”. Así comienza el informe que realizó la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) que desnudó una realidad tan anacrónica como terrible.
El estudio se realizó en el marco del Proyecto Matrimonios y Uniones Convivenciales en la Argentina, que se viene desarrollando desde octubre de 2019 con el apoyo del Fondo Fiduciario de ONU Mujeres para la Lucha contra la Violencia. Y desnudó que nuestro país, con un promedio nacional de 4,7% de las niñas y adolescentes en esta situación, no se despega de su contexto continental: Latinoamérica y el Caribe es la región que mayor incremento de matrimonios y uniones convivenciales infantiles ha tenido en los últimos años, donde el 30% de las mujeres de 20 a 49 años se casaron o convivían antes de los 18 años y el 18% antes de los 15.
Para el informe se consideró “matrimonio infantil” a toda unión formal o informal en la que una o ambas partes tienen menos de 18 años. La misma se considera forzada si una o ambas partes no consintieron libremente. Y siempre es forzada si incluye menores de 15 años, ya que éstas no tienen capacidad de consentir.
Según la legislación argentina, quien no haya cumplido los 16 años sólo puede casarse con autorización judicial y, entre los 16 y 18, con consentimiento de sus representantes legales.
El factor cultural
El problema no se reproduce igual en todo el territorio nacional. En un mapeo, el estudio muestra que son las provincias que lideran las cifras de niñas y adolescentes -de 14 a 17 años inclusive- casadas o conviviendo son Misiones (7,2%), Chaco (6,9) y Formosa (6,4%). Seguidas por Santa Fe y Entre Ríos (5,4%), Santiago del Estero y Corrientes (5,3%), Salta (5%) y La Rioja (4,9%).
Según FEIM, el matrimonio o las uniones convivenciales infantiles se consideran “pertenecientes al ámbito familiar y privado”. “Los mandatos culturales y ancestrales existentes aún en muchas provincias y los roles estereotipados de género contribuyen a propiciar la persistencia y naturalización de estos matrimonios o uniones a edades tempranas en la sociedad”, resume.
Un caso paradigmático es, quizá, el departamento formoseño de Ramón Lista que, con un 15,4% de niñas y adolescentes en matrimonios o convivencias, duplica el porcentaje provincial. En esa localidad más del 80% de la población es wichi.
“Si bien en las regiones de NEA y NOA, el factor cultural y étnico influye en las altas frecuencias, debido a la migración a otras provincias es difícil saber en qué medida siguen pesando estos factores en otras áreas. La pobreza es un determinante también de estas uniones o matrimonios”, resume el estudio.
Violencia, abandono escolar y niñas madres
Entre los problemas asociados al matrimonio infantil se encuentran el abandono escolar, la maternidad adolescente, el aumento de la violencia de género en estas uniones y el mayor riesgo de infección con VIH.
En números, y según datos de la Oficina de la Mujer para el período 2017-2019, 119 niñas, adolescentes y jóvenes menores de 20 años fueron víctimas de femicidio, tanto directo, como vinculado; 72 niñas y adolescentes de entre 14-19 años fueron víctimas directas de femicidio, el 50% de vínculos entre parejas y ex parejas; si tomamos sólo el segmento de niñas de hasta 14 años, 47 de ellas fueron víctimas de femicidios vinculados: el 58% eran sus padres o padrastros y el 2% su pareja.
De acuerdo a las denuncias registradas en la Línea 144 del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación (2019-y primer semestre de 2020), hubo 688 casos de violencia contra las mujeres y niñas de 10 a 18 años inclusive. En el 50% de los casos, el agresor era la pareja, novio o ex. En 2019, el 100% convivía con su pareja/novio, y en 2020 el 98%.
El tipo de violencia que prima es la física y psicológica, pero también inciden violencias de tipo simbólica, sexual y económica, especialmente para el rango de 15 a 19 años.
En términos regionales se muestra un claro predominio en las regiones de NEA y NOA. La violencia creció a partir del aislamiento por COVID-19.
“El aislamiento, la restricción de la libertad y el embarazo posicionan a las niñas y adolescentes en una relación desigual de poder con sus parejas y con la imposibilidad de poder acceder a información, atención de su salud, educación y a sus redes familiares, volviéndose un círculo peligroso de violencia”, resume el estudio.