Redacción Canal Abierto | Desde 2003, en la casona de Caseros 200, Haedo, funciona El Transformador, una asociación civil que, según cuentan quienes lo llevan adelante, “trabaja con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle; mujeres que padecieron violencia de género; cooperativistas; talleristas; y productoras y productores de la economía popular y solidaria”. Pero eso puede dejar de ocurrir si el juicio de desalojo que pesa sobre el lugar prospera.

La historia en relación a la propiedad de la casona atravesó varias etapas. Tiempo atrás, perteneció a Manuel Fresco, gobernador de Buenos Aires entre 1936 y 1940. Tras su fallecimiento fue abandonada y en 1992 fue declarada Monumento Histórico Municipal. Cuando El Transformador, que nació de una olla popular, necesitó un lugar estable donde funcionar, la casona de Fresco fue el destino. “Hubo un acuerdo de palabra con una parte de la familia, pero después aparecieron otros herederos que iniciaron una demanda por desalojo”, explica Susana González, presidenta del espacio de niñez, en diálogo con Canal Abierto.

Para resolver el conflicto, en 2013 se sancionó una ley de expropiación que frenó el desalojo, y estableció en cuatro años el tiempo en el cual el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires debía pagar cierto monto a la familia que representaba la cesión del espacio. Al cabo de ese lapso, la declaración de Monumento Histórico quedaría firme y la propiedad en manos provinciales.

“Lo que se esperaba era que, una vez que pasara a manos de la Provincia, ésta lo diera en comodato a la asociación civil, que es lo que en general hace con los espacios culturales. Pero como la Provincia no pagó en el plazo acordado el proyecto se cayó en 2018 y el juicio continúa al día de hoy–detalla González–. Ahora lo que tenemos es una puja con los herederos. Por parte de Provincia, la autorización para trabajar con pibes, becas, autorización para que funcione el mercado agroecológico. Y, a nivel legislativo, tenemos media sanción del proyecto de ley que detiene el desalojo por 180 días y ocurrió la semana pasada. Pero lo que necesitamos es que se legisle sobre la expropiación y para eso necesitamos que avance otro proyecto de ley, presentado por el diputado provincial Adrián Grana (FdT), que todavía está en comisión”.

 

Valor social e histórico

La idea de declarar a la casona donde funciona El Transformador como Monumento Histórico se basa en que, durante la gobernación de Fresco, en ella sucedieron algunos hechos que la convierten en un lugar importante para la memoria social. Allí se elaboró parte de la estrategia para llevar adelante el golpe de Estado de 1930, el primero de la historia. Y de allí partieron los convoyes para tomar la base aérea de El Palomar en ese mismo marco.

Hace dos semanas, el juicio por el desalojo de El Transformador llegó a sentencia. Pero el jueves pasado, la jueza falló a favor de la asociación civil, aunque todavía se espera que la Cámara ratifique la sentencia. Sin embargo, el mismo puede ser apelado por la familia Fresco, hasta tanto la expropiación sea efectiva.

El transformador

“Es un hermoso precedente, pero más allá de que se resuelva este juicio de desalojo, incluso a nuestro favor, la familia puede seguir haciendo presentaciones judiciales. Es un poco una carrera contra el tiempo y esta situación nos limita la posibilidad de proyectar porque no sabemos si nos podemos quedar. Lo único que va a parar el conflicto es la expropiación, que la Provincia se haga cargo de que este espacio tiene que ser comunitario”, afirma la trabajadora social.

Y finaliza: “Necesitamos transmitir el valor social que tiene el espacio. Funciona un centro de día, hay un montón de familias en situación de calle que encuentran acá un lugar donde comer, donde bañarse; mujeres en situación de violencia que asisten al espacio donde se trabaja con ellas; hay talleres culturales; un mercado agroecológico al que vienen a comprar unas 700 personas por semana. También hay una historia de crecimiento en el espacio. Muchas personas que transitaron el acompañamiento en situación de violencia de género hoy llevan adelante esos talleres. Muchos pibes y pibas que vinieron siendo niños hoy son educadores del espacio de niñez. No entenderíamos que el Estado no nos apoye porque estamos llevando adelante una política pública. Este lugar no puede quedar en manos de una familia y poner un restorán, tiene mucha historia, tiene que ser de la Provincia y que nosotres y todes los que quieran usar ese espacio puedan hacerlo”.

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