Redacción Canal Abierto | Vicentin recibió un nuevo revés judicial. Esta vez por parte de la Cámara Federal de Resistencia, que emitió un fallo que prohíbe que la cerealera haga cambios en la participación accionaria de sus empresas. La medida surge en una causa iniciada por la Unidad de Información Financiera (UIF) por endeudamiento excesivo con el Banco Nación y presunto desvío de dinero hacia otras compañías del grupo y cuentas en el exterior.

La medida impide que la empresa sea vendida ni que entren a ella nuevos socios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Esto daría por tierra las intenciones de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro (Grupo Perez Companc) y Viterra (Glencore) de hacerse con Vicentín, cuya representación legal adelantó que apelarán el fallo.

Claudio Lozano es director del Banco Nación y fue a partir de una investigación suya sobre los préstamos irregulares que la banca estatal le dio a la empresa bajo la gestión de Javier González Fraga que la situación de Vicentin salió a la luz. Consultado por Canal Abierto, sostuvo que “es un fallo que cuestiona todo lo que han sido los procesos de venta, de transacciones o de modificaciones en las participaciones accionarias que el grupo empresario ha venido haciendo en los últimos tiempos que incluyen, entre otras cosas, ventas de activos, transferencias, por ejemplo del frigorífico Friar, la venta de la participación o parte de la participación que tenía el grupo Vicentin en una empresa fundamental como es el caso de Renova, y así sucesivamente”.

El economista no desliga este fallo de las conclusiones de la auditoría forense que se llevó a cabo en el marco del concurso comercial que se dieron a conocer hace tres semanas. Al respecto, sostuvo que “ahí se ve con absoluta claridad que el grupo utilizó la estructura empresarial para derivar recursos que provenían del negocio de la molienda de la soja y de su exportación a través de distintas transacciones entre las empresas propias”.

Y recordó que “todas esas empresas eran deficitarias: el grupo capturaba fondos del negocio exportador de la molienda de soja y esos fondos eran derivados a otras empresas que en realidad eran deficitarias En la práctica les servían de pantalla para derivar recursos fuera del negocio. Incluso de alguna manera esto también lo establece la auditoría forense”.

Lozano manifestó que espera que este fallo sirva como precedente en las definiciones que tome el juez del concurso. “Se tendrían que revisar todas las operaciones. Porque esto implica que todas las operaciones que hizo Viecntin en el último tiempo están sospechadas y consecuentemente deben ser revisadas y deben ser puestas en función de lo que tienen que cobrar los acreedores”, señaló.

“Vicentin vendió una parte de la participación accionaria que tenía en Renova. Eran dueños del 50% de Renova y ahora tienen el 33%. El 17% lo vendió. Esa operación tiene que ser revisada porque ese 17% puede estar malvendido. Del mismo modo vendió otra empresa, vendió un avión y distintos tipos de cosas. Todas estas operaciones tienen que ser revisadas para poner ese patrimonio que Vicentin teóricamente vendió o se sacó de encima para evaluar si está bien realizada la operación. Porque lo que probablemente surja es que no podía hacerlo y consecuentemente ese activo vuelve al patrimonio del grupo y está como patrimonio para responder ante las deudas”, explicó.

También aventuró que los avances judiciales sobre el conglomerado exportador podrían darle una nueva oportunidad al Estado de intervenir para conformar una empresa testigo. “El Estado podría tratar de agrupar sus acreencias más las de algunos productores y buscar quedarse con la empresa”, sugirió.

“Es una exportadora en una actividad que tiene muy buenos precios internacionales en este momento. Así que hay un tiempo dentro del concurso donde otra vez el Estado tiene elementos y herramientas para poder intervenir para quedarse con la empresa y pensar en un diseño de lo que yo creo que sigue siendo imprescindible que es construir una empresa testigo del comercio exterior”, agregó.

Y sostuvo que “para hacer eso hay que preparar en este tiempo un plan de negocios para estar en capacidad de mostrar que esa empresa tiene viabilidad y que funcionando puede devolver el resto de las deudas a aquellos acreedores que efectivamente van a querer cobrar”.

“Me parece que todo esto forma parte de un escenario posible que se puede abrir en los próximos meses. Dado el contexto internacional da la sensación de que, si uno les garantiza financiamiento a los productores, no hay ninguna razón para que esa empresa no pueda funcionar”, señaló.

“El Estado ganaría con el hecho objetivo de que se quedaría con una parte de una empresa testigo del comercio exterior, algo que nos vendría bien para poder tener una fiscalización más adecuada del ingreso de divisas. Como sabemos, en el comercio de granos la estimación disponible es que el 20% de las exportaciones de la Argentina no se declaran en la Argentina”, concluyó Lozano.

 

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