Por Mariano Vázquez | El jueves 8 de julio el canciller boliviano Rogelio Mayta denunció en conferencia de prensa: “Hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia que el gobierno de (Mauricio) Macri en Argentina aportó con material para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno de facto de Añez. Vamos a pasar esta información a la Fiscalía porque consideramos esta situación de extrema gravedad y absolutamente inaceptable, porque es una contribución, ha sido una contribución para que se cometan graves violaciones de derechos humanos”. Exhibió como prueba la nota de agradecimiento del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros, al exembajador de la Argentina en Bolivia, Normando Álvarez Díaz, hoy ministro de Trabajo de Gerardo Morales, por la munición brindada. La carta fechada el 13 de noviembre de 2019 habla “del apoyo internacional entre nuestros países”.

Instantáneamente, el presidente Alberto Fernández le envió una carta a su par de Bolivia, Luis Arce, pidiendo disculpas en nombre del gobierno y pueblo argentino por la “colaboración del gobierno de Macri con las fuerzas que perpetuaron el Golpe de Estado” y ordenó a los ministerios involucrados iniciar investigaciones urgentes. Arce respondió: “Repudiamos el apoyo del gobierno del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, al Golpe de Estado que vivimos el año 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia. El envío de material bélico para reprimir al pueblo boliviano contraviene las normas internacionales”.

Mientras avanzan en Bolivia y Argentina las denuncias penales contra el expresidente Mauricio Macri y funcionarios de la gestión Cambiemos por envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019 en pleno desarrollo del golpe de Estado contra Evo Morales, Canal Abierto dialogó con Nadia Cruz, Defensora del Pueblo de Bolivia, y Luis Paz, abogado de Milagro Sala y la Tupac Amaru Jujuy, sobre las posibles derivaciones judiciales de este escándalo internacional.

Para Nadia Cruz “es significativo que esta información se haga pública porque esto coadyuva a la posibilidad de esclarecer todos los hechos y qué actores participaron que no estaban mapeados ni los teníamos en consideración como gobiernos extranjeros, en este caso el de Argentina a través de Macri es algo que nos llama la atención”. Y agrega:

“Esto nos ayuda a seguir sosteniendo nuestra acusación sobre las masacres y el ataque que hubo de fuerzas militares y policiales en Bolivia contra la población civil”.

En tanto que Luis Paz considera que “no hay claridad hasta el momento respecto a si se trata de una venta o una donación. Lo que sí está claro es que se debe investigar el contrabando de armamento y municiones para reprimir civiles en lo que fue un claro apoyo al gobierno de facto de Jeanine Añez. Hay que recordar que luego de haber recibido el material bélico ocurrieron las masacres de Sacaba y Senkata”.

Y considera: “En ese contexto, además del delito de contrabando, propiamente dicho, se los debe juzgar como partícipes necesarios de sedición o alzamiento contra la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. También es claro que con ese accionar Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Jorge Faurie, Oscar Aguad, Normando Álvarez García y otros, comprometieron la paz y la dignidad de la nación argentina, participaron en el delito de rebelión e incumplieron sus deberes de funcionarios públicos”.

Ante la consulta sobre si es posible que se haga una denuncia en la Corte Penal Internacional ambos entrevistados contestaron que sí. Cruz indica que “ya es factible solamente por los tipos penales que establecimos en el Estatuto de Roma y por el alcance de la Corte Penal”, pero considera que “es el Estado de Bolivia el que primariamente le debe justicia a las víctimas, confiamos en que sea nuestra Justicia la que responda primero a la obligación internacional de dar justicia a quienes padecieron graves violaciones a los derechos humanos porque durante las intervenciones militares se cometieron asesinatos en lesa humanidad”. Al respecto, Paz asevera que la CPI “está facultada para ejercer su jurisdicción sobre las personas que hayan cometido crímenes y violaciones de derechos humanos más graves y de trascendencia internacional como crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión”. En ese punto, el Artículo 7 del Estatuto de Roma establece que “son crímenes de lesa humanidad cuando el o los crímenes se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Todos los funcionarios del gobierno anterior, ahora implicados, tenían pleno conocimiento de que en Bolivia se había gestado un golpe de estado y no hicieron nada para impedirlo. Todo lo contrario fueron colaboradores y lo apoyaron”, amplia el letrado.

Uno de los descubrimientos derivados de esta denuncia se conoció a través de Álvarez García, quien desnudó que la administración de Macri negó ayuda para salvaguardar la vida de Evo Morales, quien en esos momentos era buscado por la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP): “Solicité a diferentes dirigentes y funcionarios argentinos autorización (que no fue concedida) para que el avión de Evo Morales pueda aterrizar en Argentina”, asegura el exembajador.

¿Esto no constituye un delito porque en ese momento peligraba la vida del exmandatario? “Si bien no constituye delito en sí mismo, la República Argentina tiene históricamente tradición de acogida. Tanto Morales como Álvaro García Linera fueron desamparados por el gobierno anterior. Hicieron todo lo posible para que fueran detenidos, como mínimo”, contesta Luis Paz.

“Como Defensoría del Pueblo de Bolivia creemos que todos los responsables deben asumir ante la justicia su grado de participación. Los gobiernos de Mauricio Macri y de Lenin Moreno de Ecuador han reeditado un amague de implementar un Plan Cóndor 2 dentro de Bolivia. Por las violaciones a los derechos humanos cometidas correspondería que estas exautoridades de estos estados también puedan comparecer ante la Justicia para establecer sus grados de responsabilidad”, sostuvo Nadia Cruz.

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