Readacción Canal Abierto | Si bien los métodos de explotación se han refinado -teletrabajo, auto-explotación, tercerización y otras tantas variables con las que el capital extrae plusvalor del sudor de la clase obrera-, estas sofisticaciones parecen no haber llegado a algunos sectores de la industria agropecuaria, tan afecta a la explotación a la vieja usanza: la esclavitud. Nada de reformismos, revoluciones francesas o innovaciones librecambistas, la explotación hecha y derecha.

Es el caso del empresario agrícola Fabián Cataldo, ingeniero agrónomo, y su empleado Carlos Ernesto Mansilla, de Quimilí, Santiago del Estero, imputados por someter a la esclavitud a 24 víctimas -entre ellos cuatro menores- delito penado en el Artículo 145 bis y 145 ter del Código Penal, que establece:

“Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.”

 

Los hechos

El 27 de noviembre de 2020 la Gendarmería Nacional transmitió a la Fiscalía Federal la denuncia realizada por Silvia Camiletti, empleada de la Delegación Santiago del Estero del Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la Línea 145 del Programa Nacional de Rescate, por una posible situación de explotación laboral.

Camiletti narra haber recibido una denuncia en la delegación tras lo cual realizaron una inspección junto al RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) en un campo cercano a la ciudad de Colonia Dora. En el predio denominado “El Canuto”, ubicado sobre la ruta provincial N° 92, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Añatuya, encontraron a 32 personas en situación de explotación laboral, en precarias condiciones, todas oriundas de distintas localidades de la provincia. Según los testimonios levantados una de las personas tenía 15 años y el resto entre 20 y 30 años.

Quimili, Santiago el Estero, trata
Carpas improvisadas con nylons por los propios trabajadores del campo “El Canuto”, Quimili, Santiago el Estero, trata

“Estaban divididos en grupos de 4 a 6 personas, en carpas hechas con bolsas plásticas, sin acceso a agua potable, ni baños y duermen y cocinan en el piso”, narró la delegada de la cartera laboral, quien sostuvo que ninguno estaba registrado formalmente como trabajador.

La tarea que desarrollaban estas personas es conocida como “destroncado”, la cual se realiza manualmente y consiste en sacar troncos y raíces de suelos cuyos árboles fueron talados. Es la etapa final del desmonte para luego utilizar el terreno para pastoreo o cultivo.

Los peones narraron que habían llegado al campo llevados por “contratistas”. Cada grupo se queda entre 15 o 20 días trabajando y el propio contratista les vende los alimentos abusando de los precios. La jornada laboral arranca a las 6 de la mañana hasta las 11 horas –cuando cortan para descansar y debido a las elevadas temperaturas que al mediodía superan los 45° C– y continúa por la tarde de 16 a 19 horas, de lunes a lunes. El pago acordado por la actividad, para el grupo, era en algunos casos de $ 800 por día y en otros de $ 2000 por hectárea.

A la denuncia de la funcionaria se suman los informes remitidos por  la Procuraduría de Trata de Personas, enviados a la misma por Pablo Teti, jefe de Operativos de Fiscalización del RENATRE, quien presentó un acta de constatación de indicios de explotación laboral rural y dos actas de relevamiento confeccionadas en el operativo mencionado previamente del día 26 de noviembre, en el campo denunciado.

 

El rescate

En base a estas pruebas la Procuraduría de Trata de Personas –PROTEX– solicitó la autorización para efectuar un allanamiento y el rescate con la intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

El procedimiento –en el que intervinieron personal del RENATRE, del UATRE y de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia con apoyo de Gendarmería– se realizó cuando caía la tarde del 29 de noviembre en medio de un violento temporal de lluvia y viento. En la finca encontraron 24 personas que fueron rescatadas y trasladadas a la localidad de Vilelas. Allí se les tomó declaración y del escrito judicial Canal Abierto reproduce algunos testimonios:

Juan Manuel Chazarreta indicó que el dueño de la finca les descontaba la comida de su sueldo, que vivían dentro de la finca en un toldo con bolsa de nylon, tirados en el piso, y que “había muchas víboras, sapos que pasaban por arriba de mis compañeros, tenía una ducha de nylon y las necesidades las hacía en el campo”. Agregó que “nunca tenían luz y los días de lluvia nos mojábamos todos, si nos lastimábamos nos teníamos que curar solos”.

Sergio Leonel Villalva indicó que el Sr. Carlos Mansilla lo llevó a la finca “El Canuto”, que les pagaban dos mil pesos por hectárea al grupo, en su caso de 5 personas. El horario era “de sol a sol”. Volvíamos para almorzar, cocinábamos y volvíamos a trabajar. Nosotros nos pagábamos todo. Vivíamos dentro de la finca en carpas viejas de nylon sostenida por troncos de quebracho, con colchones viejos tirados en el piso, sin baño y hacíamos las necesidades en el campo”.

De los relatos se desprende que Cataldo, el patrón, no aportaba siquiera las herramientas de trabajo y que tanto la comida, el agua y demás mercaderías, les eran descontadas del “sueldo” con sobreprecios.

En estas carpas hacinados y sin las mínimas comodidades dormían los peones que trabajaban más de 9 horas diarias con temperaturas superiores a los 40º C.

El escrito del Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero establece: “ha quedado demostrado que las condiciones en que estos trabajadores realizaban sus tareas y de alojamiento en el lugar, eran por demás precarias, violando no solo las condiciones laborales sino, fundamentalmente, la dignidad y condición de personas de las víctimas. En efecto, al llegar al lugar debieron ellos mismos construir con nylon y palos de madera las carpas donde habitarían, que, por las constancias fotográficas de las dimensiones de las carpas, se infiere en condiciones de hacinamiento”. En otro punto se establece que los peones –no registrados debidamente– cobraban un salario inferior al mínimo establecido la por Comisión Nacional de Trabajo Agrario, establecido en ese momento en $35.246 mensuales.

Por último, el Juzgado establece como acreditado el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, por parte de Fabián Eduardo Cataldo y Carlos Ernesto Mansilla, estableciendo el procesamiento de los imputados, su prisión preventiva domiciliaria y un embargo de un millón quinientos mil pesos a cada uno.

 

Un modus operandi

La historia muestra que todo lo narrado no es más que una costumbre patronal en el campo argentino. El propio Cataldo, quien posee formación profesional y empresarial en sus declaraciones a la Justicia dice que la contratación se había hecho  “de la forma en que se realiza en el interior, de palabra”.

El mencionado RENATRE es una de las herramientas que desde las políticas públicas intenta paliar esta situación. En su página web informa, en el breve período que va de noviembre 2020 a julio 2021, de diez casos de inspecciones en los que se hallaron indicios de explotación laboral en la provincia.

Este mismo registro, publicó un informe elaborado en base a datos de un relevamiento de 15 mil casos realizado en 2019; según éste el 83% de los trabajadores rurales de las distintas economías regionales del país está en la informalidad. En el mismo censo detectaron 18 presuntos casos de trata y 34 de trabajo infantil.

Los patrones, como lo estableció la Justicia en este caso, abusan de su posición de dominio y de las necesidades de la gente. Cuando llegan, las políticas públicas tanto de control como de asistencia empiezan a inclinar la cancha, a emparejar mínimamente el partido.

Hace unas semanas, en el portal Cadena 3 se podía leer este título: “Perdió $50 millones porque no consiguió trabajadores rurales”, rematado con la bajada: “Sucedió en Misiones y asegura que perdió miles de kilos de naranjas y limones porque los obreros prefieren cobrar planes sociales antes que trabajar en blanco”. La evidente conclusión es que por salarios de miseria o en condiciones de explotación nadie quiere ni debe trabajar. La esclavitud debe ser tratada mediática y judicialmente como un delito, y nunca como prerrogativa de la clase empresaria.

“Continuamos detectando estos abusos que son muy dolorosos, pero nuestro objetivo es colaborar en la lucha contra la explotación laboral y el trabajo infantil”, indicó el Delegado del RENATRE en Santiago del Estero, Walter Palumbo.

Denuncias
Ante cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta con la página www.renatre.org.ar o la línea gratuita 0800-777-7366, donde las denuncias son atendidas en forma anónima por profesionales capacitados en la materia.

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