Redacción Canal Abierto | A poco más de un año de la sanción de la Ley de Alquileres, las dificultades para su plena implementación continúan. En un contexto inflacionario alto en el que el costo de alquilar no baja de $35.000, la oposición empuja un cambio en la legislación vigente.
Según los últimos datos del portal ZonaProp, alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $40.000 mensuales. A ese valor hay que sumarle las expensas, que suelen representar el 20% del precio mensual del alquiler. Además, durante los últimos doce meses, los avisos de alquiler acumularon un incremento del 64,4%.
En este escenario, María Eugenia Vidal salió a decir que “hay que derogar la Ley de Alquileres”; Ricardo López Murphy dijo que “no la hubiera votado”; y los libertarios Javier Milei y José Luis Espert también la condenaron.
Sobre este punto, Rebeca Ancina, del Sindicato de Inquilinos Trabajadores de la CTA-A de Chubut explicó que hay varias propuestas de este estilo dando vueltas. “Las más graves son las que tienden a derogarla y recomponer el Código Civil y Comercial a la etapa anterior a la ley 27.551. Esto implicaría cambios estructurales a esta ley tiene que todavía no se puso en marcha porque está faltando esa pata de estructuración con las provincias”.
Te puede interesar: La nueva Ley de Alquileres, fruto de la lucha colectiva
Y agregó: “En definitiva, estas propuestas están defendiendo volver a los dos años de contrato. Esto es un retroceso para los inquilinos y es algo que costó mucho lograrlo cuando en otros países se manejan contratos de cinco a siete años”.
Por su parte, Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, dijo: “Esta ley trajo nuevas herramientas para los inquilinos, pero a raíz de esto muchos propietarios han sacado los inmuebles del mercado. No es necesario derogar la ley como dijo la candidata a diputada María Eugenia Vidal, si no ir cumpliendo con todas las normativas que establece esta nueva legislación. El alquiler social es uno de los puntos que todavía no se puso en funcionamiento y tienen que empezar a validarse”.
En Argentina hoy hay aproximadamente 7.669.953 habitantes que alquilan y que necesitan soluciones concretas e inmediatas, para evitar el abuso rentista y financiero que acapara la mayor parte de sus ingresos. Sólo en los 31 aglomerados urbanos son exactamente 4.796.650 las personas inquilinas.
La falta de una adecuada regulación en el precio de los alquileres ha devenido en una total desproporción respecto a los salarios es por esto que en la Ciudad de Buenos Aires un alquiler promedio de 3 ambientes representa el 58,53% del salario promedio de trabajadores estables (RIPTE) y el 145,44% del salario mínimo.
En el Gran Buenos Aires el alquiler promedio de 3 ambientes representa el 53,97% del salario promedio de trabajadores estables y el 134,1% del salario mínimo. En el interior del país el alquiler de 3 ambientes representa el 43% del salario promedio de trabajadores estables y el 107% del salario mínimo.
En este sentido, Botana explicó: “Estos aumentos son cuestiones que ha provocado lamentablemente la ley en lo inmediato, pero es algo que siempre ha ocurrido cuando se modifica lo que es la normativa. Suele retraerse un poco la oferta de inmuebles, pero con el tiempo se va normalizando porque hoy en día mantener un inmueble ocioso es un lujo que pocos locadores se pueden dar”.
En tanto, Ancina sostuvo: “Los fundamentos que ponen en estos proyectos de derogación hablan de una intervención directa pensada y estructurada desde el poder inmobiliario. En ningún momento hablan sobre los derechos de los inquilinos. No puede ser que cada dos años uno tenga que volver a hacer un contrato, buscar un lugar donde vivir y pasarse la vida así. El poder inmobiliario no quiere perderse la oportunidad de tener el negocio atado cada dos años. Cuando uno aprieta obviamente que el mercado va a reaccionar y necesitamos un Estado fuerte que salga a dar respuestas. Yo no tengo por qué salir a pelearme con las inmobiliarias para que bajen los precios. El mercado va a actuar en la medida en la que el Estado se lo permita”.
Hasta el momento, la Unión de Inquilinos se reunió con representantes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y llevaron sus propuestas para la reglamentación de la ley. En lo inmediato, sólo el protocolo de alerta por desalojos funcionó con rápidas respuestas “porque todo va muy lento”.
Mientras, a finales de la semana pasada se anunció que el Censo Nacional finalmente tendrá lugar en mayo de 2022. Sobre esto, Botana mencionó: “Va a ser la foto que va a servir y mucho. Todas estas estadísticas que tenemos hoy son totalmente parciales porque no se puede tener una radiografía de lo que pasa a nivel nacional y en los grandes centros urbanos. El censo va a ser la mejor oportunidad para tener esa foto”.