Por Víctor Báez Mosqueira* | El 13 de setiembre de 2021 se cumplieron 14 años de la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de las Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Este, sin embargo, no es el primer documento internacional aprobado sobre el tema. En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual sustituyó al Convenio 107 de la misma organización, adoptado en 1957, “sobre poblaciones indígenas y tribales”.

La diferencia entre estos dos convenios mostró un avance conceptual importante. El Convenio 107 tenía como meta integrar a los pueblos originarios a la idea tradicional que los colonizadores tenían de la “civilización”, a expensas de que su legado ancestral indígena y su cosmovisión fueran invisibilizados y paulatinamente olvidados. Y es que, en la historia, quienes colonizaban siempre sostuvieron que hacían un favor a quienes dominaban, porque los estaban “civilizando”. El carácter asimilacionista y paternalista del Convenio 107 fue crecientemente criticado, hasta que se aprobó el Convenio 169, el cual ya reconocía como criterio fundamental la conciencia de la identidad indígena o tribal y el derecho de esos pueblos al goce de los derechos humanos y libertades, sin obstáculos ni discriminación.

Ese progreso en los conceptos y en las legislaciones no fue acompañado, sin embargo, por la práctica, generando múltiples acciones que van en sentido contrario.

Pongamos datos históricos sobre la mesa. Un escrito del profesor Carlos Enrique Ruiz, de la Universidad de Paraíba, trae una cita que el actual presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, hizo en 1998, cuando era diputado: “La caballería brasileña fue muy incompetente. Competente, sí, fue la caballería norteamericana que diezmó a sus indios y hoy no tiene ese problema en su país”.

Brasil y Estados Unidos no fueron los únicos. Las campañas de exterminio de indígenas tomaron otros nombres en varios países y hoy raramente se llevan a cabo por la acción militar. Son comunes y cada vez más numerosos los casos de trabajo esclavo de nativos, intercambio de niños o niñas indígenas por algunas cabezas de ganado, asesinatos de líderes o activistas, expulsiones sumarias de sus tierras por gangsters armados al servicio de empresas multinacionales, compras y ventas simuladas de tierras indígenas con títulos falsos y exigencias incomprensibles de parte de gobiernos para que demuestren que son pobladores antiguos de las regiones donde viven. Nutridos grupos de nativos pasean su miseria por las calles de las ciudades, sin lograr llamar la atención del establishment.

Cabe aclarar que el problema histórico no se ha producido solamente en las Américas. Cuando a fines del siglo XIX, las potencias ya habían perdido casi todas sus colonias en el “nuevo mundo”, se reunieron en Berlín, entre 1884 y 1885, para repartirse el continente africano. La reunión quería evitar problemas entre esos países poderosos. Así, discutieron el libre comercio y las formas de adentrarse en el continente para explotar mejor sus recursos naturales.

Al rey belga Leopoldo II le regalaron el territorio del Congo. Su empresa explotó el caucho y el castigo frecuente a los nativos era cortarles una mano. Los indígenas peruanos que extraían el mismo producto sufrían punición similar.

La colonización de Asia y Oceanía no fue menos cruenta.

Según datos de la OIT, si bien hay más de 54 millones de personas en América Latina y el Caribe que pertenecen a pueblos indígenas y tribales, en el mundo existen más de 476 millones de las mismas. Un tercio de ese número total vive en Asia y el Pacífico.

Sin embargo, solamente 22 países han ratificado el Convenio 169 de la OIT. De Asia y el Pacífico solamente Nepal y Fiji, en África solo la República Centroafricana, en América Latina y Caribe nada más que 14 Estados y en Europa, cinco. Esos números indican la escasísima importancia que se otorga a un grupo humano que representa más del cinco por ciento de la población mundial.

Es más, cuando algunos gobiernos de países desarrollados hablan de poner trabas al comercio con países o regiones que no respetan el medio ambiente, ni siquiera mencionan las persecuciones, asesinatos y expulsiones de personas indígenas de sus reservas o territorios. Artificialmente separan la supervivencia de los bosques de la suerte que corren sus guardianes naturales, quienes viven en ellos.

Mujeres indígenas participan en una jornada de protestas en Brasilia, 2019 / EFE

Por tanto, es urgente que todos los países del mundo ratifiquen el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como otros documentos internacionales similares e incorporen sus contenidos a sus políticas nacionales e internacionales.

Debe haber mucha claridad sobre los contenidos del Convenio 169, que promueve la participación y consulta a los pueblos indígenas y tribales. No puede haber consulta si no hay participación y no puede haber participación efectiva si no hay información. Consecuentemente, como bien lo requiere el artículo 6 del citado Convenio, hay que facilitar los medios apropiados para que los pueblos indígenas puedan participar.

La consulta debe ser previa a la medida sobre la cual se quiere consultar y debe buscarse siempre el consenso. Es inaceptable la tesis promovida por sectores empresariales de que si los pueblos indígenas ya fueron consultados y no están de acuerdo, el gobierno ya queda libre para hacer o dejar que el sector privado haga lo que fue rechazado por las comunidades originarias.

Debe ser bien claro para todo el mundo que las motivaciones de las consultas obligatorias y previas son, entre otras, poner freno a la discrecionalidad y la arbitrariedad y comenzar a reparar las desigualdades que se fueron acentuando durante siglos como producto de las políticas de exclusión y/o exterminio.

Todos los Estados de América Latina y el Caribe aprobaron la Declaración de la ONU que mencionamos al principio. A su vez, el Sistema Interamericano es, sin duda, el Sistema Regional que ha desarrollado mayores y más estándares para la protección del derecho a la consulta y el consentimiento, previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Estas situaciones deben ser aprovechadas, claro. Pero a la vez hay que involucrar a las sociedades de países desarrollados que son mayoritariamente el origen de muchas multinacionales extractivas cuya codicia se manifiesta en el destierro, la esclavitud y el exterminio de los pueblos indígenas y evidencia que la discriminación y exclusión de estos pueblos es universal.

*Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

Foto principal: Aldea de Piaracu, en el estado de Mato Grosso, Brasil, 2020. / REUTERS/Ricardo Moraes

 

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