Redacción Canal Abierto | “Encontrar que los mismos nombres que tenemos todos los 24 de marzo en nuestros discursos para decir qué grupos económicos fueron la dictadura son los que aparecen como lo que hoy se resisten a que se adecuen precios para combatir el hambre, nos pareció que no podían ser elementos aislados. También son los que concentran las mayores ganancias durante esta pandemia”. La reflexión de Giselle Tepper, referente de H.I.J.O.S. Capital, viene a desnudar la cara más oscura del empresariado nacional que hoy está sentando la posición pública más aguerrida contra el control estatal.
Es que este domingo, la agrupación que nuclea a hijos e hijas de detenidos, desaparecidos, presos políticos y exiliados por la última dictadura cívico-militar desglosó en un hilo de Twitter cómo las principales empresas que se niegan al control de precios que impulsa la Secretaría de Comercio Interior para combatir la inflación son las mismas que han sido cómplices y partícipes del terrorismo de Estado.
Se trata de Ledesma, Molinos Río de la Plata, Loma Negra y Techint, que forman parte del grupo al que la cartera a cargo de Roberto Feletti responsabiliza de generar inflación distorsionando los precios relativos. En otras palabras, de aumentar los precios discrecionalmente haciendo uso (y abuso) de su posición dominante en mercados concentrados.
“Quisimos mostrar que los que más ganaron, menos quieren ceder cuando se necesita y son las que tienen todavía causas por delitos de lesa humanidad o pendientes de resolución o directamente que han tenido impunidad hasta ahora –explica Tepper–. Esas empresas, durante el terrorismo de Estado, no solamente se beneficiaron económicamente sino que fueron socios como partícipes civiles. No solamente durante esos años multiplicaron varias veces su ganancia, sino que tuvieron secuestros en sus propias plantas, tuvieron parte de sus instalaciones como lugares de tortura y desapariciones, tuvieron la tarea conjunta con la militarización de muchas de las fábricas para secuestrar y desaparecer a trabajadores sobre todo a los que estaban organizados y eran delegados sindicales. Esos nombres no vienen de grandes empresas que representan valores democráticos, sino que se enriquecieron con la dictadura como se van a querer enriquecer bajo la democracia”.
Un estilo empresario
Como señala la referente de H.I.J.O.S. Capital, estas empresas también forman parte de las que han reportado las mayores utilidades durante la pandemia, algunas de las cuales son las principales productoras de alimentos del país. Molinos de la familia Pérez Companc, por ejemplo, finalizó el ejercicio económico 2020 con una ganancia neta de $1.746 millones, y en el primer semestre de este año sumó $998 millones más, según un informe publicado este domingo por el economista Alfredo Zaiat en Página/12. Con esos números, su ganancia bruta sobre ventas aumentó del 29 a 33%, donde el factor precios explica en parte esa suba.
Empresas que se niegan al control de precios y están vinculadas a causas por delitos de lesa humanidad:
Ledesma
Molinos Río de la Plata
Loma Negra
Techint
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) October 25, 2021
En su Twitter, la agrupación detalla que en Molinos “al menos 27 personas vinculadas a la empresa fueron víctimas de delitos de lesa humanidad”, 21 de las cuales siguen desaparecidas. “Hubo secuestros en la fábrica y aportes empresariales para la represión”, agrega.
Situaciones similares ocurren con Techint –que arrastra una causa por la desaparición de un técnico dibujante de 28 años que fue secuestrado en la propia planta de la empresa en Campana el 5 de mayo de 1977–; Loma Negra –involucrada en la desaparición del abogado de trabajadores de la empresa y otros seis trabajadores–; y Ledesma –cuyo dueño durante el terrorismo de Estado, Carlos Blaquier, tiene dos causas elevadas a juicio por delitos de lesa humanidad. En este último caso, las acciones de la compañía siguen estando en manos del mismo grupo familiar.
“En nuestro país no se juzga empresas, no se juzgan personas jurídicas sino físicas, y no necesariamente quienes integraron en ese momento esas empresas hoy sigan estando, pero de todos modos la participación en los delitos de lesa humanidad fue empresarial, la entendemos como algo corporativo –detalla Tepper–. Esas empresas tienen una matriz de comportamiento, de pensamiento, de ideología, que nada tiene que ver con querer garantizar derechos como, por ejemplo, la alimentación, sino más bien con concentrar ganancias. Hoy cuentan nuevamente con las corporaciones mediáticas para acomodar como les conviene su discurso. Si Clarín produjera alimentos estaría haciendo lo mismo porque son un tipo de empresariado, que trascendiendo todos los momentos accionan de la misma manera”.
Foto: Página/12