Redacción Canal Abierto | El 23 de noviembre vence la prórroga de la Ley 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas. Sancionada a fines del año 2006 con un plazo de vigencia de 4 años para dar respuesta a la situación de emergencia de las comunidades originarias del país, la norma venía a subsanar el incumplimiento de derechos establecidos, desde la Reforma de 1994, por el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional y por el Convenio 169 de la OIT.

Según voceros de las organizaciones indígenas de todo el país, que hace tres semanas sostienen un acampe frente al Congreso Nacional, no está garantizado el tratamiento de la prórroga de la ley y su aprobación en la Cámara Baja. En los pasillos del Congreso y en reuniones sostenidas con miembros del Parlamento y funcionarios se sugiere la posibilidad de un decreto presidencial. “Para nosotros sería un retroceso. Un decreto se puede judicializar y voltear y quedamos todos a la intemperie. Es muy peligroso”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Néstor Jeréz, cacique del pueblo ocloya de Jujuy, integrante de OPINOA (Organización de Pueblos Indígenas del NOA).

La norma declara la emergencia territorial en todo el país y suspende toda ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que dispongan el desalojo o la desocupación de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas. A la vez ordena el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y de las tierras que ocupan de forma actual, tradicional y pública.

Desde entonces, el relevamiento ha avanzado a cuentagotas. Según el informe del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), de 1760 comunidades indígenas identificadas por la Dirección de Tierras del INAI, un 43,4% no han sido relevadas, en tanto que un 56,6% se encuentra en diferentes niveles de ejecución. El relevamiento depende de convenios entre el Instituto Nacional dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y los gobiernos provinciales y locales. Es la voluntad de estos, y sus alianzas con los poderes locales, la mayor dificultad para resolver la situación, amén de la voluble vocación presupuestaria de las gestiones nacionales.

Previsto para realizarse en los tres años siguientes a la sanción de la ley el relevamiento sigue inconcluso, la problemática permanece y se agudiza a lo largo de todo el país, con un foco candente en estos meses en la disputa por las tierras ancestrales que sostienen las comunidades mapuches en Río Negro y Chubut, principalmente.

“Los poderes económicos capitalistas, las multinacionales y los terratenientes vienen por los bienes naturales y para eso necesitan sacarnos a las comunidades indígenas preexistentes que somos el primer obstáculo para avanzar con la contaminación, el saqueo y el desequilibrio que hoy se ve reflejado en el cambio climático y en el riesgo en el que está la vida de toda la humanidad”, sostiene Jeréz.

 

Apoyos

Días pasados, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se sumó al pedido de prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent, y el Representante Regional para América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Jan Jarab, celebraron la aprobación por parte del Senado de la Nación de la prórroga de la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas. A la vez, rechazaron las expresiones discriminatorias, racistas y xenófobas mediante las cuales se ha estigmatizado al pueblo mapuche en las últimos semanas y manifestaron su preocupación sobre la situación patagónica ante el envío de fuerzas de seguridad, el uso de la fuerza pública en contra de comunidades mapuches y los desalojos.

 

Acampe

Representantes de distintas comunidades indígenas de todo el país se encuentran acampando frente al Congreso Nacional, exigiendo la media sanción de Diputados a la Prórroga de la Ley. Referentes de los pueblos Kolla, Mapuche, Ocloya, Huarpe, Mbya Guaraní, Tonokote Llutki, Guaraní, Tolombón Nación Diaguita, Diaguita Calchaquí, Tehuelche, Qom, Wichí, Pilagá están presentes alternadamente en una acampe que lleva varios días. Entre el 16 y el 18 de noviembre llevan adelante acciones de visibilización a lo largo de todo el país para exigir la prórroga antes del vencimiento de la ley.

A la exigencia de la prórroga se suma el pedido de “que se haga con un presupuesto acorde para su efectiva implementación y la sanción de una norma que reconozca la propiedad comunitaria de los territorios”, señaló Miriam Liempe, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma y parte del pueblo mapuche.

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