Redacción Canal Abierto | El Equipo Argentino de Antropología Forense denunció que Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica de la institución, fue víctima de espionaje ilegal en México mientras investigaba la masacre de San Fernando de Tamaulipas. Las actividades de inteligencia alcanzaron también a la abogada Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, representante de varias familias de víctimas y a la periodista Marcela Turati.
Los episodios se produjeron entre 2015 y 2016, mientras realizaban tareas que buscaban identificar las identidades de los cuerpos de 72 inmigrantes asesinados por Los Zetas en 2010. Este trabajo ea hecho por una Comisión Forense de México en la que el EAAF participaba como perito independiente desde la secretaría técnica de dicha comisión que comparte con los servicios periciales de la la Fiscalía General mexicana.
Las tareas de espionaje se realizaron merced a una causa iniciada en la que Doretti, Delgarillo y Turati fueron incluidas sin que conocimiento a partir de expedientes que fueron ocultados a los abogados intervinientes en la causa. Las maniobras incluyeron geolocalización, cruce de información telefónica y otras averiguaciones irregulares sobre los movimientos, mensajes y contactos.
La investigación irregular, cuyo descubrimiento se produjo en la última semana, fue realizada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIS) de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (ex SEIDO, hoy llamada FEIDO) de la ex Procuraduría General de la República (PGR) de México. Para justificar la realización de estas diligencias se usó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que habilita la omisión de orden de un juzgado. De esta operación de espionaje estuvieron al tanto los altos mandos de la SEIDO, como consta en los documentos.
Además de la preocupación por las tareas realizadas, está también el desconocimiento acerca de si se continúan realizando otros actos y diligencias como parte de esta investigación ilegal, ya que formalmente la investigación nunca concluyó, dado que el expediente no fue cerrado. De su revisión se advierte que también fueron investigadas algunas de las familias de las víctimas identificadas.
«No sabemos exactamente, por qué nos abrió en esta investigación contra nosotras, pero sí sabemos qué estábamos haciendo como equipo argentino en el año 2015 que es fundamentalmente hasta donde sabemos dónde se centró la investigación que nos hicieron. En la Comisión Forense en agosto del 2015 tuvimos acceso amplio justamente a esa averiguación previa la 197-2011 y sucedieron dos cosas cuando tuvimos acceso por un lado se produjeron casi 50 identificaciones en un año. Información que encontramos allí y que no se había utilizado hasta el momento y descubrimos un alto número de irregularidades «, recordó Doretti en conferencia de prensa convocada por las afectadas en México.
«Nosotros los forenses somos técnicos. Si tenemos disidencias con otro equipo pericial solicitamos una junta de peritos, no los acusamos de crimen organizado. Es terriblemente desilusionante que los mecanismos que plantea la ley para resolución de la disidencia técnico forense y la investigación de irregularidades forenses se hayan sustituido por la criminalización de los técnicos forenses en lo que toca a nosotros, además de los abogados como Ana Lorena y Marcela como periodista al plantear disidencias o irregularidades graves, simplemente cumpliendo con nuestro deber. Haciendo simplemente nuestro trabajo», lamentó la forense.
Y denunció que «esta investigación que nos han hecho que es una investigación sobre la nada, no hay ningún delito que se cite dentro de ese tomo solamente hay una investigación ilegal, es claramente una violación a la libertad de prensa al derecho a la representación legal y al derecho a una investigación forense».
Sobre la labor del EAAF en México, Doretti afirmó que «en cada dictamen colocamos todo lo que sabemos sobre un caso, lo discutimos ampliamente y pasa por múltiples revisiones. Creemos profundamente en el derecho a la verdad de la familia y por eso colocamos en los exámenes todo lo que hemos conocido sobre cada uno de ellos entendiendo que la verdad no solamente es un derecho, sino que es sanadora particularmente para la familias y esa verdad, implica muchas veces dar a conocer y regularidad, que es un derecho de la familia conocerlas y es nuestro deber como peritos darlas a conocer a la familia y a las instituciones de gobierno de justicia y es el deber de estas últimas investigarlas, no el nuestro».
Y subrayó que «mostrar irregularidades intenta no sólo que se investiguen, sino también que sirvan para la reforma de las instituciones forenses y del Ministerio Público y que ayuden en la recuperación de su credibilidad, temas ampliamente discutidos en México. Cada vez que en lugar de escuchar reparar y reformar se criminaliza se pierde una oportunidad única de aprender de los errores e irregularidades y colocar nuevas buenas prácticas en su lugar para poder ir saliendo de la enorme crisis forense que afecta a México ante la grave situación de derechos humanos».
La antropóloga reconoció que «en este momento hay muchas reformas positivas en área forense en México que se están llevando a cabo y se ha puesto en funcionamiento por suerte y por presión de la familia, el mecanismo extraordinario de identificación forense. Al estar revisando los restos no identificados bajo custodia del Estado desde hace años que es lo que el mes en gran medida va a ser nuestra experiencia en el país sugiere que seguramente se verán irregularidades forenses. Ojalá se reporten y se puede aprender de ellas y produzcan cambios y mejores prácticas».
«Esta denuncia pública que hoy hacemos con Ana Lorena y con Marcela no es fácil, pero está dedicada a todos los defensores de derechos humanos, a todos los familiares de desaparecidos y, en mi caso especialmente, a todos los forenses para que nunca más un forense sea criminalizado por estar haciendo su trabajo«, concluyó Doretti