Por Gladys Stagno | En Cuesta del Ternero hay una escuela que se llama Lucinda Quintupuray, en honor a la mujer que fue acribillada en su cama en 1993 luego de rechazar varias ofertas para vender sus tierras. Tenía 79 años y era mapuche. No hubo investigación. El domingo, en el mismo paraje, dos hombres de civil con armas largas mataron a quemarropa al joven mapuche Elías Garay, de 29 años, e hirieron gravemente a Gonzalo Cabrera, de 22. La zona no fue peritada y nadie sabe cómo los tiradores pasaron dos retenes policiales, que impiden el acceso desde fines de septiembre, sin ser vistos.
En los años que ocurrieron entre ambos hechos el conflicto en el territorio nunca se resolvió, pero siguió cobrándose víctimas: siempre mapuches y siempre a expensas de un accionar policial y de la Justicia, como mínimo, difuso.
“Luego del asesinato de Elías fuimos con la abogada de la comunidad y el lonko Mauro Millán, a hablar para ver cómo hacer para retirar el cuerpo (porque la zona está cerrada) y permitir que entrara el fiscal y la gente de Criminalística a hacer la pericia para empezar la investigación. La comunidad puso como condición hacer una ceremonia con comunidades de alrededor y la familia y necesitaban que entraran al territorio. Para eso pidieron que se retirara al Cuerpo Especial de Operaciones (COER) que cortaba la Ruta 6 e impedía el acceso”, explica Nelson Ávalos, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) Regional Noroeste del Chubut, en diálogo con Canal Abierto.
Y continúa: “El primer paso que se estableció con el fiscal Martín Lozada era que entraba él con tres peritos policiales a hacer la primera constatación de los hechos en la escena del crimen y que el COER se retiraba. Pero el COER no quiso irse y después de una discusión con gente de las comunidades y vecinos que quería ingresar, el fiscal se negó a entrar porque dijo que con ese ánimo no tenía garantías. Con la abogada, el lonko, y el werken del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, fuimos a buscarlo y a garantizarle que no iba a pasar nada, incluso el werken se ofreció a entrar con él pero se negó. Así que la primera pericia (buscar los proyectiles, fotografiar el lugar del crimen, recabar los testimonios), no se hizo”.
Esa primera inacción no fue, en rigor, la primera. La Ruta Provincial 6 –que hacia el este lleva hasta El Maitén, Chubut, y hacia el oeste conecta con la Ruta Nacional 40 que permite llegar a El Bolsón, Río Negro– estuvo cortada por un retén del COER desde el 26 de septiembre, cuando el conflicto se agravó. Junto a otro, de la Policía de Río Negro, ubicado en Cuesta del Ternero desde hace varios años, impedían llegar al territorio en conflicto desde cualquiera de las dos localidades para cualquiera que no fuera habitante de Cuesta del Ternero. Sin embargo, los hombres que asesinaron a Elías, quienes de acuerdo con Gonzalo portaban armas largas calibre 22 y habrían entrado en un Fiat Duna rojo, pudieron ingresar, disparar y salir sin ser vistos.
Ayer, la fuerza de seguridad rionegrina detuvo a dos personas –una en Esquel y otra en Comodoro Rivadavia, que se entregó en una comisaría– señaladas como los autores materiales del hecho. Distintas versiones sostienen que se trata de empleados de los hermanos Rocco. Ambos fueron trasladados a Bariloche para formularles los cargos, donde quedaron imputados y con prisión preventiva por tres meses. Según las autoridades de Río Negro, fueron identificados gracias a un dron de la policía provincial.
Historia de un conflicto
Elías y Gonzalo formaban parte del acampe que sostiene la lof Quemquemtrew desde fines de septiembre, en una recuperación de ese territorio, llamado originalmente La Tapera de los Álamos y habitado por una antigua población mapuche. El 24 de ese mes, un operativo de la Policía de Río Negro, ordenado por los fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien, ingresó por la fuerza y detuvo a varias personas, entre ellas a un niño de 8 años. La orden judicial argumentó la “usurpación” de esas tierras a los empresarios forestales Rolando y Alberto Rocco por parte de los mapuches.
Allá por los 80, el Estado provincial de Río Negro les dio una concesión a los hermanos Rocco por 99 años para la explotación forestal. En ese acto, desconoció a las poblaciones que habitaban el lugar y habilitó el desmonte del bosque nativo para la plantación de pinos, una especie exótica y altamente inflamable, identificada en la Comarca Andina como responsable de los incendios reiterados y de convertir a la zona en un “desierto verde”, ya que consume mucha agua, evita que crezcan otras especies y expulsa a la fauna.
“El 25 de septiembre, el diario La Nación sacó una nota sobre el tema, diciendo que el predio había sido restituido a su propietario. Nos preguntamos, ¿qué pasa que La Nación le dedica tanto espacio a un hecho sucedido tan lejos en un territorio tan lejano como Cuesta del Ternero? Ahí empezamos a darnos cuenta de que detrás de los Rocco había gente mucho más poderosa”, relata Ávalos. Las plantaciones de pinos de la zona se destinan a la industria maderera y del papel.
Dos días después de la represión, las fuerzas de seguridad sitiaron el lugar. Tanto, que el 27 de septiembre una caravana de cincuenta autos con integrantes de organizaciones de derechos humanos y mapuches partió desde El Bolsón con ayuda humanitaria –ropa, comida, abrigo– para quienes permanecían en territorio y habían sido desprovistos de todo durante el procedimiento policial, y no los dejaron ingresar, por lo que permanecieron en la ruta hasta el sábado 20 de noviembre. Al día siguiente de que abandonaron el lugar asesinaron a Elías.
“El domingo, a eso de las 13.30, Elías y Gonzalo estaban con un grupo dentro del territorio y vieron entre los pinos que venían dos hombres caminando con armas largas en las manos. Se acercaron a preguntarles qué hacían y a decirles que no podían estar ahí. Les dijeron que andaban cazando, pero en esas plantaciones de pinos no hay nada que cazar. Mediaron un par de palabras y les dispararon a los dos, a quemarropa y al tórax. Elías murió casi inmediatamente. Gonzalo se está recuperando”, recuerda Ávalos.
Con ese escenario y la negativa a peritar el lugar del crimen, en la comunidad mapuche la desconfianza hacia la Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal es mucha.
La abogada de la comunidad, Andrea Reile, solicitó en forma urgente a las autoridades rionegrinas, entre ellas la gobernadora Arabela Carreras, que se levante el retén policial y se convoque a una mesa de diálogo entre las partes, un pedido que ya había realizado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al que también se sumaron el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones. Al cierre de esta nota, tal mesa aún no ha sido convocada.