Redacción Canal Abierto | Primero fue la primera candidata a diputada nacional por CABA de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal. Durante la campaña, y como parte de una promesa, anunció que cuando asumiera su banca en la cámara baja presentaría un proyecto para derogar la Ley de Alquileres.

Ahora, desde la vereda oficialista y ya desde su cargo, fue el presidente de Diputados Sergio Massa quien arremetió contra la normativa al convocar a “discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país”, basado en un diagnóstico según el cual “el Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó”, ya que “pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”.

Otra declaración en ese sentido fue vertida por Gabriela Cerruti en su función de portavoz oficial del ejecutivo. En sus ya habituales conferencias de prensa de los jueves deslizó que “se va a trabajar y se está previendo presentar una modificación a la ley, una cantidad de funcionarios y diputados consideran que se puede mejorar”. También afirmó que “la implementación de la ley en el momento de la aplicación no trajo los resultados que se esperaban”.

Artículos periodísticos mencionaron también la posibilidad de que ambas fuerzas acuerden la suspensión por 180 días para discutir la salida de fondo.

Estas señales por parte del ejecutivo y representantes de las fuerzas que concentrarán la mayor presencia política del Poder Legislativo encendieron las luces de alarma entre las asociaciones de inquilinos.

“La ley no fracasó lo que fracasó fue la falta de voluntad política y la falta de regulación por parte de la Justicia para que todos los trabajadores puedan ejercer sus derechos. Sería un error muy grande para los trabajadores inquilinos que la duración de los contratos vuelva a ser de 2 años. Eso sería un atraso de por lo menos 20 años para los trabajadores”, sostuvo ante la consulta de Canal Abierto Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno.

La Federación Inquilinos Nacional emitió un comunicado en el que sostuvo que “las familias que alquilan no llegan a fin de mes, y eso no es por la ley de alquileres. Pensar en retroceder es ceder ante el mercado inmobiliario y dejar desprotegido el sector vulnerable que esta ley viene a proteger en medio de una crisis económica, social y habitacional sin precedentes”.

“Instamos a que se trabaje en el control del cumplimiento de la ley de alquileres y se termine con la impunidad del mercado inmobiliario para fijar condiciones profundamente abusivas, unilaterales y sin ninguna sanción del Estado. El acceso a la vivienda digna a través del alquiler debe ser política de Estado”, agrega la misiva.

Desde la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, Magalí Zirulnikoff afirmó también a Canal Abierto que “lo que falta es la aplicación del Título Tres de la ley de alquileres que el que norma lo que es el alquiler social y le da al Estado Nacional la obligación de generar un programa nacional de alquiler social que garantice entre otras cosas un subsidio habitacional para personas con discapacidad y persona víctimas de violencia de género y otras cuestiones que no se aplicaron en un año y medio que lleva la ley”.

“En realidad el problema de la ley es la falta de cumplimiento de parte del Estado Nacional de hacer el programa nacional de alquiler social que estableció la ley 27.551 y el Título Cuatro que es el son los centros alternativos de resolución de conflictos que lo que tienen que hacer es intervenir en las relaciones de alquiler para aclarar cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de la partes”, agregó.

Y sostuvo que “esos dos puntos el título tres y cuatro que son las responsabilidades del Estado nacional en relación al alquiler no se cumplieron. El Estado Nacional no hizo lo que la ley le obligó a hacer y por esa razón es que tenemos una crisis habitacional que no tiene precedentes”.

Zirulnikoff, que forma parte de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, planteó que “el problema no es la ley, sino la falta de políticas públicas que resuelvan la crisis habitacional. Por eso nosotros lo que sí proponemos es que tiene que tiene que haber un valor inicial que además tengan en cuenta, cuánto es el salario mínimo vital y móvil”.

Y recordó que “lo que se plantea en la ley es un índice de actualización anual de los contratos de alquiler que toman cuenta de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables y ese salario no la cobra la mayor parte de la población trabajadora de nuestro país que trabaja en negro, subcontratado o monotributista”.

También planteó que si la ley tiene falencias es por falta de regulaciones. “La ley no regula el precio inicial de ningún tipo de contrato. Y aprovechando así de esa falta normativa es que el mercado inmobiliario por una cuestión especulativa, suben el porcentaje que quieren y no hay regulación. De hecho, una de las cosas que habría que hacer es regular más, no menos, que es lo que está queriendo hacer el gobierno”

“Nosotros presentamos un proyecto con un programa de tasación objetiva en base criterios objetivos porque hoy la forma de tasar una propiedad en alquiler es totalmente arbitraria. No hay indicadores ni criterios que se puedan tener en cuenta para decir si esto está bien valuado o no. Simplemente le ponen el precio que quieren y cada contrato nuevo es un nuevo contrato. Entonces no hay nada que regule entre la finalización de un contrato y otro cuánto podrían aumentar”, concluyó.

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