Redacción Canal Abierto | Más de 1300 referentes de movimientos de derechos humanos y organizaciones políticas, sociales y sindicales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar que ordene al Estado Argentino no aprobar “ninguna ley, acto de gobierno o un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implique convalidar y reconocer la constitucionalidad y legalidad del endeudamiento que surge de los acuerdos con el FMI realizados durante el año 2018”.
El documento resalta que la deuda no contó “con la intervención ni aprobación de ningún representante electo por la ciudadanía ni por el órgano democrático por antonomasia que es el Congreso Nacional” y que constituye “el mayor fraude democrático y estafa en la historia de la deuda pública argentina”.
Entre sus fundamentos destaca que la forma en la que ocurrió el endeudamiento fue “una ostensible violación” al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
“El actual gobierno, si bien a través de sus organismos de control como la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Procuración General del Tesoro manifestaron la inconstitucionalidad del acuerdo con el FMI por no haber contado con la aprobación del Congreso ni siquiera la intervención del Presidente, pretende cerrar un nuevo acuerdo con el FMI convalidando lo realizado por la anterior gestión sin previo declarar la inconstitucionalidad y nulidad del acuerdo con el FMI realizados en el año 2018. También están en juegos los derechos sociales, económicos y ambientales de la población”, asegura el documento.
De igual manera denuncia que un monto similar a la totalidad de los desembolsos efectuados por el FMI fueron utilizados -conjuntamente con las reservas internacionales- en el mismo período “para la formación de activos externos, sin que se hayan tomado medidas tendientes a limitar o impedir esta situación hasta septiembre de 2019”, lo que constituye un escenario de fuga de capitales.
Entre sus principales firmantes se encuentran el Premio Nobel de la Paz y titular de la SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel; la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas; el presidente de Unidad Popular (UP) en el Frente de Todos y director del Banco Nación Claudio Lozano; el secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro; el titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy; el concejal y dirigente de UP, Víctor De Gennaro; y el diputado y referente del Partido del Trabajo y del Pueblo, Juan Carlos Alderete.
