Redacción Canal Abierto | La jueza María Gabriela Marrón, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, fue desplazada por la Cámara I de Casación Federal del proceso judicial que investiga la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. La causa recayó en el juez federal Walter López Da Silva.
A 20 meses de la desaparición de Facundo, la investigación que debe esclarecer qué pasó con el joven –cuyo cuerpo fue encontrado en un cangrejal el 15 de agosto de 2020 tras permanecer desaparecido más de tres meses y luego de haber sido visto por última vez retenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 30 de abril de 2020 en el acceso a la localidad de Mayor Buratovich–, se encontraba empantanada y tanto la querella familiar, como los fiscales y la Comisión Provincial por la Memoria habían denunciado la parcialidad de la jueza, sus dilaciones y un accionar limitado a confirmar la hipótesis del accidente.
“Nosotros en octubre de 2020 solicitamos el apartamiento de la jueza Marrón y luego volvimos a acompañar el pedido de los fiscales. Estamos satisfechos de que Marrón haya sido apartada como también celebramos el desplazamiento del fiscal Ulpiano Martínez. Ellos fueron los dos mejores abogados que han tenido los policías”, señala en diálogo con Canal Abierto Leandro Aparicio, abogado junto a Luciano Peretto de Cristina Castro, la mamá de Facundo. El referido Martínez era el primer fiscal de la causa, apartado en marzo de 2021, a casi un año de la desaparición de Facundo. Recusado en dos ocasiones por la familia terminó solicitando su exclusión. Desde entonces la investigación continúa en manos de los fiscales Andrés Heim, Horacio Azzolin y Lara Silvestre.
Según expone Javier De Luca, Fiscal ante el Tribunal de Casación, en su dictamen previo, “las circunstancias del caso no dejan lugar a dudas que la jueza ya tiene una posición tomada –prejuicio–, incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar cualquier magistrado… No practicó ninguna medida conducente, denegó las propuestas por la fiscalía, hizo perder un tiempo precioso a la pesquisa e incorporó elementos que en lugar de esclarecer, entorpecen la búsqueda de la verdad real”. En otra parte del dictamen alerta: “No puede dejar de observarse que ello ocurrió cuando se intentó avanzar en líneas de investigación que pudieran comprometer la actuación de las fuerzas de seguridad del lugar de los hechos”.
De persecuciones y operaciones
“Hemos sufrido tanto Cristina Castro, como Luciano Peretto como quien te habla, operaciones mediáticas. Nos han tratado de delincuentes, se nos ha dicho que hay que investigarnos. El señor Berni y el periodista Germán Sasso me han iniciado causas por afectación a la dignidad. Estábamos condicionados para seguir investigando porque esta jueza la única teoría que tenía, avalaba y permitía continuar era que Facundo se accidentó. Entonces, muchas de las medidas de prueba estaban demoradas. Hemos tenido reuniones con los fiscales y vamos a avanzar firmemente en muchas declaraciones testimoniales que para nosotros van a ser muy importantes para avanzar en la hipótesis que tenemos y tienen los fiscales, que es que Facundo fue desaparecido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, describe Aparicio.
“No sólo denunciamos a los policías. En el armado mediático y policial han confluido políticos, como el intendente de Villarino y su secretario de Seguridad quienes falsearon informes públicos para perjudicar la investigación y para perjudicar a testigos que vieron a Facundo ser subido a un móvil policial. Han intervenido algunos operadores que se dicen periodistas y han participado otros policías para desviar la investigación”, cuenta el abogado, quien supo ser querellante en la causa del joven Daniel Solano, desaparecido por policías de Río Negro que tras siete años de lucha judicial fueron condenados a prisión perpetua. Pese a ello, aún están libres y en sus cargos gracias a que en la Corte Suprema duerme hace tres años un recurso de queja presentado por sus defensas.
“Berni apoyó el libro que hizo un operador mediático –se refiere sin mencionarlo a Germán Sasso, quien publicó el libro Operación Facundo, una verdadera “operación” de prensa parapolicial– con la foto de Facundo sin pedir permiso, usando la imagen, acusando a la madre y a sus abogados de ser los responsables de armar todo esto, y este señor todavía Ministro de Seguridad lo promociona. Berni es responsable y parte de todo esto”, describe Aparicio. A su vez denuncia que a través de su delegado en Bahía Blanca, Federico Montero, Berni está sosteniendo económicamente a los policías implicados. “En los mensajes que están en los teléfonos secuestrados a los policías, un agente le pasa a otro el teléfono de Montero”, cuenta el letrado.
“La represión estatal policial y su red de ocultamiento se da ahora, se dio antes, pasa en todas las provincias. Hay una estructura que viene de la dictadura militar y que no ha sido tocada ni alterada en lo más mínimo y que cuenta siempre con el apoyo judicial”, agrega.
“Cristina ha sufrido amenazas, incluso en los últimos días. Sufre muchas presiones. Queremos hablar con los fiscales porque ella está pasando momentos muy duros. La operación mediática que se hizo contra ella la ha afectado. La decisión de Casación de apartar a la jueza nos permite recargar energías para avanzar”, finaliza Leandro Aparicio.
“El Estado debe investigar qué pasó con Facundo, yo sé que los responsables fueron agentes de la policía bonaerense, hay muchas pruebas, pero los protegieron y nos negaron la justicia. Esperemos que ahora podamos llegar a la verdad y condenarlos”, declaró Cristina Castro a la agencia Andar.