Redacción Canal Abierto | El 20 de abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, situada en aguas del Golfo de México, sufrió una explosión que mató a 11 trabajadores. Casi tres meses tardaron en sellar el pozo desde donde salían sin control más de 50 mil barriles de crudo diarios. En total, se calcula que se derramaron unos 795 millones de litros.

En 2014 la Justicia estadounidense repartió responsabilidades entre las operadoras de la plataforma, British Petroleum (BP) y Transocean, y la firma encargada de asegurar con cemento el pozo de extracción, Halliburton. Según el por entonces fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, la sentencia iba a servir para “disuadir a cualquiera que tenga la tentación de sacrificar la seguridad y el medio ambiente a cambio de ganancias”.

A más de una década del peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos y el más grave derrame de crudo del mundo, el Golfo de México cuenta con más de 2.000 plataformas petrolíferas, miles de kilómetros de oleoductos y –según un informe de la Universidad del Sur de la Florida- cerca de un 40% menos de biodiversidad marina.

Este y otros antecedentes son los que parece ignorar el Gobierno argentinos al rubricar el decreto 870/2021 que autoriza a la empresa noruega Equinor a explotar la zona de Mar del Plata. También elije desconocer información científica más cercana aún, como que revela el informe de la Universidad Nacional del Centro, el cual como inevitable –con probabilidades cercanas al 100%- los derrames en la plataforma marítima argentina.

Por su parte, voceros de la empresa explicaron que en aguas nacionales se utilizarán las mismas tecnologías que en otros puntos del mundo y que los niveles de seguridad de las operaciones, por su complejidad, son muchos mas altos que en el on shore. Sin embargo, las explicaciones de la firma contrastan con las alertas de los especialistas. “Derrames de esta naturaleza, cuando suceden, son casi imposibles de contener; de hecho, hay estudios a nivel global que calculan que sólo se pudieron resolver un 10% de los accidentes off shore”, detalló a Canal Abierto la coordinadora de la campaña por la protección del Mar Argentino de Greenpeace, Luisina Vueso.

Un dato no menor es que la medida haya salido a la luz el jueves 30 de diciembre -a horas de los festejos por año nuevo y del inicio de una feria judicial que recorta las casi seguras medidas cautelares que buscarán frenar la exploración- tras su publicación en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur, el ministro de Economía Martín Guzmán y el titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié. “Nadie se hizo cargo de la decisión, lo tiraron sobre las fiestas y si pasa, pasa”, apuntó Vueso.

 “Si bien veníamos viendo algunos movimientos en este sentido, fue una sorpresa. Sacar esto el último día hábil del año y en medio de un brote de casos de Covid es canallesco, pero no es una excepción: en 2018, por ejemplo, la resolución de Agroindustria salió un 20 de diciembre; o el intento de imponer la megaminería que días atrás terminó en el chubutazo”, señaló a Canal Abierto el abogado marplatense e integrante de Organización Mar, Gonzalo Vergez.

Apenas se hizo pública la resolución, el tema se volvió tendencia en las redes sociales y cosechó el rechazo de colectivos ambientales y asambleas ciudadanas. El repudio incluso alcanzó a las cámaras pesqueras, quienes pusieron el grito en el cielo por tratarse este del principal corredor biológico del Mar Argentino, una zona muy productiva y rica donde muchas de las especies que proveen a la industria se alimentan y a reproducen.

“En el corto plazo no vamos a registrar las consecuencias más visibles -fugas y pérdidas de petróleo en las costas-, pero sí una afectación directa de las formas de vida marinas producto de los estudios sísmicos de exploración”, indicó Vergez.

La iniciativa surge en un momento de fuertes debates en torno a los impactos ambientales y las licencias sociales frente a diferentes emprendimientos extractivistas. Sin ir más lejos, semanas atrás el pueblo de Chubut salió a las calles y logró que se diera marcha atrás con una ley que permitía la megaminería en la provincia. O bien la discusión sobre los riesgos de la explotación hidrocarburífera que reflotó el reciente derrame en Rio Negro. En días en que incluso crece la indignación por la falta de respuesta gubernamental ante los múltiples incendios que azotan la Patagonia, y que en algunos casos podrían haber sido originados de forma intencional.

En este sentido, la integrante de Greenpeace puntualizó en las contradicciones de “un Gobierno que reivindica banderas ambientales y participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (más conocida como COP26º) y a la vez habilita estas explotaciones o promueve una ley de hidrocarburos o deja caer la Ley de Humedales. Se trata de un patrón que venimos viendo cada vez más seguido: dicen una cosa pero después accionan otra, siempre en contra de la ciudadanía”.

“En Mar del Plata la exploración sísmica petrolera no cuenta con licencia y aceptación social”, explicó el letrado que también integra la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, quien a la vez anticipó la presentación de múltiples acciones judiciales y administrativas para frenar la explotación off shore.

También te puede interesar: El vacío legal que permite la piratería pesquera en el Mar Argentino

Recibí más periodismo de este lado

Archivo historico