Redacción Canal Abierto | El juez Víctor Trionfetti al frente del Juzgado N° 15 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por los vecinos y vecinas de Caballito a través de la Asociación Civil y Vecinal S.O.S. Caballito en diciembre de 2021. El dictamen ordena la suspensión de la obra del Parque Lineal sobre la avenida Honorio Pueyrredón que eliminaría todos los carriles de una de las manos de esta arteria entre la avenida Gaona y la calle Neuquén.

Así, luego de iniciar intempestivamente las obras y tras varias movilizaciones y acciones de protesta y difusión de los vecinos, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sufre un revés judicial ante su intención de realizar un proyecto que impactaba fuertemente al barrio sin la licencia social ni la consulta previa a los vecinos.

El juez ordenó la suspensión de la ejecución del proyecto “Parque Lineal Honorio Pueyrredón” y de aquellos actos administrativos vinculados con su ejecución; y que tanto el Poder Ejecutivo como la Junta Comunal de la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convoquen a Audiencia Pública Temática respecto del cambio de uso en dominio público y la cuestión ambiental.

Teníamos razón y esto es un paso que lo confirma. No sólo porque desde el comienzo señalamos los graves perjuicios que traería este proyecto para la zona, tanto en materia de tránsito, ruidos, seguridad, contaminación y especulación inmobiliaria, sino porque dejamos bien en claro que jamás fuimos consultados para conocer nuestra opinión, nuestros deseos e intereses relacionados a cómo mejorar la calidad de vida en esta parte de Caballito”, señalan y celebran los vecinos en un comunicado en las redes.

“Esto sin lugar a dudas fue porque el vecino de Caballito se movilizó, se preocupó y no tiró la toalla”, celebra Gustavo Torchinsky, miembro de S.O.S. Caballito, en diálogo con Canal Abierto. “Esto demuestra que si uno sigue insistiendo y tiene cartas que sabe que son buenas y verdaderas, obtiene sus frutos”.

De todas formas, vecinas y vecinos advierten que la obra fue paralizada pero no suspendida definitivamente, y continuarán organizados y movilizándose hasta conseguir ese objetivo. “Reivindicamos la necesidad de más y mejores espacios verdes, un déficit no sólo de nuestro barrio sino de toda la ciudad. Pero siempre dijimos que esto no podía implicar la destrucción de una avenida tan importante como Honorio Pueyrredón”, señalan e insisten con una consigna histórica en el barrio: “a pocas cuadras se encuentra el ex playón ferroviario de Caballito sobre el cual podría construirse un gran parque público de suelo absorbente y arbolado frondoso en sus 15 hectáreas”.

La resolución judicial

En los fundamentos de su resolución el juez Trionfetti remarca en el carácter inconsulto de la ejecución de esta obra. “Del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante”, se explaya en el documento judicial.

En otro punto señala que “el artículo 26 (de la Constitución porteña) dispone que el ambiente es patrimonio común, que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; también que toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas”.

El juez se dio cuenta que hubo muchas, pero muchas cosas que el gobierno no cumplió. El estudio de impacto ambiental es trucho, está mal hecho. Tiene que haber una consulta con los vecinos y no la hacen. Lo que pasa es que si hicieran las cosas como deben para hacer el estudio de impacto ambiental correctamente debe previamente realizarse una audiencia pública y, como el juez recomienda, por el metraje de la obra y el impacto debería legislar la Legislatura sobre el uso de la avenida Pueyrredón. Pero el gobierno no quería discutir con nadie, ni con los legisladores ni con los vecinos”, narra Torchinsky.

La resolución del juez no implica retrotraer la obra, dispone que no avance más y que en el obrador y los 100 metros de avenida destruida se tomen las medidas para mantener la seguridad vial y peatonal. “Estos días son de un logro importante, estamos contentos. Ahora el gobierno va a apelar y nos estamos preparando para la audiencia pública, para comentar y hablar con los vecinos y prepararnos técnicamente. Sabemos que la audiencia pública no es vinculante, ya tenemos el ejemplo de Costa Salguero, pero es importante para que los vecinos se movilicen más, hablen con otros vecinos, que la gente se siga enterando de lo que está pasando”.

El miércoles 15 de febrero a las 19 los vecinos convocan una asamblea en el Cid Campeador. “No vamos a abandonar la lucha, vamos a seguir estando presentes”, concluye Torchinsky.

Recibí más periodismo de este lado

Archivo historico