Redacción Canal Abierto | La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires realizó ayer una audiencia con organismos de derechos humanos para analizar una problemática de larga data: la sobrepoblación de personas en situación de detención. Las 51.240 personas alojadas en los distintos penales y comisarías del distrito constituyen una cifra récord en la materia.

La misma se origina en un pedido que este tribunal le había hecho a la Corte Suprema de la Nación para cerrar un hábeas corpus interpuesto por el CELS en 2005. Este pedido fue denegado por la instancia superior en mayo del año pasado, con la indicación de que debía encontrar solución a este problema.

Sin embargo, el propio CELS indica que desde ese momento la situación no hizo otra cosa que empeorar. Ejemplo de ello son las más de 4.700 personas alojadas en comisarías según los cómputos de enero pasado. El organismo asegura que el 40% de los calabozos en los que se efectiviza la detención fueron clausurados por el propio poder judicial.

“En la audiencia reiteramos la necesidad de que, de manera urgente, la Suprema Corte provincial dicte una resolución que incluya medidas concretas para revertir la crisis del sistema penitenciario, y que exija la definición parámetros para monitorear su cumplimiento”, concluye un hilo de Twitter desde la cuenta oficial del CELS.

Consultado por Canal Abierto, el coordinador del equipo Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS Mariano Lanziano explicó que “este proceso de ejecución que se abre a partir de una audiencia el año pasado donde la Suprema Corte dispones el trabajo en distintas comisiones para diagnosticar un poco el problema de la provincia de Buenos Aires y tratar de empezar a pensar medidas para implementar en torno a reducir la sobrepoblación y revertir el problema generalizado de violaciones de derechos humanos que hay en el sistema de encierro”.

“Estas audiencias, es una suerte de conclusión de todo ese proceso de trabajo a partir de que se consiguió un diagnóstico con fuentes de información precisa, etcétera respecto al problema particularmente y se pensaron algunas medidas que se sugirieron a la Corte y que ahora la corte de verá evaluar qué ordenar específicamente para empezar a tomar medidas efectivas, para retro traer el escenario”, agregó.

El esquema de encierro se viene incrementando en los últimos años. Desde 2015, el aumento fue de 45%, lo que da un 7% anual. Tampoco decayó sensiblemente la cantidad de personas alojadas regularmente en comisarías, algo que había sido prohibido por la propia corte en 2005.

El letrado señaló que a partir de la audiencia de ayer “la corte tiene todos los diagnósticos realizados con algunas propuestas específicas y tiene que evaluar todas esas propuestas y resolver. Tiene que dictar una sentencia como obligación al ser el principal responsable en la tutela de los derechos de las personas privadas de la libertad de la provincia de Buenos Aires tiene que tomar medidas efectivas que empiecen como mínimo a desacelerar el crecimiento y estamos en un en un momento de de un crecimiento muy extremo de la privación de la libertad”.

Y señaló que “desde el Poder Judicial y desde todos los poderes del Estado la única respuesta a la demanda de seguridad es la privación de libertad y eso está provocando una un encarcelamiento exacerbado y como consecuencia el hacinamiento y las pésimas condiciones de detención”.

“Ahora la Corte tiene que resolver y dictar una sentencia donde establezca medidas concretas hacia todos los poderes del Estado, incluso Poder Judicial, para poder revertir este escenario en el que estamos”, concluyó.

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