Redacción Canal Abierto | Mientras el Gobierno pule los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Martín Guzmán se alista para ir a explicarlos al Congreso, la aprobación del directorio del organismo internacional que vendrá después —de aprobarse— funcionará como una suerte de primera revisión de las cuentas públicas nacionales.
La propuesta que el Fondo le hizo al gobierno argentino, sobre la cual se hará una contrapropuesta, fueron definidas “acciones previas” a la firma del acuerdo que deberán estar realizadas antes de marzo. Para pasar el examen, Argentina viene aplicando cambios en la política de tasas del Banco Central y analiza modificar el sistema de tarifas. Pero nada es tan simple.
Según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en lo inmediato y en el plano interno el Gobierno camina en la delicada cornisa entre un incremento de tarifas que permita reducir los subsidios y mejorar las cuentas públicas para satisfacer las exigencias del FMI, y un deterioro del poder adquisitivo de la población incluyendo a su base electoral.
El análisis del instituto sostiene que, para cumplir las metas fiscales que establece el Fondo, se “requiere de un sostenido aumento de la recaudación para lo que deberá crecer la actividad económica y, con ello, la demanda de dólares para importaciones”. En otras palabras, debería aparecer una fuente de divisas que por ahora no se vislumbra.
Y es que la reestructuración de la deuda privada, acordada por el ministro de Economía Guzmán, junto a un posible acuerdo de facilidades extendidas a diez años con el FMI, implican vencimientos por arriba de los US$ 15.000 millones anuales entre 2026 y 2032.
Un horizonte lejano
“Un futuro incumplimiento de las metas podría empujar al Ejecutivo a tomar alguna de las alternativas hoy demonizadas (reformas estructurales y fuertes ajustes). La aprobación de los waivers (autorizaciones temporales) suele ir acompañada de un endurecimiento de las exigencias del organismo —detallan desde el CESO—. La no aceptación de dichas exigencias frenaría los desembolsos, derivando en una cesación de pagos”.
Pero la afluencia de dólares no está garantizada. Puesto a detallar, el estudio enumera la “resistencia social y algo de oportunismo político” con los que se topó la explotación de recursos primarios (minería, offshore) y la todavía difusa inversión en hidrógeno verde.
“A esto se suma que el escenario internacional (precios, tasa de interés de EE.UU, crecimiento de los socios comerciales) y el clima en la pampa húmeda tienen que acompañar”, afirma. Además de la necesidad de que el Gobierno sea capaz de contener los incrementos de costos de la energía producto del déficit hídrico histórico, la menor disponibilidad de gas desde Bolivia y el aumento en el precio del GNL, gasoil y fueloil para la generación eléctrica.
“A simple vista, como nos sucede hace una década, no aparece ninguna fuente de dólares que permita ser optimista con el crecimiento en el corto plazo, más allá del alza coyuntural de las materias primas exacerbada por el conflicto en Ucrania”, asegura el CESO.
