Redacción Canal Abierto | Se va tornando costumbre que vecinas y vecinos consigan doblarle la mano al gobierno de la Ciudad en la Justicia. En los últimos meses las cautelares presentadas desde organizaciones vecinales y sociales consiguieron detener, entre otros, el Parque Lineal Honorio Pueyrredón (una polémica instalación de cemento que Espacio Público consideraba espacio verde), el convenio de IRSA en la Costanera Sur (Costa Urbana) y, en las últimas horas, el proyecto Alto Grande Asamblea, que planeaba construir torres de 12 y 21 pisos en Parque Chacabuco, un barrio de casas bajas.
En este último caso, la medida cautelar fue otorgada por la jueza Andrea Danas, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11, tras que la asamblea Parque Chacabuco ¡No a las torres! denunciara la ilegalidad del permiso de obra otorgado por el Gobierno porteño. Emplazado en Avenida Asamblea y Pumacahua, el proyecto es descripto por la propia constructora y desarrolladora M&M Desarrollos Inmobiliarios de este modo: “El barrio se caracteriza por el predominio de las casas bajas, donde Alto Grande Asamblea provocará un cambio radical de movimiento y seguridad, y modificará la categoría de construcción de emprendimientos en el barrio”.
La decisión judicial frena todo tipo de construcción en el predio en cuestión. La presentación de la asamblea vecinal sostenía que “de concretarse las obras, se determinaría un claro desconocimiento al derecho a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta que ello derivará en la falta de provisión de servicios públicos suficientes y afectará el acceso de las casas aledañas a la luz natural, a la vez que producirá una grave afectación a la fisonomía e identidad histórica del barrio”.
El juzgado constató que el Gobierno de la Ciudad otorgó certificados de aptitud ambiental y permisos de obra de manera ilegal, aceptando una declaración jurada falsa por parte de los desarrolladores, en la que se aseguraba que se había realizado la demolición de una casona histórica del barrio y que no se había encontrado presencia de asbestos. Sin verificar con inspección, o con una inspección de “vista gorda”, se aceptó la declaración jurada para considerar el desarrollo de la obra como de “impacto ambiental sin relevante efecto”. La “demolición jurada” nunca ocurrió.
“El objeto de la acción de amparo interpuesto es, en concreto, que se disponga la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se otorgaron los certificados de aptitud ambiental y los permisos de obra de este predio”, señaló a Canal Abierto Jeniffer Micaela Honeker, asesora legal del colectivo vecinal. “El expediente que otorga el permiso de obra está plagado de irregularidades. Entre ellas por ejemplo, la última modificación del Código de Edificación limita la altura para la construcción de los edificios. Frente a ello, muchas empresas constructoras como la demandada en este expediente, activaron expedientes administrativos anteriores falseando la documentación, para quedar encuadrados en la normativa anterior y no encontrar límite a la altura”.
Desde el colectivo vecinal consideran un avance el fallo, pero mantienen el estado de alerta para llegar a una solución definitiva que ponga fin al avance de los desarrolladores inmobiliarios en perjuicio de la calidad de vida de las familias de la zona. “Tanto la constructora, el director de la obra como el Gobierno de la Ciudad pueden apelar la cautelar en la Cámara de Apelaciones del fuero y ver si se revierte o no la medida dictada. Paralelamente nosotros, continuamos con el proceso principal que es la acción de amparo. De todas maneras, analizando los antecedentes que existen, es muy probable que la Cámara de Apelaciones, confirme la resolución que se dictó en primera instancia”, señaló la letrada.