Por Gladys Stagno | Una semana antes de que el Gobierno emprenda oficialmente “la guerra contra la inflación”, anunciada por Alberto Fernández para este viernes, una comunicación de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios cerró el registro para nuevas exportaciones de aceite y harina de soja “hasta nuevo aviso”.
La medida se leyó como la antesala de un aumento en las tasas de los derechos de importación de estos productos, que hasta ahora era del 31%. O al menos como la apertura de un impasse de negociación con el sector, que rápidamente manifestó su descontento.
En su cuenta de Twitter, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) adelantó que el posible aumento “es totalmente contrario al interés exportador de la Argentina. Además de ser ilegal, va a afectar el ingreso de divisas y el empleo en el cordón agroindustrial”, y que “pone fin a los fideicomisos de maíz, trigo y aceite, puesto que cambia las condiciones de comercio exterior”.
“Esta medida, aunque sea acompañada por el aumento de la alícuota de los derechos de exportación, en mi opinión no pondrá en peligro la pervivencia de las empresas —sostuvo Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) en diálogo con Canal Abierto—. Pero tampoco permite atacar las causas del aumento de los precios del mercado interior”.
La cadena de producción
Para el economista y asesor de diversos sindicatos, entre ellos la Federación Aceitera, la iniciativa del Gobierno “no es necesariamente una medida estratégica para poder reducir los precios de la alta inflación que tenemos. No es que no sirve, pero me parece que se deposita demasiada confianza en el rol que puede llegar a generar como desestímulo una alta alícuota en derechos de importación para que no se traslade al precio de los productos que conforman la canasta”.
Y agrega: “Se trata de medidas que intervienen en el último eslabón de la cadena de producción y que, por ejemplo, no son acompañadas por la revisión de la estructura de costos, de producción y distribución”.
En efecto, el eventual aumento tributario recaería sobre el aceite y la harina de soja, productos que casi no intervienen en la producción de alimentos en la Argentina porque su destino es, mayoritariamente, el mercado externo.
La medida y el acuerdo con el FMI
Entonces, ¿por qué esta medida ahora? La respuesta va más allá de la batalla inflacionaria. “Se supone que una vez abierto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no debiera incrementarse ninguna tasa de impuestos según el memorándum de entendimiento. Estos productos hoy pagan el 31% y lo que está circulando es que lo elevarían a 33%. La suspensión es para negociar. Después de que el FMI firme el acuerdo con Argentina, le va a resultar muy complicado al Gobierno subir impuestos porque esto complicaría el plan original. El FMI pide que Argentina disminuya el déficit fiscal pero pide a su vez que no aumenten los gravámenes, con lo cual está pidiendo que se disminuya el gasto”, asegura Arelovich.
En otras palabras, aumentar tasas ahora, sobre todo para el sector agroexportador con mayor generación de divisas del país, es una de las opciones que puede ayudar al Estado a morigerar el ajuste que sobrevendría luego del acuerdo.
En números, un aumento de dos dígitos en la alícuota a estos derivados de la soja significaría una recaudación extra de unos 400 millones de dólares anuales, para un sector que, en concepto de retenciones, aportó 9.104 millones de dólares a las arcas nacionales en 2021 según un reporte elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario.
Porcentualmente, los derechos de exportación en 2021 explicaron el 8% de la recaudación total, un número para nada despreciable si se tiene en cuenta la referencia histórica que, como enumera Arelovich, fue el 5,4%, en 2020, y el 7,3% en 2019. “Cuando (el ex presidente Mauricio) Macri bajó violentamente las retenciones, fue en promedio algo menos del 3%, pero en 2015 fue el 4,5% y en el 2014 fue el 6,6%. Ahora, el 8% es un número interesante y me parece que hay que sostener esto. Sobre todo porque está anunciada una política que indica que la devaluación de la moneda va a estar acompañando el incremento de los precios minoristas, que van a crecer a la par”, analiza el economista.
Sin embargo, se trata de una medida que, en la necesaria política antiinflacionaria que hay que encarar, se queda muy corta.
“La pregunta que uno se tiene que hacer es si es el único mecanismo disponible, si no hay que hacer otra cosa, y qué capacidades tiene el Estado para interpretar la cadena de valor y cómo se construye el valor bruto de la producción, intentando saber cuáles son los niveles de rentabilidad de cada uno de los eslabones de esta cadena —sostiene Arelovich—. Lo que está haciendo el Estado, quizá por falta de estructura, de conocimiento o de penetración en cómo funcionan los mercados, es intervenir en el eslabón final de la cadena de valor. Lo cual no está mal pero unifica los intereses. Porque la CIARA habla en nombre del campo, siendo que no es el campo, porque es el último eslabón de la cadena, el complejo industrial que exporta y hace recaer el 96% del derecho de exportación en el primer eslabón productivo de la cadena, el propietario que alquila el suelo. En la medida en que el gobierno nacional no se meta en esta cadena, no sepa cómo se distribuye la cuota parte de la apropiación del excedente o de la renta, y no arme cosas diferentes de las estructuras que ha armado hasta ahora vamos a estar siempre en la misma pelea”.
