Redacción Canal Abierto | 19 juicios abiertos, 542 procesados, 273 sentencias, 1058 condenados. A 46 años del golpe cívico-militar de 1976, los números de la Justicia tras la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad tiene el sabor agridulce de un camino hacia la reparación histórica sostenido, pero lento.
Según los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde el primero de los juicios celebrado en 2006 por violaciones a los derechos humanos durante los años del terrorismo de Estado, 165 fueron las personas absueltas, a 142 se les declaró la falta de mérito, y 573 están imputadas por el Ministerio Público Fiscal pero aún no fueron convocadas a prestar declaración indagatoria. Hay 34 personas indagadas que aguardan la resolución de su situación procesal y otras 96 que resultaron sobreseídas durante la primera parte de los procesos. 22 están prófugas de la Justicia. 964 fallecieron antes de obtener sentencia.
Sólo 764 están detenidos, 1532 permanecen en libertad. De los detenidos, 579 están en prisión domiciliaria, 118 permanecen en establecimientos penitenciarios y 67 en otras dependencias.
El tiempo, el implacable
En la actualidad, hay juicios abiertos en ocho provincias. La mayoría, analiza las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por los secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas durante la última dictadura. En algunos, además, aparecen delitos sexuales, violencia sobre menores, por motivación económica y complicidades civiles.
Un juicio oral por crímenes de lesa humanidad tarda, en promedio, cinco meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta la clausura, y dos años y cuatro meses desde el comienzo del debate hasta el veredicto. El más largo duró casi cuatro años.
Aún el 10% de las causas (65) aguardan que se inicie el juicio.
