Redacción Canal Abierto | En 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó a once años de prisión al ex fiscal federal Domingo Mazzoni por los delitos de tormentos psicológicos, omisión de denunciar e incumplimiento de los deberes. El fallo alcanzó al ex jefe de guardia de la Cárcel Federal U7 Pablo Casco. También estaban imputados el juez federal Luis Ángel Córdoba y el ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, aunque ambos antes del inicio del juicio oral. El año pasado la Cámara de Casación Federal confirmó la resolución y ordenó ampliar la investigación.

En diálogo con Canal Abierto, el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos Diego Vigay explicó que durante el juicio no se acusó a los imputados “por meros olvidos o descuidos en el ejercicio de la función judicial” sino que se los encontró responsables de una “omisión deliberada, generalizada y sistemática, de no investigar crímenes de lesa humanidad e incluso protagonizar o presenciar apremios en sus propios despachos”.

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Uno de los relatos más crudos que se oyeron durante el proceso fue el de María Gregoria, encarcelada por razones políticas. Cuando la llevaron al juzgado federal para denunciar los tormentos sufridos, entró un joven con un arma de fuego y se la dio a Mazzoni. “Le manda a usted un regalo el señor Thomas”, afirmó en clara alusión a uno de sus torturadores. El entonces fiscal admiró el arma, apuntó a la presa política y dijo: “Anote, Resca -le dijo al prosecretario-; la detenida va a comenzar a declarar”.

Los condenados ingresaron al Poder Judicial entre los años 1973 y 1974, y en el caso de los fiscales federales se sostuvieron hasta que pudo avanzar un jury interno allá por 2007. Ambos renunciaron antes de que el Ministerio Público Fiscal los expulsara para así no perder sus jubilaciones de privilegio. En el caso del juez Córdoba, este renunció a los pocos años de recuperada la democracia. “La mayoría pudo continuar en la justicia, y algunos incluso terminaron siendo premiados o beneficiados”, indicó Vigay.

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Aunque emblemática, no se trata de la única investigación o fallo contra la impunidad de quienes integraban el Poder Judicial y fueron cómplices o protagonistas del terrorismo de Estado. Según un relevamiento realizado en 2019 por organismos de derechos humanos, sumaban 48 los jueces y fiscales procesados.

“En general, podemos decir que el Poder Judicial no ha cambiado luego de la dictadura, algo que se expresa en el hecho de que haya funcionaros ideológicamente afines que fueron promovidos en puestos claves o en que resulte corriente una tendencia a defender los intereses de sectores de poder en desmedro de los más vulnerables”, explicó el fiscal chaqueño. “Se habla de la independencia de la Justicia respecto de partidos políticos u otros poder del Estado, pero no de los grandes grupos económicos; y esto es una gran deuda de la democracia argentina”.

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Entrevista: Diego Leonoff

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