Por Néstor Espósito | El fallo que repuso a Juan Pedro Zoni al frente de la fiscalía federal que tiene, entre otras muchas, la investigación por el “acuerdo” que en 2017 estuvo a punto de condonarle casi la totalidad de una deuda millonaria a la empresa Correo Argentino S.A. (propiedad de la familia del ex presidente Mauricio Macri) pasó inadvertido en los grandes medios de comunicación.

Esa decisión –que adoptó el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Alonso Regueira- corrige una descarada maniobra del gobierno de Cambiemos de correr de una investigación a un fiscal que lo tenía acorralado por un acto de corrupción en perjuicio del erario.

Cuando el procurador general de la Nación interino desde hace casi cinco años, Eduardo Casal, desplazó a Zoni de la fiscalía federal y lo envió a una común, la investigación por la negociación de la deuda de Correo Argentino S.A. estaba encaminada al pedido de indagatoria de Macri y de la plana mayor del Ministerio de Comunicaciones, por entonces a cargo de Oscar Aguad.

Zoni debe volver a esa fiscalía. Pero siempre hay a mano etapas de apelaciones y recursos que pueden demorar los efectos de un fallo judicial.

En marzo de 2018, Zoni y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez habían recabado una serie de pruebas y documentos que parecían mostrar que la “negociación” entre el gobierno a cargo de Macri, y la empresa de la familia Macri, era ruinosa para el Estado. Pero, más que eso, lo que había eran pruebas de que Macri se puso de acuerdo consigo mismo para beneficiarse, él y su familia, a expensas del Estado. Macri, como presidente, le hacía renunciar al Estado a la casi totalidad de sus acreencias y, al mismo tiempo, le perdonaba a la empresa, de su propiedad, una deuda que hoy roza los diez mil millones de pesos.

No sólo eso: el Estado renunciaba  a cobrar, pero al mismo tiempo mantenía la posibilidad de tener que resarcir a la empresa Correo Argentino S.A., que también reclamaba judicialmente por un supuesto perjuicio económico. Dicho de otro modo: el Estado no cobraba lo que le correspondía pero quedaba comprometido a pagar lo que no le debía a la empresa de los Macri.

¿Qué documentos avalaban esa imputación que Zoni estaba a punto de concretar?

La Auditoría General de la Nación había encargado un informe a dos expertos, el investigador Horacio Garaguso y el ex juez comercial Javier Fernández Moores, quienes concluyeron que “el representante del Estado Nacional aprobó una propuesta considerada abusiva por la doctrina y jurisprudencia, sin exhibir acto administrativo previo que lo hubiera facultado. El Estado Nacional no negoció -como condición de aprobación de la propuesta- la renuncia de la concursada a sus créditos -o parte de ellos- contra el acreedor”.

En síntesis, el Estado le perdonaba la deuda a Correo Argentino S.A, pero Correo Argentino S.A. mantenía su reclamo económico contra el Estado, que por entonces eran unos dos mil millones de pesos.

Ese “acuerdo” tenía otra particularidad. El entonces director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, le informó a la Sala B de la Cámara en lo Comercial a seis meses de haber asumido el gobierno de Macri que tenía poder de decisión para “prestar conformidad a una posible propuesta de mejora para la categoría A de acreedores”. Pero el supuesto acuerdo aún no había sido presentado. Es decir que un funcionario del Ministerio de Aguad anunciaba la aceptación de una propuesta que la empresa Correo Argentino S.A. todavía no había presentado.

No es extraño: como ministro de Defensa, Aguad permitió que una vidente subiera a una de las embarcaciones que buscaban al submarino ARA San Juan. No hay pruebas de que hubiera sido la misma pitonisa que le anunciara los términos del acuerdo que iba a proponer la empresa Correo Argentino S.A.

Cuando Zoni, como “I… como Icaro”, se acercaba al sol, fue apartado de la investigación, en una clarísima demostración del respeto a las instituciones y la independencia con que podían trabajar libremente jueces y fiscales  en casos de presunta corrupción. Siempre que fuera ajena.

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Néstor Espósito: @nestoresposito

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