Redacción Canal Abierto | “No hay más tiempo: ¡sesionen ya y que sea ley!”, reclamó de forma efusiva el presidente de Fundación GEP, José María Di Bello, durante la presentación del proyecto de ley de VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que se llevó a cabo esta mañana en el anexo de la Cámara Baja.
El proyecto que en esta oportunidad ingresa con el respaldo de casi todas las fuerzas políticas había sido presentado y perdido estado parlamentario en tres ocasiones. En el último caso, producto de las disputas partidarias por el control de las comisiones.
La iniciativa viene a mejorar la actual ley de SIDA, que ya tiene 30 años y fue escrita con un enfoque biomédico. Plantea un abordaje amplio e integral desde un enfoque de Derechos Humanos que toma en cuenta los determinantes sociales de la salud y hace eje en el trabajo contra la discriminación y el estigma, con perspectiva de géneros. “Esta ley significará el reconocimiento de derechos que van a redundar en la mejora de una calidad de vida de muchas personas”, argumentó Di Bello.
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“El respaldo es transversal, con las firmas de más de 50 legisladores; esta vez va a ser la vencida”, aseguró al inicio de la audiencia la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), autora del proyecto junto a referentes de las organizaciones y redes de personas con VIH y Hepatitis, organizaciones académicas, agencias de ONU y el Ministerio de Salud.
En una entrevista con Canal Abierto días antes de que el proyecto perdiera estado parlamentario por tercera vez, el titula de Fundación GEP explicó: “es cierto que logramos acceder a los tratamientos, con excepción de algunos periodos como el macrismo, cuando tuvimos que tomar la calle por los faltantes de medicamentos. Esto es muy bueno, no todos los países en el mundo este tienen el nivel de acceso a tratamiento que tenemos en la Argentina. Pero hay otra situación, y por la importancia de la nueva ley, y tiene que ver con que hoy el 90% del presupuesto para VIH se invierte en tratamiento y no queda resto para otras políticas sociales de prevención”.
